PSOE-A e IU logran pactar el futuro Ente Público de Crédito (ECA)
El Consejo de Gobierno tiene previsto, en principio, aprobar este martes el anteproyecto de ley para la creación del Ente de Crédito de Andalucía (ECA), tras consensuar el PSOE-A e IU las diferencias en torno a este instrumento y que pasaban por un empeño por parte de los primeros de que se quede en una especie de ICO (Instituto de Crédito Oficial) y el interés de los segundos derivarlo hacia una banca pública que pueda captar fondos de los mercados y de depósitos privados e incluso ofrecer préstamos a particulares. Finalmente se ha contemplado una evolución, entre otras cosas porque la ficha bancaria que necesita para funcionar no depende del Gobierno de Andalucía, sino que corresponde al Gobierno de la Nación previo informe del Banco de España.
De momento, en los presupuestos autonómicos de 2015, que sí está cerrado que se aprueban este martes y que tenían en este instrumento una de sus grandes dificultades, se prevén 18 millones de euros de capital social para el ECA, que además gestionaría los más de 1.400 de fondos reembolsables con los que cuenta la Junta de Andalucía, pero eso será cuendo esté creado. Luego se procederá, “previa aprobación en el Consejo de Gobierno”, a la solicitud de la ficha bancaria -que no es lo que convierte en banco al uso porque el ICO no lo es y la tiene- para lo que habrá que cumplir los requisitos que marca el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito. Por eso el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, no se ha atrevido este lunes a concretar una fecha, que a la postre garantizaría que fuera una realidad esta legislatura: “Cuando estén todos los elementos que se exigen”.
Esos elementos son unos estatutos; un programa donde figuren el género de operaciones que se pretenden realizar, la organización y los procedimientos de control interno; la relación de socios; las personas que vayan a integrar el primer consejo de administración y sus perfiles; y la justificación de haber constituido en el Banco de España, en metálico o en deuda pública, un depósito equivalente al 20% del capital social mínimo establecido (3.000 euros). Es en estas exigencias donde debe definirse su composición, para la que se quiere contar con expertos de prestigio y el órgano de control para garantizar su viabilidad y evitar desmanes tras la experiencia de las cajas de ahorros.
Básicamente, y pese a las contradicciones y tensiones de todos este proceso, el resultado es el que ya aprobaron las dos formaciones hace casi un año con el dictamen del grupo de trabajo que se creó en el Parlamento de Andalucía. Los dos socios defienden sin problemas que es un instrumento destinado a favorecer el crédito para potenciar el tejido productivo, en un contexto en el que las pymes representan el 97% de las empresas en Andalucía y el 75% de los empleos. Sus prioridades en cuanto a sectores serán la industria (especialmente aeronáutica, biotecnología y energías renovables), la agroindustria, la minería, el comercio y el turismo, entre otros. En definitiva, se especializará en pymes, empresas de economía social, los autónomos y emprendedores, para evitar el riesgo de exclusión financiera.
Depende de quién te lo cuente
Pero luego hay diferentes maneras de presentar el proyecto para no sentirse desautorizados. Desde IU, su coordinador regional, Antonio Maíllo, no ha ocultado su satisfacción porque está convencido de que el anteproyecto de ley recoge las exigencias de su formación, plasmadas en el citado dictamen. “Ese era el acuerdo y eso era lo que se tenía que ejecutar”, ha recalcado, usando en ocasiones el término “banca pública”, mientras que el PSOE-A prefiere el de “instituto público de crédito”, como ya porfiaban entre un banco o un observatorio de tierras. Tras negar que el ECA vaya a ser un ICO regional, Antonio Maíllo lo ha definido como un “instrumento formidable” para fomentar el nuevo modelo productivo y que pedirá su ficha bancaria “para poder acceder a los mercados y contar con fondos privados de clientes”, o sea, como un banco al uso.
Por su parte, a Juan Cornejo le ha costado aclarar si podrá captar depósitos privados. De hecho, pese a que ha insistido en que no se trata de un banco para la “cartilla” o “el pago de la nómina”, ha reconocido en que no hay nada que expresamente lo vete en el anteproyecto de ley. Se ha limitado a decir que “esa no es la filosofía”. De hecho, ha preferido dejar la explicación en manos de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. En principio será su consejería, por las competencias que tiene transferidas, la que se encargue, si bien tampoco ha querido Juan Cornejo decir expresamente “Consejería de Hacienda y Administración Pública”.
Sí ha coincidido con su socio en valorar el alcance de este proyecto, y que confía en que esté esta legislatura. Los plazos van muy apurados porque el citado real decreto fija que la solicitud de autorización “deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, o al momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los 12 meses siguientes a su recepción”. Cuando la solicitud no sea resuelta en el plazo previsto, se entiende por desestimada.
Por otra parte, el secretario de Organización del PSOE-A ha puesto el ejemplo el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), “creado en los años 80 y que se plantea para 2015 pedir la ficha bancaria”, para insistir en que el proyecto del Gobierno de Andalucía es mucho más ambicioso. Entre otras cosas porque el ICF ha manejado 600 millones de euros de créditos para empresas, y el ECA pretende superar los citados 1.400 en fondos reembolsables. “Necesitamos un instrumento imprescincible, que es complementario, público y con vocación de estabilidad, para apoyar el tejido productivo y promover el crecimiento, la innovación y la generación de empleo en la comunidad autónoma”, ha enfatizado.
