Mayores de 30 años y con más de 11 meses en paro: objetivo de un nuevo plan de empleo
La Junta de Andalucía destinará entre 2014 y 2015 un total de 106 millones de euros para pagar los contratos temporales (hasta un máximo de seis meses) que se hagan a desempleados mayores de 30 años que lleven un mínimo de 11 meses ininterrumpidos en paro, con carácter general, y seis meses en el caso de los provenientes del sector agrario. Esta vez se ponen cautelas para evitar que estos contratos -que en su mayoría serán gestionados por los propios consistorios- sustituyan a empleados municipales. Los cálculos son que se creen entre 15.000 y 20.000 empleos con el llamado Empleo@30+, un plan aprobado este martes a través de un decreto ley. El número de contratos que se logren dependerá, en todo caso, de si a jornada completa o parcial porque el dinero es el que hay.
Es prácticamente la mitad de lo que destinó la Junta de Andalucía a los desempleados de entre 18 y 29 años en el marco del Emple@joven (200 millones de euros), un programa que se viene a complementar con el que se ha aprobado este martes por parte del Consejo de Gobierno para dar respuesta a “uno de los colectivos más duramente castigados por la crisis”. Si no se destina más dinero, pese a que se calcula que hay más de 400.000 personas en esta situación en Andalucía -mayores de 30 años y desempleados de larga duración- es porque “presupuestariamente no se puede”, según ha reconocido el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, quien ha confiado en que se cuente con más en próximos ejercicios.
Los destinatarios de este programa se elegirán en función del tiempo que lleven en paro y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, y dando también prioridad a los que residan en el municipio donde se desarrolle la acción. De este modo, tendrán prioridad los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad (salario social), las personas que hayan agotado las prestaciones por desempleo y, en tercer lugar, los titulares del bono joven mayores de 30 años que no hayan conseguido trabajo con el mismo.
El plan se estructura en dos líneas. La primera se ha bautizado como Iniciativa de cooperación social y comunitaria e incluirá contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los consistorios con un presupuesto total de 80 millones de euros para 2014 y 2015. La Junta de Andalucía correrá a cargo con el total del coste del salario y la Seguridad Social de los contratos, “que podrán ser de hasta seis meses y preferentemente a jornada completa”. Tendrán que estar concluidos antes del 1 de mayo de 2015 por razones de justificación de los fondos europeos de donde sale este dinero. El sueldo variará según la categoría. Se fijarán cuatro y con una horquilla que oscilará entre los 1.300 y los 1.700 euros mensuales. Los 80 millones de euros se distribuirán de la siguiente manera: la mitad en función del porcentaje de demandantes de empleo mayores de 30 años en cada municipio, y la otra mitad según el peso de la población de los mismos, pero garantizando un mínimo de 7.800 euros para todos.
La segunda línea se ha denominado Proyectos de interés general y social, y en lugar de a través de las administraciones se gestionará con entidades sin ánimo de lucro. Se les destinarán 26 millones de euros para que promuevan la contratación, también por un periodo máximo de seis meses para servicios relacionados con la dependencia, la gestión sostenible, la economía social y el emprendimiento, la innovación, el comercio de proximidad, la tecnología de la información, la cultura, ocio y deporte... “Hemos hecho un ámbito de contratación bastante amplio para que todas las entidades sin ánimo de lucro tengan cabida”, ha argumentado el consejero. La Junta de Andalucía concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad sin ánimo de lucro y sus proyectos tienen la misma fecha tope para su conclusión: 31 de mayo de 2015. Los proyectos serán valorados en función de tres cuestiones: número de empleos que se generen, el objetivo que tengan y la capacidad de cofinanciación, es decir, con qué porcentaje colaborará la ONG. En este caso no se fijan los sueldos que cobrarán los contratados.
En el caso de los contratos a través de los consistorios se ha incluido una cautela: no podrán sustituir a empleados municipales que estén actualmente contratados. El consejero ha precisado, no obstante, que no tiene constancia de que con el Emple@joven se haya producido esto, y se ha remitido a que era una petición de los sindicatos que se ha querido tener en cuenta, en referencia a la crítica que habían hecho estas organizaciones sobre este tipo de programas. También ha aclarado que el procedimiento de tramitación en ambas líneas será de manera telemática a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto ley, o sea, el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
