La concejal de Urbanismo de Granada defiende la operación urbanística junto al Serrallo Plaza

La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), que ha declarado este jueves ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en calidad de investigada por un supuesto delito de prevaricación en el llamado caso Serrallo, ha defendido la legalidad de su actuación y se ha mostrado convencida de que la causa “se archivará”. Lo ha dicho tras declarar durante aproximadamente tres horas en relación con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, junto al centro comercial Serrallo Plaza.

La edil ha relatado que ha sido interrogada principalmente sobre si la carpa que cubre la pista de patinaje computa edificabilidad, algo que ha negado, y acerca de la legalidad de construir una discoteca en un sistema general de espacios libres. Ha defendido que esta infraestructura no está expresamente prohibida en el PGOU, alegando que, de hecho, existen discotecas en parques de todas las ciudades. Ha negado igualmente que haya habido “un pelotazo” por parte del concesionario, en tanto que se ha hecho un estudio económico en el que ha quedado demostrado “que ha sido perjudicado”. La concejal ha matizado además que el pliego de condiciones exime al Ayuntamiento de Granada de “toda responsabilidad”, pues “todo era a riesgo y ventura del concesionario”.

Por otra parte ha tachado de “totalmente falsa” la declaración que hizo Jacobo de la Rosa, que fue director general de Urbanismo en la época de las construcciones comerciales y de ocio y que afirma que se le obvió en el procedimiento para la solicitud de licencias y modificados a sabiendas de que no las iba a admitir a tenor de su “ilegalidad”. Isabel Nieto ha achacado estas declaraciones a “problemas personales”.

La edil ha defendido que en este expediente trabajaron más de una treintena de funcionarios, los cuales “están convencidos” de que el procedimiento que se ha seguido es el “correcto” y, por tanto, ella “no tiene que dudar de eso”. Es más, en su opinión, “no tienen sentido estas diligencias” porque han intervenido una gran cantidad de funcionarios y todos están “unánimemente de acuerdo en que todo está correcto”.

El caso Serrallo

Fue la fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación en la citada operación junto al centro comercial. El ministerio público abrió una investigación por este caso después de que un particular, exfuncionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, denunciara posibles delitos urbanísticos en el sistema general de espacios libres.

Los hechos se remontan al año 2006, cuando se otorgó concesión para la realización de un parque de atracciones infantil junto al Serrallo Plaza. El objeto de esa concesión fue sin embargo “modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización” que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones “sin solicitar licencia para ello”, según sostiene la fiscalía.

Con posterioridad, a través de licencias de obra menor se cubrió la pista de patinaje y se adecuaron interiormente los dos pabellones destinados a restauración, procediendo igualmente al arranque de ejemplares de árboles situados dentro de la zona verde para realizar determinadas obras que permitieran el acceso de vehículos al interior del parque. Todas estas actuaciones fueron “cercenando paulatinamente el uso propio y público a que se ha ido orientando la utilización y protección de las zonas verdes en el urbanismo”.

Una vez finalizadas las actuaciones, el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, con fecha 29 de enero de 2013, suscribió escrito en el que ponía de manifiesto la “ilegalidad de las actuaciones”. En este contexto, se presentaron diversos informes en los que se pretendía “argumentar la legalidad de las actuaciones” a través de una interpretación de una norma, favorable a flexibilizar la introducción de usos ajenos a los espacios libres en dichas parcelas.

Según el fiscal, la actuación mediante plataformas en un terreno de gran pendiente ha devenido en que las únicas áreas “accesibles e idóneas para el paseo o la estancia se hayan ocupado con las distintas construcciones” que además, a través de vallados, “han procedido a una privatización del espacio público”. Entiende que “ello se agrava con la banda perimetral al centro comercial, ya que de no existir ésta, las pendientes habrían sido más suaves y más accesible el conjunto del parque”.