Tractorada para que la PAC no castigue a los productores andaluces

La semana pasada fue en Jerez y en Andújar. Hoy ha sido en Mancha Real y están previstas más movilizaciones en los próximos días. Tal como prometieron, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han sacado los tractores a la calle. Lo que piden es sencillo: “España tiene que adoptar una posición dura, contundente y de defensa de los intereses del Estado español”, sentencia Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía.

Este jueves arranca en Bruselas una nueva fase de la negociación para desarrollar los reglamentos que regularán la producción agrícola y ganadera en la Unión Europea desde 2014 hasta 2020. La reforma de la Política Agraria Común (PAC) que ha propuesto la Comisión Europea ha sufrido algunas correcciones en la Eurocámara y en el consejo de ministros de Agricultura de la Unión. Sin embargo, aunque los productores andaluces han visto algún avance temen que, de no fijarse una posición clara, el Gobierno español se deje llevar “por la estrategia europea en la que no hay un principio de estrategia comunitaria, sino un interés manifiesto de quienes están controlando la UE”, señala López, en el que a España “la están reduciendo a una parte marginal y más pobre”.

Esos son los argumentos generales, pero los tractores que hoy se han movilizado los pilotan agricultores que aclaran que “lo que quieren es repartir con hectáreas no productivas los derechos que hemos generado con cultivos productivos”, explica Esteban Moyano, propietario de una parcela de olivar. O lo que es lo mismo, “que una hectárea que va a criar cuatro liebres, y no genera empleo, reciba la misma subvención que un olivar de regadío, que genera trabajo y producción. Eso es un despropósito”. Es el argumento de Damián Merino, un agricultor de Mancha Real que insiste en que el reparto homogéneo de las subvenciones –la ‘tasa plana’ que propone Europa- puede dar al traste con la vida en muchos pueblos en Andalucía.

En el suyo, un municipio industrial en el que la crisis ha hecho mella, “ha venido a parar a la agricultura mucha gente que salía de la industria”. Este año, la escasísima cosecha no ha permitido crear empleos durante la campaña y mucho menos durante el año. La caída en picado de los precios del aceite ha significado que “por ahí haya olivas a las que no les han quitado las varetas; en la poda se han quedado muchos olivos sin cortarse, porque no hay dinero y no se puede hacer; si nos recortan más, menos vamos a hacer, menos empleo vamos a generar”, explica.

Lo mismo opina Antonio Ocaña: “Sin subvención, tendré que despedir a una de las personas que tengo todo el año, en la campaña coger la aceituna de forma más fullera y reducir entre 3 y 5 jornaleros. Y si no llego a cubrir costos, cerrar la explotación”. Su olivar está en Jimena, en Sierra Mágina, uno de los muchos pueblos de Jaén que sostiene su economía local en torno al olivar.

La caída de los precios y la mala cosecha han hecho efectivo un dicho popular: Cuando el olivar estornuda, la provincia se resfría. “Si el agricultor no tiene dinero, no trabaja el albañil, no trabaja la tienda, no trabaja el cristalero… No trabaja nadie. Porque el dinero, en principio, tiene que salir de nosotros. Si nos castigan con los precios y nos bajan las subvenciones, nos dejan extraviados del todo”, insiste Ocaña.

Para él, como para las organizaciones agrarias andaluzas, la solución pasa por establecer, en la Ley de la Cadena Alimentaria que prepara el Gobierno, mecanismos que regulen la cadena de valor, es decir, instrumentos de control sobre los precios en origen que aseguren una renta digna a los productores. “Lo bueno sería que viviéramos al cien por cien de nuestra producción”, señala Esteban Moyano. Mientras tanto, “la subvención es fundamental porque, con los precios que tenemos ahora mismo, supone entre el 30 y el 40 por ciento de nuestros ingresos”.

Antonio Ocaña estima que él perderá unos 30.000 euros anuales si se produce el trasvase de fondos desde el olivar, uno de los cultivos que ha generado más derechos históricos, hacia otras explotaciones que actualmente no reciben ayudas comunitarias. Una pérdida que, a su juicio, sólo puede frenarse con medidas de mercado que permitan una subida de los precios en origen.

Esta misma semana, el PSOE ha denunciado que el Partido Popular es partidario de esa ‘tasa plana’. En su denuncia, los socialistas subrayan una notable caída de las rentas. Actualmente la media europea de ayudas por hectárea de cultivo es de 238 euros anuales. Esa ratio sube hasta 340 euros en Andalucía. Los derechos históricos generados por el olivar elevan a 630 los euros por hectárea y año la subvención media. Con esos datos, el PSOE sostiene que la renta media caerá entre un 30 y un 60 por ciento para los olivareros.