El pleno insta a la Junta de Andalucía a sacar de inmediato la oferta pública de empleo para 2015

El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición no de ley (PNL), planteada por el PP-A, por la que insta a que el Consejo de Gobierno convoque de manera inmediata la la oferta pública de empleo del año 2015, después de haber aceptado dos enmiendas de Podemos y sendas del PSOE-A e IU. También se reclama que agilice la resolución de la oferta pública de empleo de 2013 aprobada al amparo del Decreto 90/2013, de 23 de julio, sin que se produzcan más aplazamientos en los procedimientos de promoción interna y traslados convocados en 2014 y que, por tanto, se encuentran ya iniciados y sólo a la espera de publicación de las listas.

En paralelo, se insta a proceder a la convocatoria del concurso de méritos en la Administración General de la Junta de Andalucía, una vez que se haya adaptado la norma a lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE, un proceso parado en la sesión previa porque el decreto ley fue tumbado por el rechazo del PP-A y Podemos y la abstención de C's e IU. De hecho, se había elaborado por parte del PSOE-A una proposición de ley para el próximo pleno, junto a otra de Podemos en el mismo sentido. Es más, los dos grupos se acusan mutuamente de plagio en un cambio que pretende que les cuente a los funcionarios su tiempo de interinos como antigüedad para estos concursos. La Junta de Andalucía sostiene desde entonces que la oferta pública de empleo quedaba parada por no poder convocarse primero el decreto conforme a los cambios previstos en la norma.

Otra de las peticiones recogidas en esta iniciativa se refiere a que el Consejo de Gobierno proceda de inmediato a la convocatoria del concurso de méritos conforme a la legislación vigente, en aplicación de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 2/2002, de 9 de enero. En este punto, el PSOE-A ha presentado su enmienda en la propuesta del PP-A, y ha sido aceptada, para que se tengan en cuenta las garantías jurídicas, para “no engañar a los funcionarios” y para evitar recursos.

También demanda que el Consejo de Gobierno convoque con “carácter urgente” a la mesa sectorial a fin de retomar las negociaciones con todos los sindicatos en ellas representados e iniciar todas las vías posibles que faciliten la consecución del consenso amplio y necesario para aprobar una nueva regulación de los futuros procedimientos.

Por último, merced de una enmienda de Podemos, a la que se abstenido IU mientras el resto de grupos han votado a favor, se incluye un quinto punto en la PNL por el que se insta a la tramitación de un proyecto de ley de la función pública que construya un modelo “profesional e independiente y que sea el resultado del preceptivo debate y diálogo con todos los sindicatos y colectivos de empleados públicos”.

Mutuas acusaciones de los grupos

En defensa de la PNL, el diputado Pablo Venzal ha expresado que no se aprobó el referido decreto ley por cuestiones “de forma y fondo” y que con esta propuesta el PP-A pretende ser “constructivo” y “poner un poco de luz” en esta realidad. En este contexto, como ha explicado, se suma que tanto Podemos como el PSOE-A ha presentado sendas proposiciones de ley para modificar la ley de función pública, lo que provoca “una situación jurídica compleja”. En su intervención, ha dicho que “hemos llegado a esta situación porque el Gobierno de Andalucía tenían que haber sacado una ley de función pública en su tiempo y no lo hizo, y porque han jugado muchas veces desgraciadamente con la libertad”.

También ha opinado que la Junta de Andalucía “no puede ampararse y vincular la no convalidación de un decreto ley con la convocatoria de una oferta pública de empleo”, lo que ha calificado de postura “obstruccionista y coactiva, después de haber acusado injustificadamente a los grupos de la oposición de utilizar este asunto para la confrontación política y de bloquear una acción de gobierno”.

Desde el PSOE-A, Jesús María Ruiz ha reprochado que el PP-A y Podemos que no apoyaran el decreto ley para “dar solución al problema de más de 23.000 empleados públicos”, de manera que entiende que con esta PNL ambos partidos “quieren redimir su mala conciencia, pero en el pecado han llevado la penitencia”. Les ha dicho que no les va a permitir “que judicialicen la función pública”, a la par que ha defendido que tanto la Consejería de Hacienda y Administración Pública como el PSOE-A están “permanentemente” hablando con el colectivo y los sindicatos.

Begoña Gutiérrez, parlamentaria de Podemos, ha criticado que la Junta de Andalucía se haya “inventado mil historias” para justificar su “escaso sentido democrático” después de la derogación. Tras presentar dos enmiendas al texto de los populares, ha criticado que el PSOE-A “ni tiene ni ha tenido en 30 años ninguna política de función pública y sólo echa balones fuera”.