La jueza Mercedes Alaya eleva parte del caso ERE al Tribunal Supremo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recibido este martes exposición razonada de la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, relativa a los aforados que estarían implicados, según ha informado el alto tribunal. El documento viene acompañado de varios tomos del sumario, según las mismas fuentes, y llega después de tres años y medio de instrucción por parte de la jueza, empeñada en demostrar que la Junta de Andalucía montó un sistema para la concesión de subvenciones de manera aleatoria y que sus máximos responsables conocían esta realidad.
La jueza ha tomado esta decisión después de que el pasado 30 de julio la Audiencia de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso ERE se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados que ella había señalado. La Audiencia de Sevilla rechazó “trocear” el caso porque “la inconcreción fáctica de los criterios expuestos por la fiscalía podría generar un riesgo de desorden procesal a través de la remisión por goteo de asuntos” al Tribunal Supremo.
Los políticos que se verían afectados por este envío al Tribunal Supremo son los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que serían aforados ante el Tribunal Supremo (el primero diputado y el segundo senador), y otras cinco personas, todas ellas exconsejeros: José Antonio Viera, igualmente aforado del Congreso de los Diputados, y Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, que lo son por el Parlamento de Andalucía. Sobre estos últimos, el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la responsabilidad penal de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Por tanto, el alto tribunal deberá decidir si el contenido de la documentación remitida por la jueza es suficiente para admitir la causa e investigar a los siete exaltos cargos afectados por la decisión de la magistrada, acotar la instrucción y tramitar los correspondientes suplicatorios. En reiteradas ocasiones la Fiscalía Anticorrupción había pedido a la jueza que elevara el caso al alto tribunal por ser el competente.
Cabe recordar que hace unas semanas la magistrada apostó por ampliar la instrucción e investigar también las ayudas de los años 2011 y 2012 concedidas por la Junta de Andalucía. Hasta ahora, la jueza investigaba el periodo de tiempo comprendido entre 1999 y 2010, en busca de subvenciones por ERE que se habrían concedido de manera fraudulenta. Sin embargo, en un reciente auto, la jueza considera “necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012, con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo”. Por eso, pidió a la Junta de Andalucía que remitiera al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “la relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso”.
