“Un avance” pero insuficiente: le negociación de la PAC vista por la organizaciones agrarias
Una Política Agraria Común (PAC) más flexible que la propuesta por la comisión de Agricultura de la Unión Europea. Ese es el resultado de los dos días de negociación de los 27 ministros de Agricultura reunidos en Bruselas, según el titular español, Miguel Arias-Cañete. Esa flexibilidad se refleja en el incremento de las ayudas acopladas (del 10 al 12 por ciento) a la producción y en que los gobiernos podrán limitar la superficie con derecho a financiación comunitaria.
Esto implica que se deja un 12 por ciento (un 15 si prospera en los reglamentos la postura de una decena de países, entre ellos España) de lo que corresponde a cada país para incentivar la producción. “Calderilla”, en palabras del secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, mientras no se distinga entre tierras productivas y no productivas.
Ahora mismo, los 38 millones de hectáreas de superficie agraria de España son potenciales perceptores de esos 44.000 millones de euros que llegan de Europa. Los fondos se reparten entre el 40 por ciento en concepto de pago base, lo que los agricultores denominan la 'tarifa plana' por hectárea, y del 30% de 'pago verde' destinado a cultivos permanentes o que desarrollen medidas de sostenibilidad ambiental donde, además de los cultivos ecológicos, entrarían el olivar o los frutos secos. El resto del presupuesto se reparte entre la ayuda acoplada a la producción y otros incentivos como los destinados a pequeños productores o a jóvenes agricultores. El problema para los agricultores está en saber entre cuántos se repartirá la suma total.
El sector pide que se limite el número de hectáreas con derecho a subvención. Eso es, según COAG, “el mantecado de la reforma que ahora tiene que partir el Ministerio”. Aún acotando a 22 millones el número de hectáreas con derechos reconocidos, como propone el Gobierno, ya serían entre 5 y 6 millones más que en la actualidad, para repartirse la asignación nacional. Lo que significa menos dinero, a pesar del ligero incremento en el cupo español.
Las organizaciones agrarias como UPA o COAG reconocen “un avance” en la flexibilidad de aplicación de la ayuda acoplada y en la consideración del olivar como cultivo permanente. Pero señalan que lo que hay sobre la mesa “es un sistema descabellado, injusto y sin sentido común, porque permite introducir en el reparto todas las hectáreas que se declaren”, explica Agustín Rodríguez, secretario general de UPA-Andalucía.
Premiar la productividad
El sector teme que eso puede desembocar en un “trasvase de fondos hacia territorios y cultivos no productivos”, que derive en un progresivo abandono de la actividad y el medio rural. Por eso han reclamado apoyos en otra dirección: mecanismos que regulen el mercado para frenar la caída de los precios en origen y garantizar la renta de los productores a través de los precios. Ni el Parlamento Europeo ni los ministros de Agricultura de la UE han entrado en ese debate que el sector considera fundamental “para impedir que el dinero se lo lleven los especuladores, en lugar de los productores y los consumidores”, subraya Juan Luis Ávila, secretario general de COAG-Jaén,
Una línea de debate distinta la protagoniza el sector de la agricultura ecológica, a la que se dedican 1,8 millones de hectáreas en España, de las que aproximadamente la mitad se encuentran en Andalucía. Francisco Casero, presidente de la asociación Valor Ecológico, aprecia el esfuerzo de la Unión Europea por los cultivos sostenibles, con la reserva del 30 por ciento de las ayudas a través del 'greenning' o 'pago verde'. Es más, no temen que la incorporación de cultivos permanentes al cupo de ayudas, caso del olivar, pueda perjudicarles en la recepción de fondos comunitarios.
Lo que preocupa a este sector es no haber escuchado “ni una sola palabra ni un pronunciamiento claro de apoyo del ministro español” en la misma dirección. Casero espera que al aplicar el margen de flexibilizaciónn ganado, el gobierno tenga en cuenta los valores que el sector ecológico -“frena la degradación del medio natural y la contaminación, apuesta por la biodiversidad, el empleo, la salud...”- defiende de forma sistemática, porque esos factores suponen un esfuerzo en costes de producción.
Por delante queda la última fase de la negociación. Será a tres bandas: Parlamento, Consejo de Ministros y Comisión de Agricultura. Entre todos deberán definir los cuatro reglamentos que desarrollarán la PAC. El proceso, que podría durar hasta junio, no estará exento de presiones. Algunos colectivos agrarios andaluces, que ya han anunciado movilizaciones a la vuelta de Semana Santa, creen que aún hay margen para negociar, aunque el tiempo se agota.
