El PP andaluz pide cárcel para Chaves y Griñán en el caso de los ERE por asociación ilícita
El PP andaluz ha ido un paso más allá en el caso de los ERE y ha elevado la petición de penas para los exaltos cargos de la Junta de Andalucía, al incluir un supuesto delito de asociación ilícita en los 26 encausados en la denominada 'pieza política'. La principal novedad reside en que el expresidente andaluz Manuel Chaves también se enfrenta a pena de cárcel (un máximo de dos años), la que conlleva ese delito. La Fiscalía Anticorrupción, en su reciente escrito de acusación, atribuyó prevaricación y malversación en José Antonio Griñán, pero para Chaves solicitó diez años de inhabilitación especial exclusivamente por un único presunto delito de prevaricación continuada. Ahora, el PP-A pide un total de dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán.
Los populares, que han repasado en rueda de prensa el argumentario que llevan trasladando a la opinión pública durante más de cinco años, también han elevado la cifra ofrecida por la Fiscalía del dinero prrsuntamente defraudado a las arcas públicas andaluzas hasta más de 1.200 millones. Una cifra que ni siquiera alcanzó la anterior instructora del caso, la jueza Alaya, cuando trasladó al Tribunal Supremo su exposición razonada hablando de 855 millones, que el propio Supremo advertía que habría que replantear y que un reciente auto de la jueza Núñez parece se podría quedar en menos si sólo se consideran ilegales las ayudas en las que hay falsos prejubilados (intrusos). La cantidad que denuncia el PP-A es la que advirtió un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2012, que incluía la refinanciación de la deuda y los intereses de demora acumulados, si bien durante la presentación a los medios se ha aludido incluso a “miles de millones de euros”.
Los argumentos del PP para incluir el 'nuevo' delito a estos encausados no son nuevos, ya que entienden que que en el seno de la Junta hubo “una trama organizada creada para burlar los controles y repartir fondos públicos con total arbitrariedad”. La portavoz popular, Dolores López, ha negado “afán justiciero” y ha asegurado que su petición se ha elaborado “abstrayéndonos de cualquier tipo de rivalidad política”, cargando contra la Administración y su reciente escrito de acusación, conocido este fin de semana, calificando su postura como “brazo ejecutor del PSOE”. El PP, por contra, comparte los términos del escrito de la Ficalía (mismas personas, mismos delitos), salvo en la apreciación de la supuesta asociación ilícita.
López también ha recordado que el juez Álvaro Martín, que se encarga de este pieza, ya dijo en el auto que cerraba la instrucción que los encausados habrían “concertado sus actuaciones”. En el diseño de la instrucción siempre se ha aludido al “conocimiento” que tendrían todos los exaltos cargos, hasta los entonces presidentes de la Junta, de la supuesta defraudación. “Es una apreciación que comparte el PP”, ha dicho López, que ha aludido a un “acuerdo perpetuado en el tiempo”. “Se perpetuó la actividad delictiva durante diez años”, ha insistido, generando “una red clientelar para perpetuarse en el poder”.
López ha manifestado que “nadie se cree que un director general manejara más de mil millones de euros a su antojo y sin mediar control” y ha denunciado una “trama impenetrable”, lamentando al respecto las “zancadillas” de la Junta en esta causa.
