Unanimidad para tramitar la ley de derechos del colectivo LGTBI y sus familias elevada por PSOE, Podemos e IU

Este texto conjunto, que sustituye a propuestas anteriores promovidas de forma independiente por estos grupos, incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de la regulación, especialmente las homoparentales.

Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluz de Participación del colectivo Lgtbi, órgano de consulta, asesoramiento, representación y participación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas en la materia y de elaborar un informe anual.

En el ámbito sanitario, la proposición incorpora los derechos de los menores transexuales ya recogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero de este año. Se incluyen entre ellos el tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados.Asimismo, respecto a los menores intersexuales, el sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticas de modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.

Respecto a la inserción social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violencia y a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otras específicas de apoyo, protección y mediación a menores y jóvenes sometidos a situaciones de presión o maltrato psicológico y/o físico.

Por su parte, los centros residenciales, los de día para personas mayores, los de participación activa y los destinados a personas con discapacidad garantizarán el derecho a la no discriminación de las personas tanto a título individual como en su relación sentimental.En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos de orientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar, prevenir y proteger de acciones de discriminación hacia personas Lgtbi, incluyendo a las que forman parte de familias homoparentales.

En el ámbito laboral, la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. Las destinadas a conciliación laboral incluirán igualmente cláusulas para reconocer la heterogeneidad del hecho familiar.

RÉGIMEN SANCIONADOR

La propuesta también incluye un régimen de infracciones y sancionador para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros. Estas cuantías irán acompañadas, además, de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, la inhabilitación para ser titular de centros de servicios de carácter público y el cierre o suspensión temporal de los mismos por un periodo máximo de hasta cinco años.

La consejería con competencias en materia de igualdad deberá elaborar anualmente un informe estadístico sobre las agresiones y discriminaciones contra personas Lgtbi y los casos de delitos de odio, teniendo en cuenta los datos aportados por los puntos de Información y atención a las víctimas.

La protección de los derechos Lgtbi está regulada parcialmente en Andalucía a través de la Ley 2/2014, de 8 de julio, para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de las personas transexuales de Andalucía. Esta norma dio respuesta a las demandas planteadas por el colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.

VALORACIONES DE LOS GRUPOS PROPONENTES

En el turno de los grupos proponentes para defender la iniciativa, la parlamentaria del PSOE-A Soledad Pérez ha destacado el “intenso” trabajo realizado para dar forma a esta proposición y ha reconocido la labor de las “nuevas familias homoparentales” para que la iniciativa, que quiere “reforzar” valores como los de la tolerancia y la igualdad, tenga “una nueva voz”.

La socialista ha recordado además el paso pionero que dio España bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al convertirse en “el primer Estado del mundo en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo”, pero ha apuntado que aún “existen muchas sombras”, como los delitos de odio que sufre el colectivo Lgtbi y que “deben tener el rechazo social de toda la comunidad”, según ha enfatizado, y en ese sentido ha resaltado que este proyecto busca “prevenir, atender y eliminar impulsos de Lgtbifobia”.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha repasado la evolución de la situación del colectivo Lgtbi en España desde los tiempos del franquismo, remarcando que “la llegada de la democracia no significó automáticamente el reconocimiento de derechos” para el mismo, y, de hecho, “hubo que esperar hasta 1995 para que se derogase completamente la Ley de Peligrosidad social”, y hasta 2017 para que en Andalucía exista “una ley por los derechos del colectivo”.

Romero ha opinado que esta ley “llega muy tarde”, y que “la sombra del nacionalcatolicismo ha sido muy larga en estos años” en lo relativo al tratamiento recibido por homosexuales o transexuales, así como que “todavía queda por hacer”, por ejemplo para afrontar las “agresiones homófobas o la discriminación” hacia el colectivo. En ese sentido, ha afirmado que “terminar con todo tipo de discriminación por razón de orientación sexual debe ser una prioridad para todo gobierno demócrata”.

Por parte de IULV-CA, la diputada Inmaculada Nieto ha valorado el contenido de la iniciativa, pero ha lamentado que ha llegado “con retraso” por culpa de “una tramitación disparatada que no deberíamos permitir que se repitiera”, en alusión a la presentación inicial de dos proyectos distintos por parte de PSOE-A y Podemos.

En ese sentido, ha llamado a los grupos a reflexionar para “dialogar” y llevar “aparejados los temas” de cara a su tramitación parlamentaria, así como a no defraudar las “expectativas” que se generan cuando se tramita una ley, siendo “exigentes en el desarrollo parlamentario” de las normativas para que se materialicen. Además, ha instado a no confundir “la garantía normativa de un derecho humano con una moda, una tendencia o una oportunidad de mercado”.

PP-A Y CS SALUDAN LA LEY

Al margen de los grupos proponentes, ha subido a la tribuna para posicionar al PP-A la diputada Esperanza Oña, quien ha defendido al colectivo Lgtbi, que “tanto nos enseña”, y la necesidad de “ser personas libres de todo tipo de prejuicios”, al tiempo que ha pedido no caer “en la tentación del protagonismo” con la aprobación de esta ley, en la que lo importante, según ha subrayado, es “que se aplique”. “Se trata de cumplir la ley, llevarla a cabo y hacer una sociedad más justa” con un colectivo que “toda la vida ha sufrido en las distintas épocas de la historia”, según ha concluido la parlamentaria 'popular'.

Finalmente, en representación de Ciudadanos (Cs) ha intervenido la diputada Marta Bosquet, quien ha valorado que el de este miércoles es “un día esperado” para el colectivo Lgtbi, si bien ha mostrado su esperanza en aprovechar el trámite parlamentario para introducir enmiendas que sirvan para “enriquecer” el texto, y ha apelado a que “se refuerce en este marco normativo la imperiosa necesidad de tomar conciencia de la diversidad”.