Dos informes del Ministerio enviados a la jueza desvelan la similitud entre el sistema de ayudas estatal y el de los ERE
El Ministerio de Empleo, desde que se aprobara la Orden de 5 de abril de 1995 a la que ha hecho referencia el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero en el juicio de los ERE, decidía sobre la concesión de las ayudas sociolaborales con discrecionalidad administrativa y mediante un expediente de solicitud, memoria y concesión, de forma similar a como lo hacía la Junta de Andalucía.
Según consta en un informe fechado este pasado 10 de enero, el director general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Javier Thibault, detalla las ayudas sociolaborales que el Gobierno concedió entre 1995 y 2012 al amparo de dicha Orden, la normativa a la que se refirió Guerrero pero también aludida en una declaración judicial por la exdirectora general del Ministerio Soledad Córdova el pasado 17 de octubre y cuyos criterios, según expuso, tanto la Junta como el Estado aplicaron “estrictamente” para la concesión de ayudas sociolaborales excepcionales.
El exconsejero José Antonio Viera se refirió en la sesión del juicio de los ERE del miércoles a que tuvo conocimiento de la citada Orden del 95 cuando se tramitaron en 2000 los primeros expedientes de Hijos de Andrés Molina de Jaén, avalada entonces por la Intervención General de la Junta. No se pronunció Viera sobre si el marco legal utilizado por el Estado servía también para la Junta pero sí señaló, a preguntas de su abogada, Candela Estévez, que “con claridad meridiana” el Ministerio se base en aquella Orden para la concesión de ayudas similares.
El escrito remitido ahora por el Ministerio responde a un oficio del pasado noviembre de la jueza María Núñez Bolaños, que había estimado un recurso planteado por la defensa de la propietaria del restaurante sevillano Río Grande, Carmen García Sánchez, después de que le negara tal posibilidad en un auto fechado en marzo. El Gobierno central, en la pieza de la Faja Pirítica en la que Córdova está imputada, ya reconoció al juzgado que usaba la concesión directa en las ayudas.
El otro informe responde a una providencia de la jueza Bolaños que acordó librar oficio a la Dirección General de Empleo para que ampliara aquel informe. En este nuevo escrito, de 8 de febrero, se hace constar que el cumplimiento de la disponibilidad presupuestaria para la concesión de ayudas venía garantizado por la fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada. En los ERE andaluces esta fiscalización se ejecutó en el mencionado expediente de Hijos de Andrés Molina pero en el resto, tras la firma del acuerdo marco con el IFA, la comprobación fue a posteriori.
Aquellas manifestaciones de Córdova podrían suponer una enmienda la instrucción de la jueza Mercedes Alaya y el Tribunal Supremo en el caso de los ERE si la Junta tenía plenas competencias para dar ayudas sociolaborales de manera directa. Según vienen sosteniendo varias defensas, al inicio de la instrucción se confundieron básicamente los conceptos de 'prejubilación' con 'ayuda previa a la jubilación ordinaria', e impulsan de manera conjunta el argumento de que la Junta podía conceder libremente ayudas que ya se están juzgando.
Más de 400 millones en 17 años
Alaya rechazó de plano la aplicación de aquella Orden de 1995 en la instrucción de la causa contra la Junta de Andalucía al decir con rotundidad que no era “el supuesto estudiado en los expedientes de ayuda objeto de análisis”, según dijo textualmente en aquella 'exposición razonada', y concluyendo que la administración andaluza había creado un “procedimiento específico” para la gestión de ayudas sociolaborales mediante “una decisión marcadamente política”, todo ello con el conocimiento y presunto visto bueno de decenas de altos cargos que ahora están sentados en el banquillo de los acusados.
En todo caso, el informe enviado ahora por el Gobierno central viene a informar de que el Ministerio, en 17 años, resolvió favorablemente 1.029 expedientes de ayudas extraordinarias que afectaban a 23.284 trabajadores, por un importe total de 416.412.361,83 euros, según la revisión de “todos los expedientes tramitados” por el Gobierno, aportando la información detallada expediente por expediente, agrupados por año de concesión e incluyendo información sobre cofinanciación de las ayudas por parte de las comunidades autónomas. Del informe se desprende que las ayudas extraordinarias se daban a una sola persona, se abonaban el cien por cien por parte del Ministerio y se cofinanciaban con otras comunidades autónomas gobernadas también con el PP
En ese sentido se informa a la jueza, que se había interesado por este informe al poder contener prueba “necesarias con el objeto de la investigación” para “abordar la realidad de la existencia o inexistencia de un marco legal que sirva de amparo a las ayudas socio laborales”, que “en ningún caso se sometió la concesión de ayuda al Consejo de Ministros”. “Se trataba de subvenciones de concesión directa”, añade el informe, no como afirmó Juan Ignacio Zoido en la comisión de investigación de los ERE en 2012 cuando dijo que la Junta debía dar publicidad a las ayudas de los ERE.
Añade el informe ministerial que los sistemas de evaluación y concesión fueron compartidos, no sólo con la Junta en ayudas importantes como las de Faja Pirítica o Santana Motor, sino con otras comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León (Alfacel en 2002), la Comunidad Valenciana (Vidrieros de Levante en 2001), la Comunidad de Madrid (Poliseda en 2003), la Xunta de Galicia (Arteixo en 2002) o la Comunidad de Murcia (Lorca Industrial en 2003), sólo por citar algunos de los más de mil expedientes reseñados.
En cuanto a la forma de designación de la compañía aseguradora se indica que la orden de 1995 “en ningún caso preveía la intervención directa del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en dicha elección”. “Este Ministerio, de acuerdo con la citada Orden, se limitaba a conceder ayudas a trabajadores que, como consecuencia de procesos de reestructuración de empresas, se encontraban en situación de urgencia y necesidad socio-laboral. De suerte que, una vez concedida la ayuda, era el trabajador beneficiario el que comunicaba al Ministerio la cuenta corriente en la que solicitaba que se le ingresara la misma”, se resume en el informe.
Conjuntamente con Junta y sindicatos
El Ministerio aclara que, en cinco de los expedientes de ayudas a trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva la elección de la aseguradora “se realizó conjuntamente por representantes sindicales de UGT y CCOO y el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía”, precisamente Javier Guerrero, si bien “no consta, en cambio, intervención alguna por parte del Ministerio”.
Sobre la elección de mediadores, la Orden de 1995 “no atribuye al Ministerio ninguna competencia sobre la elección o designación del mediador”, añadiendo que “no existe en los expedientes analizados ninguna información sobte cómo los solicitantes de las ayudas eligieron a la empresa mediadora” al igual que “no consta en algunos expedientes información alguna sobre la entidad mediadora”. Esta cuestión concreta ya fue aclarada por el Minusterio al trasladar al juzgado que en las ayudas del caso ERE no había pagos a mediadores o aseguradoras.
En cuanto a si las ayudas comprendían la prima de rentas y los gastos de adquisición, se informa de que la Orden de 1995 “sólo contempla la concesión de ayudas que contribuyeran a facilitar los procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas y paliar al mismo tiempo las consecuencias sociales de las mismas, por lo que la totalidad del importe de las ayudas extraordinarias se destinaba únicamente al pago de los subsidios pactados en los planes de renta y/o al pago del convenio especial con la Seguridad Social”.
Cualquier otro gasto o comisión que se derivara de la tramitación del plan de rentas “nunca podría haber sido asumido por este Ministerio y en consecuencia no figura en ningún expediente ninguna información de cómo, bien por el tomador, bien los propios beneficiarios, han contribuido a los gastos o comisiones que se derivaran de la implementación del plan de rentas”, concluye.
Precisamente este director de Empleo de Rajoy estaba citado este jueves para explicar las ayudas del Ministerio en los ERE pero su testifical se ha aplazado para el mes de abril.
