El Parlamento de Andalucía plantea una moratoria de dos años para el fracking

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE-A, que ha sido apoyada por IU y rechazada por PP-A, para que en la comunidad autónoma se establezca una moratoria de dos años en la aplicación de la fractura hidráulica como técnica de investigación, exploración y extracción del gas de esquisto o convencional, conocida como fracking. En cambio, no salió adelante la proposición de ley de IU, que contó con el rechazo del PP-A y la abstención de PSOE-A, en la que se planteaba la prohibición directa en toda la comunidad autónoma de este sistema.

Esta moratoria, según consta en la proposición no de ley aprobada, podrá ser prorrogada “hasta que no existan estudios científicos que determinen, con el máximo nivel de certeza, que la utilización de esta técnica no tiene afección negativa para las personas, las aguas y el medioambiente en general”. Desde este momento, queda tramitar en comisión parlamentaria una ley que constaría de cinco artículos, de una disposición transitoria y de una disposición final.

En su artículo 1 señala que, “como medida preventiva, y en base al principio de precaución recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que el proceso de fractura hidráulica puede tener efectos potencialmente peligrosos y puesto que el conocimiento científico actual no permite garantizar que su utilización no afecta negativamente a la salud de las personas, a la calidad de las aguas subterráneas y del aire y a la protección y conservación de los recursos naturales”, Andalucía establece una moratoria de dos años.

El artículo 2 establece que, con el objetivo de salvaguardar los valores del territorio, no se autorizará su aplicación ni la construcción de infraestructuras e instalaciones con este destino, en terrenos pertenecientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, terrenos de la Red Natura 2000, y en los suelos urbanos, suelos urbanizables y suelos no urbanizables sujetos a algún régimen de protección.

El artículo 3 recoge que, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal en esta materia, el uso de esta técnica tendrá que contar, con carácter previo a la misma, con la Autorización Ambiental Unificada o integrada en los términos establecidos en el Anexo I de la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y sus modificaciones.

El procedimiento de autorización estará sometido a informe de Evaluación de Impacto en Salud en los términos previstos por el artículo 58.3 de la ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía, según establece el artículo 4 de la proposición de ley.

Por último, el quinto artículo recoge que las autoridades competentes garantizarán la participación de la ciudadanía en los procedimientos de autorizaciones que se lleven a cabo e informarán a la población de las afecciones y posibles riesgos en la utilización del fracking. De hecho, periódicamente se publicará información sobre el número de pozos terminados y de proyectos previstos en los que intervenga la fracturación hidráulica de alto volumen, entre otros datos.

En cuanto a la proposición de ley de IU, que ha sido rechazada, recogía en su primer artículo que queda prohibida en todo el territorio de Andalucía la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y no convencionales que supongan, en todo el proceso o en parte, la utilización de las técnicas de fractura hidráulica con inyección de fluidos y/o de otros aditivos químicos.

Duro debate por las contradicciones

El diputado de IU Manuel Baena ha manifestado que el coste del fracking es muy superior a los beneficios de las extracciones y ha alertado de que el 80% de las prospecciones se realizan sobre o próximas a acuíferos, que se verían afectados según diversos estudios de ecologistas. Ha querido dejar claro que su formación no presenta esta ley por motivos electorales, sino por la amenaza cada vez más creciente de que se llegue a desarrollar esta técnica.

Desde el PSOE-A, Josefa Vioque ha indicado que, sin duda, hay muchas incertidumbres y posicionamientos enfrentados sobre los efectos negativos que esta técnica produce sobre la salud y el medioambiente. Ha apuntado que son numerosas las asociaciones, los partidos y gobiernos que denuncian las graves afectaciones ambientales y para la salud del fracking, que ha generado una “gran alarma social”.

Mientras, Juan Gázquez (PP-A) se ha preguntado por qué los gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán autorizaron tantas concesiones en Andalucía para explotar mediante el fracking, si tan arriesgada es esta técnica. Ha manifestado que es “incomprensible” que el PSOE-A e IU, siendo un mismo gobierno, traigan cada uno su proyecto sobre este asunto, en lugar de plantear un único texto consensuado, serio y riguroso, lo que evidencia que están cerca las elecciones municipales.