Podemos propone que personas en exclusión social paguen menos del 30% de ingresos familiares en vivienda y suministros

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha presentado este viernes un documento sobre el que plantean basar una futura proposición de ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, que se basa en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Entre las medidas, contempla que los gastos de vivienda y suministros básicos no superen el 30 por ciento de los ingresos familiares para personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad.

En rueda de prensa, la secretaria general y portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, acompañada por el diputado Juan Antonio Gil, ha explicado que, partiendo de este texto, que ha sido adaptado por Podemos a la normativa andaluza, el grupo buscará el consenso con el resto de partidos y con colectivos sociales para registrar una propuesta legislativa en el Parlamento andaluz que acabe con el drama de los desahucios y la pobreza energética.

Rodríguez ha puesto en valor que “frente a quienes llaman a Podemos antisistemas, abanderamos la ley internacional humanitaria” con esta propuesta, que confía que salga adelante en Andalucía porque entiende que si logró el consenso de todas las partes en Cataluña, es un buen texto que puede solventar la situación que padecen muchos andaluces consecuencia de la crisis, que por el contrario ha permitido a “los principales tenedores de viviendas y a la oligarquía eléctrica, aumentar sus beneficios”.

De esta manera, el texto busca “atajar” los problemas de la vivienda y de pobreza energética que padecen los andaluces ante una situación, para Rodríguez, “escandalosa” marcada por cifras “devastadoras”. Por lo que Podemos espera elaborar una buena proposición final, “que cubra las necesidades de las personas más vulnerables de la sociedad andaluza, que nos asegure que no habrá muertes por no poder encender la calefacción o que podremos parar, también desde las instituciones, los miles de desahucios que se producen anualmente”.

Así las cosas, la formación morada plantea abordar esta circunstancia desde las competencias autonómicas mediante el derecho de los consumidores. Es una proposición de ley, según Podemos, “estratégica y de gran calado”.

Entre las medidas que recoge el texto, Gil ha subrayado que contempla que los gastos de vivienda, de consumo energético y de agua no superen el 30 por ciento de ingresos familiares, para las personas que se encuentran en situación de exclusión social y vulnerabilidad en función del baremo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

En la misma línea, para luchar contra la pobreza energética, se facilitarían ayudas públicas combinadas con rebajas, e incluso quitas, por parte de las compañías suministradoras para los consumos mínimos en función de criterios exclusión social.

Además, entre otras medidas, se obliga a las empresas suministradoras de luz, agua y gas, a solicitar un informe a los servicios sociales para conocer la situación de exclusión social en la que se encuentran las familias, en función de los supuestos que recoge esta ley, antes de proceder al corte del suministro, así como también tendrá que informar a los usuarios de los derechos a los que se pueden acoger antes de proceder al corte.

MEDIDAS DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Respecto a las medidas para atajar el problema de la vivienda, propone hacer una declaración de emergencia habitacional para garantizar los derechos habitacionales, incluidos los de suministros vitales durante, al menos, tres años.

Además, el texto que defiende Podemos contempla fomentar los procedimientos extrajudiciales, una idea que, como ha explicado Gil, estaba en el anteproyecto de ley de retracto de la Junta pero que ahora, en este texto, incluye la creación de comisiones de sobreendeudamiento que actuarían más como mediadores que como árbitros, buscando acuerdo en lugar de imposición.

De la misma manera, recoge la posibilidad de cancelar las deudas de una familia cuando no tenga bienes suficientes para hacerles frente, una circunstancia que podrá extenderse a fiadores o avalistas del deudor principal si tienen relación parentesco, de manera que al suscribir una hipoteca, “se hipotecará el inmueble y no la vida del hipotecado”.

Para mitigar el problema de los desahucios, el documento apuesta por forzar a los bancos que ejecutan lanzamientos a ofrecer una propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda de ejecución hipotecaria.

Asimismo, se crearía un fondo de vivienda, al que contribuirán las personas jurídicas que posean viviendas vacías en un municipio con al menos una unidad familiar en riesgo de exclusión social, esto son entidades financieras y otras personas jurídicas que desde 2008 hayan hecho objeto negocio el mercado de la vivida, como los fondos buitre.

Y también incluye, entre otras medidas, que los alquileres sociales y las ayudas que pueda conceder la administración se fijarán en función de los ingresos familiares, generalmente aplicándose una escala progresiva de porcentaje.