La ley de Memoria de Andalucía pasa el primer corte parlamentario con la crítica del PP
La Ley de Memoria Democrática para Andalucía arranca su recorrido en el Parlamento andaluz sin enmiendas a la totalidad. Tras el pleno, y casi dos años de espera desde la presentación como anteproyecto, el texto sigue ahora su tramitación en comisión parlamentaria. En el debate, el PP ha tachado el marco legal de “innecesario” mientras Ciudadanos marca una línea roja en la defensa de la Transición.
La actitud del grupo popular ha sido afeada por los socialistas en una intervención en la que su ponente, María Márquez, ha recibido comentarios despectivos desde la bancada del PP que unían su edad y el tema tratado: “qué pena, tan joven y hablando de estos temas”. Los conservadores han sido los más críticos con un texto que es ejemplo, dicen, de “leyes que despiertan rencores y revanchas”.
Para el Gobierno regional, el proyecto legislativo es “imprescindible” y llega “con vocación reparadora”. Podemos, por su parte, duda del tratamiento de los restos óseos exhumados por la legislación sobre patrimonio histórico al recaer las competencias en Cultura. Para Ciudadanos existe una condición innegociable: la defensa de la Transición. IU, de su parte, considera el proyecto legislativo una herencia del trabajo realizado por la formación durante la anterior legislatura.
Víctimas del franquismo, familiares y asociaciones podrán aportar su visión de la ley en un proceso parlamentario que no resultará un camino de rosas a tenor del posicionamiento de los grupos. La refriega política en el debate plenario y las enmiendas parciales previstas –Podemos y Ciudadanos las han anunciado–, así lo hacen prever.
Bajo “recomendaciones de Naciones Unidas”
La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha presentado el proyecto de ley ante el primer pleno Parlamento de Andalucía del nuevo periodo de sesiones. Un texto que recoge “las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de memoria histórica” y es “resultado del diálogo” y la participación de colectivos memorialistas.
La ley es la misma que fuera remitida a sede parlamentaria por el Gobierno de coalición PSOE-IU y que no pudo ser aprobada al agotarse la legislatura. Entre sus propósitos, extiende el horizonte temporal del inicio de la II República (14 de abril de 1931) hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía (11 de enero de 1982). Amplía además la consideración de víctima, incluye su estudio en el currículum educativo, establece la prohibición de simbología fascista y facilita la intervención en las más de 600 fosas comunes que existen en Andalucía, entre otras aspiraciones.
Aguilar ha solicitado a los grupos políticos “el mayor apoyo posible” a una ley “necesaria e imprescindible, porque tiene que ver con las víctimas y con la reparación que se les debe”. El marco legislativo “viene a sumar” y ayuda a “garantizar el derecho ciudadano a la verdad, cerrando heridas y reparando daños, construyendo así juntos desde el presente un futuro de convivencia asegurada”.
Para posicionar al PP-A, Juan Ramón Ferreira defiende que el texto es “innecesario” y “estira el debate el límite de lo posible”. A su juicio, “hay votantes, también de izquierdas, que no quieren hablar de leyes que despierten rencores y revanchas”. La iniciativa obedece a quienes el partido conservador define como “neoantifranquistas”, es decir, aquellos “que luchan contra la dictadura cuando ésta ya no existe”.
Los populares critican así que la normativa memorialista andaluza “pone en cuestión el espíritu de la Transición” e incluso “la ley de Amnistía” de 1977 con artículos “dominados por ese espíritu revisionista”. Un “intento”, entiende, “de reescribir la historia y remover un pasado trágico”. El PP rechaza apartados concretos como la inclusión de planes de estudio “controlados por el poder político” o que la norma abarque hasta 1982, “como si el franquismo hubiera durado hasta entonces”.
“Cerrar juntos las heridas”
La diputada socialista, María Márquez, ha indicado al PP que el debate sobre la ley memorialista hay que afrontarlo con “naturalidad y madurez democrática, persiguiendo la verdad, la justicia y la reparación”. El PSOE, explica, quiere “lograr un acuerdo que suponga construir entre todos un relato común y cerrar juntos las heridas para que los errores del pasado no vuelvan a cometerse”.
La norma llega tras el trabajo en la pasada legislatura de PSOE e IU, una labor que retoma el Gobierno andaluz y lo lleva a la cámara regional “con el ánimo de que a ese consenso se sumen el resto de fuerzas políticas”. La comunidad autónoma “vuelve a ser vanguardia a nivel nacional” con una ley “que honra a quienes defendieron la libertad y la democracia”.
La propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, valora la ley de Memoria Democrática como “un paso importantísimo” cuyo “triunfo” será “el reconocimiento a los que se jugaron incluso la vida para que Andalucía fuera lo que es hoy”. Tanto Díaz como la consejera de Cultura han agradecido el trabajo realizado al anterior vicepresidente andaluz, Diego Valderas.
La diputada de Podemos, Lucía Ayala, ha criticado que el proyecto de ley “se enmarque en las competencias de Cultura y en el marco legislativo del patrimonio histórico andaluz”. Desde la formación tachan de “inconcebible” la cuestión porque viene a “equiparar a víctimas de delitos de lesa humanidad con bienes materiales” objeto de estudio arqueológico.
Ayala defiende así que el marco legal quede tramitado a través de la consejería de Justicia. Podemos pide al Gobierno socialista “que haga las cosas bien por la dignidad de las víctimas y sus familiares”. Y expresa dudas, además, sobre si la norma “se podrá ejecutar” por la “tan incierta” dotación presupuestaria que recaerá sobre la misma.
Desde Ciudadanos, Sergio Romero asegura que su partido “no se podrá de perfil” en un debate que ponga en tela de juicio el papel de la Transición por lo que esta etapa “representó para la democracia”. Una línea roja que sí toca la ley memorialista y en el que a la formación naranja, precisa, “no la encontrarán”.
El proyecto de ley pretende “reparar lo que haya que reparar”, en referencia a dar una sepultura digna a los ejecutados por el franquismo. “Un país se mide por la dignidad que da a sus muertos”, apela Romero. Ciudadanos aboga así por cerrar este capítulo “con altura política” y liberándolo de “cualquier politización”.
La diputada de IULV-CA, Inmaculada Nieto, defiende el trabajo realizado por su formación en el anterior Gobierno andaluz y que, como resultado, el concepto de memoria democrática “amplía” el de memoria histórica. Ha resaltado también que el deber público de la memoria “corresponde esencialmente al Estado democrático” y, en ese sentido, la Junta “asume como propio” ese débito. Desde IU piden una “tramitación sin sorpresas” de la ley, sin enmiendas que puedan “frustrar” las aspiraciones de las asociaciones memorialistas.
