El PP y C's ponen sus condiciones para que la memoria democrática entre en las aulas
Casi un centenar de pinceladas darían los partidos políticos a la ley de Memoria Democrática andaluza. Excepto IU, que dejaría tal cual un texto que fija un objetivo ambicioso: la entrada de contenido memorialista en el currículo educativo. Y ahí, en esa pata esencial del proyecto, Ciudadanos y PP ponen condiciones.
Memoria en las aulas, admiten, pero con matices sobre las claves del proyecto legislativo original. El partido naranja supedita cualquier movimiento a la aprobación “como iniciativa legislativa” del Pacto Andaluz por la Educación. Nada sin ese paso previo. Y los populares aspiran a una suerte de objeción de conciencia en manos de profesores y centros, amén de poner el acento en la educación primaria, donde piden “mucha delicadeza” en el tratamiento temático.
El ala conservadora del Parlamento de Andalucía acepta la importancia del tratamiento escolar de la materia. Aunque ajusta ciertos aspectos. Alguno de calado. Caso de C's, que añade al apartado primero: “en todo caso, esta inclusión se iniciará y desarrollará incluyendo los procedimientos administrativos y jurídicos, fechas y plazos, recursos y cuantos aspectos lleve asociados a la misma, según lo establecido por el Pacto Andaluz por la Educación. Este pacto deberá ser aprobado, como iniciativa legislativa, por el Parlamento de Andalucía”.
“Supeditar” la entrada de la Memoria en las aulas al acuerdo regional “significa que le damos mucha importancia desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos”, explica el diputado Sergio Romero. Quieren que el Pacto Andaluz por la Educación sea “el marco más amplio y oportuno” para “hablar de valores y de qué tipo de sociedad queremos”. “Si el programa curricular de Memoria Democrática no se incorpora con ese proyecto no iría tan reforzado”, afirma.
Desde la formación naranja apelan al “consenso” para aprobar una ley “fuerte, que tenga solidez, que esté reforzada por el conjunto de la ciudadanía y sirva de referente para otras regiones y para el futuro”. Que solucione, afina, “lo que no se ha solucionado hasta ahora porque no había ley o porque la estatal no lo ha hecho”. Y “todo”, incide, “pasa por la educación”.
“No alimentamos insumisiones”, dice el PP
La posición firme de los populares cae en un total de cuatro enmiendas. En el apartado primero suma que la Consejería que tenga las competencias educativas “promoverá un tratamiento adecuado de las enseñanzas en materia de educación relativo a la memoria histórica en la educación primaria”. Un “matiz” importante para el PP. “Hay niños muy pequeños con los que habrá que tratar estos temas con mucha delicadeza”, opina el parlamentario Juan Ramón Ferreira.
Sobre la potestad de decisión a la hora de impartir la materia, dice: “no alimentamos insumisiones, habrá asignaturas y contenidos sobre los que no prevemos objeciones de conciencia”. En el segundo punto añaden, aun así, que la inclusión de la Memoria en las aulas será “previo acuerdo y consenso con los profesionales docentes”.
Y siguen en el apartado tercero. “Todo ello, dentro del respeto a la libertad de enseñanza de docentes y centros educativos y al derecho a la libertad de cátedra amparado por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la Constitución española”, según la enmienda popular.
“La educación y el conocimiento profundo de la verdad son una obligación y mi grupo –continúa Ferreira– no se niega a que se enseñe bien la historia de España, pero eso es distinto a un control político de la ley, ahí hay un matiz”. Y luego, prosigue, “está la libertad de cátedra, reconocida y que no se puede violentar”. En esa línea, dice, “trabaja” el PP. “Hay que ser respetuoso con la historia, llevarla a las aulas pero sin intencionalidad política. Eso hay que combatirlo, no puede estar al albur del gobernante de turno”, asegura el parlamentario.
