Ablación: “no se trata de castigar a los padres, sino de impedir la mutilación”
Este 6 de febrero, Día Mundial contra Mutilación Genital Femenina (MGF), llega en España con una novedad, la de la creación del primer protocolo sanitario, a nivel nacional, para prevenir esta práctica desde nuestro país en las menores de edad nacidas o residentes aquí. Un paso adelante que las expertas ven con prudencia, en tanto la aplicación de los ya existentes -como el que existe desde hace años en Cataluña- deja algunas dudas sobre su efectividad y a que siguen pendientes actuaciones más integrales -como actuar en coordinación con los servicios sociales y los colegios- o judiciales como convertir este tipo de lesiones en un delito de violencia de género.
La Mutilación Genital Femenina (MGF), también conocida como ablación, consiste en la extirpación total o parcial de los órganos sexuales externos de la mujer. ONGs como la Fundación Kirira estiman en cerca de dos millones las niñas que son víctimas anualmente en el mundo de esta práctica, fundamentalmente extendida por países de África y Asia, y UNICEF sitúa en 30 millones las niñas en el mundo en riesgo de sufrirla. Son numerosos los problemas de salud a corto y largo plazo que pueden derivarse de la misma, y que incluyen desde complicaciones en el parto con peligro para la vida tanto de la madre como del niño hasta infecciones que acaban causando esterilidad y un mayor riesgo de contraer el SIDA. Además, implica un trauma psicológico de por vida que impide a la mujer disfrutar de relaciones sexuales plenas.
“No puede ser un protocolo sólo sanitario, necesita coordinación”
“No puede ser un protocolo sólo sanitario, necesita coordinación”La Fundación Euroárabe de Granada acogía esta misma semana sus II Jornadas sobre Mutiligación Genital Femenina organizadas por la Asociación Cultural SecretOlivo. Allí, la presidenta de Medicus Mundi Andalucía, África Caño, valoraba positivamente la existencia de este protocolo para eldiario.es/Andalucía, pero indicaba que “un protocolo no pasa de ser eso, un papel con una declaración de intenciones. Hace falta formar a los sanitarios en ese protocolo y que además se trate de una forma de coordinación que no se quede sólo en el aspecto de la salud, que implique a trabajadores sociales y educadores, para que las menores tengan un seguimiento integral y desde su entorno inmediato”.
En cualquier caso “ya supone un avance en cuanto a que se visibiliza el problema, que se les explica a los sanitarios que existe algo que es la Mutilación Genital Femenina y en qué consiste”. Caño apunta a que “estamos hablando de violencia contra menores de edad, algo que se supone que hemos erradicado en Europa, aunque estos casos demuestran que no. Es necesario un respaldo legal que lo da la Ley de Violencia de Género pero lo pueden dar otras leyes. Perseguir a los autores, pero también y antes que nada, proteger a las menores, o a las familias”. Además, pide que no se deje de lado “el trabajo en África, que es donde se producen la mayor parte de las mutilaciones”. Aunque al menos ahora “cuando alguien de una comunidad que practica la mutilación viene a España, sabe que es algo prohibido aquí”.
Caño estuvo en las jornadas acompañada por dos profesoras de la Universidad de Granada, la antropóloga Soledad Vieitez y María Ángeles Cuadrado Ruíz, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Granada y defensora de tratar el problema en el Código Penal como un delito de violencia de género y no de lesiones, como hasta ahora se contempla. Una de las juristas que realiza su tesis con ella sobre este tema, Ana Silva, ejerció de presentadora de las ponentes.
El problema legal al que apuntan expertas como Cuadrado o Silva es que en España, la Ley Orgánica 11/2003 incorporó la mutilación genital del Código Penal pero como delito de lesiones, en el artículo 149.2, o como maltrato doméstico en el 173.2. El Parlamento Europeo ya emitió una resolución en 2001 calificando la MGF. En nuestro país se crea inseguridad jurídica en tanto algunas legislaciones autonómicas –Madrid, Canarias, Aragón, Región de Murcia y Cataluña- sí que engloban la ablación como violencia de género, al tiempo que no integra las resoluciones europeas, e introduce un factor a criterio del juez de turno: la gravedad de la mutilación dependerá de si este considera el clítoris un órgano importante. Por otro lado, la Ley de Violencia de Género incluye un protocolo de protección a las víctimas, más allá de que la condena sea mayor o menor, que se no presenta en otros casos.
El informe cuatrianual de la Fundación Wassu-UAB, publicado el año pasado, indicaba que entre 2010 y 2014 el número de menores en riesgo de sufrir mutilación en nuestro país había subido un 61 por ciento, hasta las 17.000. En España viven más de 50.000 mujeres procedentes de etnias o países en los que se practica la mutilación genital, y en esas 17.000 se estima el número de menores de 14 años.
Adriana Kaplan, presidenta de Wassu-UAB y antropóloga en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que da nombre a la ONG, ve como un aspecto negativo que el protocolo pida “que los médicos deban denunciar los casos de todas las niñas menores de 14 años dependientes económicamente de sus familias que estén mutiladas. Por lógica, hablamos de menores que están en España porque han sido reagrupadas, es decir, que llegaron mutiladas a España. Evidentemente, hay que ayudarlas, pero no metiéndolas en un proceso judicial que las separe de su familia. El objetivo tiene que ser proteger a las menores, no desampararlas”.
En el otro extremo, señala como aspecto positivo que se introduzca “el compromiso preventivo”. Es “una medida que Wassu-UAB empezó a practicar en Gambia hace ya 20 años, entregar a las familias un documento que advierte que si la menor sufre mutilación mientras visita su país, que es cuando se producen la mayor parte de los casos de las residentes en España, ellos van a la cárcel. Casi da igual el idioma porque la abuela a la que se lo enseñan es analfabeta, pero está demostrado que funciona. Hablamos de etnias en las que los ancianos tienen un gran poder por tradición, y los padres necesitan alguna clase de refuerzo para poder enfrentarse a ellos”.
Eso sí, más allá de unas medidas u otras, Kaplan, igual que Caño, advierte que “un protocolo de por sí no resuelve nada. El protocolo que tenemos en Cataluña tiene una aplicación que no es, desde luego, la ideal, porque no lo ejecutan los trabajadores sociales o los sanitarios, lo hacen los Mossos. Se detiene a los padres o se retiran pasaportes. Eso provoca que muchas familias decidan devolver a las niñas antes a sus países y dejarlas allí. Al final, las desprotege más. La formación al sanitario tiene que ir más allá de que levante el teléfono para llamar a la Policía cuando detecte a una niña en riesgo de ser mutilada”. Otro aspecto negativo es que “para impedir que se mutile en España, si se retira el pasaporte a la niña o los padres, se obliga a que esta pase cada seis meses una revisión de genitales, con la invasión de su intimidad que eso supone”.
Wassu-UAB, igual que Medicus Mundi, apuesta por un protocolo en el que “se coordine a todos”. Según Kaplan “si durante el seguimiento del embarazo se detecta que la madre está mutilada y el bebé es niña, como esa menor es residente en España y va a seguir en el sistema de salud, el pediatra luego puede hacerle un seguimiento. Se coordina con el trabajo de los trabajadores sociales y los futuros profesores de esa niña, que serán gente cercana a la familia y que no va a llegar criminalizando sus tradiciones, sino haciendo un trabajo de concienciación”. Es “la forma más efectiva, más allá de tratarlo como un problema policial que sirve para que algunos se pongan medallas pero que no piensas en las niñas a las que supuestamente protege”, concluye la presidente de Wassu-UAB.
