Se repite el caso Maloma: denuncia de secuestro del ciudadano español Azman Mohamed

Se ha producido una nueva denuncia por secuestro por parte de la familia de acogida de un ciudadano español en el extranjero. Como en el caso de Maloma Morales, Azman Mohamed Yahya ha sido retenido contra su voluntad por su familia biológica, según consta en la denuncia puesta ante la Guardia Civil por su familia de acogida. Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de octubre en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia).

Según figura en la denuncia a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, el joven español de origen saharaui se encontraba de visita familiar en los campamentos, cuando su familia biológica lo secuestró, impidiéndole regresar a España. La denuncia aporta la transcripción de un audio en el que Azman asegura que no pudo llegar al aeropuerto para regresar a España, porque “mi padre, mi madre y mi tío me agarraron para sacarme del coche. Lo han conseguido y me han quitado la mochila con el pasaporte”.

Según este relato, le sustrajeron la documentación y después su teléfono móvil “para que no pudiera contactar con su familia española” -dice la denuncia- permaneciendo “retenido en la jaima (tienda de campaña típica saharaui) y aislado de todo el mundo más de diez días”. Desde entonces, hace ya seis meses, se encuentra retenido contra su voluntad en los campamentos de refugiados, ya que no tiene documentación, asegura la familia. 

En un audio de Whatsapp enviado por Azman a su familia el 29 de diciembre, que ha verificado este diario, el joven residente de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) asegura que la situación “me tiene machacado, humillado, como si fuera un niño de seis años. Todo el día vigilado, que si me muevo o no me muevo. Es una situación que no se la deseo a nadie”.

Mohamed añade en ese audio que lleva ya “cuatro meses aquí metido, pero no puedo hacer nada. Me están haciendo la vida imposible. Antes prefiero estar muerto. Todo el mundo te humilla. Hay que hacer algo, esto no puede ser... que tu propia familia te haga estas cosas”.

Azman había viajado a la wilaya (provincia) de El Aaiún, en los campamentos de refugiados saharauis, para visitar a sus padres el 30 de agosto y tenía un billete de vuelta para el 12 de septiembre, explican en la denuncia. Sin embargo, su familia comenzó a hacerle “chantaje emocional”, según el joven ha relatado a su familia de acogida, y decidió prolongar su estancia un mes y medio más.

Como ha ocurrido con Maloma Morales y otras mujeres retenidas contra su voluntad en el Sáhara, la familia española denuncia que el Frente Polisario le ha exigido silencio. En este caso, la denuncia apunta al delegado del Frente Polisario en Andalucía, Abidin Bucharaya, que conoce el caso desde el primer momento. Como en otras ocasiones, Bucharaya define este delito, que en España está penado con hasta siete años de cárcel, como “un conflicto familiar”. Este diario ha contactado con Bucharaya, quien ha afirmado que el Frente Polisario no hace declaraciones sobre este tema.

Según explica la familia Moreno Morales en la denuncia, el delegado del Frente Polisario en Andalucía les transmitió que “no hay que verlo ni contarlo como un delito, sólo como un conflicto familiar que se resuelve dialogando. No hay que poner denuncias, ni hacerlo mediático, ya que eso empeoraría la situación. El padre y su familia sólo quieren que recupere su cultura y su idioma”. A pesar de haber ido en varias ocasiones a los campamentos “con multitud de promesas”, Bucharaya no ha logrado solucionar la situación, manifiestan con decepción desde la familia de acogida.

Azman, sumido en “una profunda depresión”

Ante la falta de acción de las autoridades saharauis para solucionar el problema, Carmen Moreno, la hermana de acogida de Azman, se presentó por sorpresa en los campamentos saharauis el pasado 25 de febrero.

Según su testimonio, lo ha encontrado sumido en una “profunda depresión”, que le está provocando la caída de cabello y una pérdida de peso excesiva. Su mediación ha permitido que Azman recuperara en aquel momento su móvil, pero no el pasaporte ni el DNI, porque su padre biológico aseguró que “no te voy a dar la documentación, tienes que quedarte con nosotros quieras o no, para aprender tu cultura, tu idioma, conocer a la familia y hacerte cargo de ella”, según consta en la denuncia.

Azman ha logrado escapar de su domicilio familiar, pero no puede abandonar los campos de refugiados saharauis, ya que le han requisado la documentación. Está residiendo en el campamento de Smara, donde vive y trabaja en el negocio familiar de un amigo. Smara es el mismo lugar en el que Maloma Morales, ciudadana española, y Nahjiba Mohamed, ciudadana saharaui con permiso de residencia en España, se encuentran retenidas contra su voluntad según informes de la ONU.

La familia de su amigo le ha proporcionado un teléfono móvil argelino, que “sólo atiende ocasionalmente”, porque “no se fía” y porque “se derrumba si habla con su familia española”, explica la familia de acogida.

El español de origen saharaui llevaba 13 años viviendo en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) con una familia de acogida y pudo obtener la nacionalidad española tras haber acumulado varios permisos de residencia.

Azman contaba 11 años cuando se quedó en España para estudiar. Así lo solicitó su familia biológica, que “firmó anualmente un documento de cesión de tutela del menor a favor de la familia de acogida”, tal y como ha podido comprobar este diario. El sanluqueño visitaba con cierta regularidad a su familia, que vive en la wilaya de El Aaiun, una de las provincias en las que se dividen los campamentos de refugiados saharauis.

Otros casos de personas retenidas ilegalmente

Su caso se une al de Maloma Morales, Nahjiba Mohamed y Koria Badbad, que permanecen retenidas contra su voluntad en el Sáhara, como confirma la ONU. Según datos no oficiales, hay medio centenar de mujeres que, a pesar de tener permiso de residencia en España, han sido retenidas ilegalmente en el Sáhara cuando visitaban a sus familias biológicas.

Tanto Naciones Unidas como Human Rights Watch se han hecho eco de estos casos y exigido responsabilidades a las autoridades saharauis, que hasta la fecha se han limitado, como en el caso de Azman y Maloma, a señalar que se trata de un conflicto doméstico. Varias familias han presentado una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Ginebra contra el Frente Polisario y Argelia, país donde se ubican los campamentos de refugiados saharauis. 

En el aniversario del secuestro de Maloma, Human Rights Watch denunció con dureza que “hasta ahora (el Frente Polisario) no ha tenido ni la capacidad, ni la voluntad política para garantizar que esta mujer sea libre de elegir si quedarse o irse”.