El Parlamento deroga por primera vez un decreto de la Junta y el PSOE habla de “pinza” PP-Podemos

El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles convalidar del decreto ley que el Gobierno remitió a la Cámara por el que se reconoce a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.

El decreto ley, que contó con los votos en contra de PP-A y Podemos, fue apoyado por PSOE-A, mientras Ciudadanos e IULV-CA se abstuvieron, ha quedado derogado y, en consecuencia, el Gobierno tendría que volver a legislar sobre la materia. Esta es la primera vez que se produce la derogación de un decreto remitido por el Ejecutivo.

En una primera votación, el decreto ley aprobado a finales de agosto contó con 47 votos a favor, del PSOE-A; con 47 en contra, de PP-A y Podemos, y con 14 abstenciones, de Ciudadanos e IULV-CA, mientras que el vicepresidente tercero de la Mesa, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yague, no emitió voto. Al producirse un empate entre los votos afirmativos y negativos, en virtud del artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, se repitió la votación, cuyo resultado fue 46 votos afirmativos del PSOE-A (el diputado del PSOE-A Antonio Sánchez no pudo emitir voto porque el botón no le funcionó, según ha argumentado); 48 en contra (PP-A y Podemos) y 14 abstenciones (C's e IU). Al margen del 'error' del diputado socialista, el decreto hubiera sido igualmente rechazado.

“Una pinza” en el Parlamento contra el Gobierno

El PSOE-A ya habla de una “pinza” de PP y Podemos en la Cámara autónomica. En ese sentido iban algunos mensajes del socialista Miguel Ángel Vázquez, que presentó el decreto hace menos de un mes tras un Consejo de Ggobierno y que se pronunciaba así en Twitter:

En en el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez. “Está claro que estamos ante una pinza entre la derecha radical del PP y la izquierda radical de Podemos”, ha sentenciado Jiménez, para quien se inicia una “etapa en la que los perjudicados van a ser los ciudadanos de Andalucía, en este caso, los trabajadores públicos, y el interés general de la comunidad, que va a quedar apartado por esta unión de intereses de PP y Podemos, que van a mancomunar sus esfuerzos y su posición política y, que a partir de ahora, se convierte en una coalición antinatura”.

Ha insistido en que la “derecha más radical de España y la izquierda más radical hacen una coalición” en Andalucía, con un claro perjuicio al interés general de la comunidad. Mario Jiménez ha manifestado que dicho decreto permitía, en cumplimiento de distintas sentencias, la realización de un concurso de traslado para más de 23.000 funcionarios de la comunidad, que desde hace cuatro años no han podido concursar.

“Con absoluta sorpresa hemos visto cómo el voto en contra de PP-A y de Podemos ha echado para atrás el decreto, haciendo que 23.000 funcionarios andaluces no vayan a poder concursar, no vayan a poder trasladarse a otro destino dentro de la carrera administrativa o no puedan promocionar, porque alguien ha decidido castigar al Gobierno”, ha indicado Jiménez, para quien PP-A y Podemos han utilizado a los funcionarios como “rehenes de su estrategia de ataque a la Junta”.

Ha señalado que previamente al debate del decreto ley, el PSOE-A ha mantenido contactos con todos los grupos y, en ningún momento, se planteó el escenario que se ha producido al final. Ha apuntado que el decreto ley se iba a tramitar como proyecto de ley, de manera que cualquier diferencia que PP-A y Podemos hubieran tenido sobre el texto se podría haber arreglado si realmente hubiese existido voluntad de diálogo y de resolver este problema de los funcionarios.    

Ha señalado que Ciudadanos les comunicó que se abstendría, mientras que IULV-CA les trasladó inicialmente otra posición que no era la de la abstención. Para Jiménez, esta formación es “subordinada” de Podemos, en esa “estrategia de teórica convergencia”.

Los argumentos de PP y Podemos

El PP-A ha anunciado este miércoles que presentará una proposición de ley antes de que acabe el presente periodo de sesiones tras la derogación por el Pleno del Parlamento del decreto ley sobre derechos de empleados públicos que remitió el Consejo de Gobierno.

Así lo ha manifestado a los periodistas el diputado del PP-A Pablo José Venzal, después de que el Pleno del Parlamento haya rechazado este miércoles, con los votos de PP-A y Podemos, convalidar el citado decreto ley, que contó con el apoyo del PSOE-A y la abstención de Ciudadanos e IULV-CA.

Ha explicado que la norma que presentará su partido tendrá como fin regular el problema de los servicios prestados con anterioridad en la funcionarización y que buscarán el consenso.

“Vamos a elaborar un documento de manera urgente que lo presentaremos a la Mesa del Parlamento y buscaremos el consenso con las fuerzas sociales, sindicatos y el resto de fuerzas políticas”, ha señalado Venzal.

Ha indicado que ese texto tendrá seguridad jurídica, mientras que el que remitió la Junta al Parlamento y que finalmente ha sido derogado “tenía muchos interrogantes y carencias”, fruto de la  “precipitación”.

Para el diputado popular, la solución para estos empleados públicos pasa por las garantías jurídicas, el respeto de los principios de mérito y capacidad, y por el respeto a las directivas europeas, mientras que lo que se presentó por parte del Consejo de Gobierno era un documento “deprisa y corriendo que no reunía esos requisitos”.

El grupo parlamentario de Podemos ha negado este miércoles haber dado la espalda a más de 20.000 interinos, tal y como le ha acusado el PSOE-A, al haber votado en el Pleno del Parlamento en contra de la convalidación del decreto-ley de la Junta que reconocía la antigüedad de los interinos.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez, quien ha asegurado que la convalidación de dicho decreto habría supuesto “un aluvión” de recursos en contra porque supone “una merma” para la carrera de los funcionarios.

“Las cosas hay que hacerlas bien y este gobierno está acostumbrado a hacer las cosas mal y a que nunca pase nada”, ha defendido Gutiérrez, quien, no obstante, ha instado a la Junta a presentar un proyecto de ley en esta materia por el procedimiento de urgencia.

Así, tras asegurar que Podemos no comparte “ni el fondo” ni la fórmula a través de la que se presenta, un decreto-ley, Gutiérrez ha señalado que su formación vela por los intereses de los funcionarios y se ha decantado por votar en contra “después de estudiar la materia y de reunirse con las asociaciones y sindicatos”.

El debate parlamentario

En defensa del decreto, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado ante la Cámara que esta norma, que modifica artículos de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, permitirá igualmente convocar las pruebas que han estado bloqueadas desde hace cuatro años y resolver los procedimientos de promoción interna realizados con anterioridad.

Ha agregado que la medida beneficiará a los funcionarios de carrera que, por esta situación, no han podido solicitar un destino más cercano a sus poblaciones de origen o acceder a mayores responsabilidades. Se trata, según ha apuntado, de recuperar la normalidad de los derechos de movilidad y promoción de forma inmediata.

La norma modifica el baremo del reglamento vigente desde 2002 de tal modo que, en el mérito del trabajo desarrollado, se otorgará a la experiencia desempeñada en puestos provisionales la misma puntuación que a la adquirida en los definitivos. Asimismo, simplifica la valoración de este mérito ciñéndola a la experiencia en el puesto desempeñado en el momento de la convocatoria.

Además de evitar una sanción de la Comisión Europea, estos cambios normativos permitirán la celebración y resolución de concursos de méritos que deben convocarse cada seis meses, tras más de cuatro años sin llevarse a cabo, así como los de los procedimientos de promoción interna convocados hace poco más de un año.

María Jesús Montero ha querido expresar además su reconocimiento a los empleados públicos porque con su esfuerzo personal han contribuido de forma clara al mantenimiento de los servicios públicos esenciales, en una época de gran incertidumbre y en la que se pone cuestión lo público.

Por su parte, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que este decreto pretende solucionar un problema entre un concurso de leyes, pero realmente no va a solucionar “nada” ni va a “contentar a nadie”. Ha criticado que la Junta no haya buscado el consenso sobre este decreto, que se aprueba en plenas vacaciones estivales, y ni siquiera ha reunido a la mesa de la función pública. Ha pedido a la Junta que retire el decreto, porque no es participativo ni transparente.

La diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha denunciado que a la Junta, tras paralizar concursos durante cuatro años, ahora le entra la prisa y recurre a la fórmula del decreto ley. Ha manifestado que se requiere una reforma de la función pública en Andalucía y no imponer un decreto como este, cuya retirada ha pedido, que solo es un “parche” y supondrá un nuevo “enmarañamiento”.

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández ha manifestado que este asunto está en manos de los tribunales y que el Parlamento no debe erigirse “en tribunal de justicia que dilucide” este tema. Ha apuntado acatar sentencias es una obligación de la administración, a la que el acceso debe hacerse con criterios objetivos, de mérito y capacidad. “Esto debe ser un punto y final en la forma de gestionar lo público”, ha apuntado.

La diputada de IULV-CA Elena Cortés ha manifestado que ya es hora de que el Parlamento apruebe una ley de la función pública de Andalucía, que desarrolle un estatuto de los trabajadores de la administración autonómica.

La parlamentaria del PSOE-A Brígida Pachón ha manifestado que la voluntad de la Junta con este decreto es dar solución a una situación del personal interino de la administración de la Junta, posibilitando la promoción interna y el cambio de destino. Ha recalcado que la norma tiene una clara intención, salvaguardar los intereses y derechos del personal funcionario interino.