Llega la hora de la verdad en el caso ERE bajo la nueva dirección de un juez conservador
Pasados cinco años de instrucción, un nuevo juez se hace cargo en la práctica del caso de los ERE desde este martes. El magistrado de apoyo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, fue recientemente encargado de culminar la investigación del llamado 'procedimiento específico', que se refiere al presunto sistema irregular de concesión de subvenciones públicas durante una década en el seno de la Junta de Andalucía. Hasta medio centenar de exaltos cargos investigados podrían ser llamados a declarar por este asunto. Unos ya lo hicieron, en el propio juzgado o en tribunales superiores, pero la división del caso en piezas separadas ha reunido a los exdirigentes andaluces en esta parte de la causa.
Es lo que Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, dijo que la Justicia tenía que hacer: separar “el grano de la paja”. Lo dijo el pasado abril en la sede del TSJA, cuando aún era aforado, y este martes se empieza a concretar, precisamente con él como protagonista, declarando como investigado como así lo ha pedido. Le acompañará en el juzgado Manuel Recio, exconsejero de Empleo, el único de los exdiputados autonómicos que no quiso declarar ante el alto tribunal andaluz, que no tomó decisión alguna cuando resolvió devolver la pelota al tejado del juzgado.
Cuando jueces y fiscales aluden a la pieza del 'procedimiento específico' se refieren a que, presuntamente, se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaban la concesión de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención General y cuyos pagos sólo estaban sujetos a fiscalización con posterioridad.
El sistema, según la investigación, “operaba incorrectamente” como forma de conceder subvenciones y se plasmaría posteriormente en los sucesivos presupuestos de la Junta de Andalucía, según la tesis de Núñez Bolaños, que recogió así la posición de Mercedes Alaya y que ahora retoma el juez Martín, encargado de continuar con la tramitación del caso. También deberá declarar este martes el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua.
Posible prevaricación
La jueza Núñez Bolaños, cuando decidió abrir esta pieza el pasado mes de noviembre, consideró que “pudieran ser penalmente responsables” tanto los exdirigentes andaluces que ya declararon en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como los que fueron pasando por el despacho de la jueza Alaya durante toda la instrucción y que no eran aforados como los exconsejeros y expresidentes. Los hechos que resultan de esta pieza, según aquel auto de apertura de pieza, recientemente confirmada, “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito continuado de prevaricación”, señaló la jueza, que no hacía alusión a la supuesta malversación de la que el Supremo, en su exposición razonada, exculpó a los expresidentes Chaves y Griñán aunque no a José Antonio Viera.
El juez Álvaro Martín ha señalado más fechas para tomar declaración, aunque muchos de ellos lo hayan hecho ya en la misma sede judicial. El día 11 de febrero tendrán lugar las comparecencias del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; del exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero; del exdirector de Industria Jesús Nieto, y del exviceconsejero de Economía José Salgueiro.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hace unos días, en relación a esta parte de la causa, que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán declaren como investigados, así como los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías. Esta pieza afecta a 51 personas tras el reciente fallecimiento del exdirector general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.
Acerca de la relación entre las piezas del caso, la jueza Núñez Bolaños en un reciente auto concluía que, en el caso de dictarse una sentencia absolutoria en la pieza del 'procedimiento específico', en la fase de instrucción podrían dictarse autos de sobreseimiento y archivo con respecto a ayudas en las que no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no aprecie otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal. Es decir, el juzgado fija ahora la supuesta ilegalidad en si es o no es legal el denominado 'procedimiento específico', no tanto en las ayudas. De hecho, la Junta ya reconoció hace unos meses que las prejubilaciones de los ERE eran legales.
