La reforma de la PAC traslada la batalla de las ayudas a las comunidades: Andalucía frente a todos

El reparto de las ayudas de la Política Agraria Común se resolverá en España, tal como pronosticaban las organizaciones agrarias. El ministro anunció satisfecho un acuerdo que “garantiza la viabilidad de todos los productos y todas las regiones”. Ese acuerdo implica que, en el reparto de fondos, ningún productor perderá más del 30 por ciento de las subvenciones. Sin embargo, el anuncio de Cañete también abre la puerta a un conflicto entre comunidades autónomas. Mejor dicho, entre Andalucía y el resto de comunidades, porque si hay trasvase de fondos será desde la comunidad andaluza hacia las demás autonomías.

En ese sentido, el consejero de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que la reforma de la PAC “no responde a las demandas de nuestra estructura productiva agrícola y ganadera”, pese a que el límite a la convergencia interna ha limado algunas asperezas. Por eso ha trasladado a las organizaciones agrarias su intención de “evitar el trasvase de ayudas entre productores y territorios y limitar las pérdidas para nuestros agricultores”, de modo que “no se destinen fondos para actividades que no sean productivas desde el punto de vista agrícola y ganadero”.

Las organizaciones agrarias han arrancado un compromiso al director general de Producciones y Mercados Agrarios, Carlos Cabanas, recién llegado de Luxemburgo. El próximo 9 de julio les presentará un borrador de la propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para establecer el reparto interno de las ayudas europeas. Con margen suficiente para que las organizaciones y las comunidades autónomas puedan tomar posiciones antes de la conferencia de los días 24 y 25 de julio. Ahí es donde se cerrará el reparto nacional y donde, si se rompe el pacto, puede haber enfrentamientos.

Ahora mismo, a grandes rasgos, el acuerdo de los ministros europeos de Agricultura significa para el campo español:

Las subvenciones constituyen el escollo en la negociación más inmediata. De Andalucía sale la cuarta parte de la producción agraria nacional y, de momento, concentra la cuarta parte de las ayudas, a razón de unos 2.000 millones de euros anuales. El miedo del sector estriba en que eso pueda variar si, en la negociación política entre las comunidades autónomas, se rompe el pacto que cerraron hace un año para mantener una posición única y garantizar que las subvenciones y la renta de los agricultores se mantienen tal como están ahora mismo.

Para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) lo que hay sobre la mesa es “un sistema perverso” y para que no atente contra los intereses de los agricultores andaluces hay que aplicarlo ateniéndose a criterios “territoriales, agronómicos y marcando criterios de corte”, en función de los cultivos. Según su secretario general. Agustín Rodríguez, esta semana “no ha cambiado nada sustancial” en la reforma de la PAC y la batalla llega ahora en campo propio. Este viernes UPA vuelve a manifestarse. Después esperará resultados y anuncian más movilizaciones si Andalucía pierde en la negociación nacional “porque se juega el ser o no ser”, argumenta Rodríguez subrayando que el campo es el origen del 27 por ciento de las exportaciones andaluzas.

Pero lo que realmente preocupa al sector agrario andaluz es lo que ha quedado en el aire. La negociación final entre los ministros de Agricultura de la Unión y la posterior entre éstos, la Comisión Europea y el Parlamento no ha despejado una de las principales incógnitas: las medidas de mercado para garantizar precios rentables a la producción agraria. Aunque no todas las organizaciones comparten esta posición.

Libre mercado o productos internos

ASAJA considera que “se abren posibilidades al sector para organizarse y regular el mercado” del aceite, según ha explicado su gerente en Jaén, Luis Carlos Valero. Algo que no comparten UPA ni COAG. El secretario general de esta segunda organización, Miguel López, ha criticado que sin esas medidas, la reforma de la Política Agraria Común no sólo “no mejora el sistema productivo” sino que “Alemania, Francia y los países del norte de Europa consolidan sus cultivos continentales” y dejan los cultivos del sur al margen “para poder negociar bajo cuerda con Marruecos o Estados Unidos” precios más ventajosos para sus mercados. Desde su punto de vista, la reforma no contempla un sistema que garantice el abastecimiento de la Unión Europea en términos sociales, potenciando los productos internos, sino que aplica criterios de libre mercado y “a los mercados no le importa que la gente pase hambre”, ha recalcado.

A la Junta tampoco le gusta que no se hayan establecido mecanismos de regulación del mercado ni que la activación de los sistemas de almacenamiento de aceite dependan de la comisión porque “nos obligará a hacer un trabajo permanente con el sector respecto a los costes y a la presión que tendremos que hacer para conseguir su activación en el marco comunitario”, ha explicado el consejero en un comunicado.