Reacciones: El socio de gobierno y los sindicatos, nuevos invitados
Las reacciones a la Operación Heracles, y a lo que gota a gota se ha sido conociendo durante estos días de comparecencias y autos de prisión, no ha dejado indiferente a nadie. Y menos que a nadie al PP-A. Los populares han vuelto a centrar sus miras en José Antonio Griñán, máximo responsable de la Administración autonómica en la actualidad y consejero de Economía y Hacienda en los años en los que supuestamente la trama de los ERE fraudulentos estaba activa. Durante estos días le han exigido en varias ocasiones al presidente de la Junta su dimisión y que asuma las responsabilidades políticas derivadas del caso. El sábado, las ejecutivas provinciales del PSOE-A manifestaban su respaldo a Griñán ante una campaña “vergonzosa y obscena” por parte del PP contra su persona.
Al margen del segundo ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo, el PP-A ha expresado sus sospechas sobre que algún miembro de los imputados o detenidos en el reciente operativo de la Guardia Civil pudiera haber “estado” o “pasado” por los “despachos” del PSOE-A en San Vicente, por los del PSOE de Sevilla en Luis Montoto o incluso por los de la Diputación de Sevilla para “recibir órdenes” al respecto. Así se manifestaba su secretario general, José Luis Sanz, quien exige a Griñán que “salga de su escondite” y aclare si alguno de los miembros de “esta organización criminal, tal y como la ha denominado la Guardia Civil”, pudiera haber tenido alguna relación con su partido.
Por el contrario, la Junta de Andalucía ha mantenido intacta su postura ante los ERE: haber denunciado los hechos y haber colaborado activamente con la Justicia (la Junta ejerce acusación particular junto al PP y los sindicatos UGT y Manos Limpias) y esperar a que los auténticos responsables del fraude cumplan castigo cuanto antes. Sin nuevos imputados relacionados con la Administración, el argumentario no ha variado. Susana Díaz, consejera de la Presidencia, resumía con estas palabras el sentir de la Administración autonómica, salpicada con el escándalo desde hace un par de años: “Quien lo haya hecho mal que lo pague y se recuperen cuanto antes aquellas cantidades que indebidamente han sido sustraídas”. La justicia, a su juicio, “tiene que actuar de manera inmediata sobre los responsables”. En la misma línea se ha mostrado el Gobierno central, cuya portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, pedía a la Junta tras el Consejo de Ministros del viernes, una colaboración “lo más intensa posible” para depurar responsabilidades.
La otra patata caliente tras los avances del caso de los ERE la tiene IU, socio de Gobierno del PSOE, impulsor de la comisión parlamentaria de investigación, que entre junio y noviembre de 2012 no depuró responsabilidades políticas y que ahora se ve en una posición nueva. Su coordinador regional, y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha dicho que se replantearía el acuerdo de gobierno con el PSOE “si la Justicia va más allá de lo que ahora mismo ha puesto encima de la mesa” en el caso de los ERE y, por tanto, si se superasen “los límites del compromiso de gobierno”. De momento, para IU, es un elemento “que no ha llegado y si llega, lo veremos”.
El momento procesal de la instrucción también ha sido la percha de la que ha colgado sus argumentos la Junta para defender la coalición. Susana Díaz ha asegurado que no ve necesidad de “replantear” el pacto entre PSOE-A e IULV-CA en la Junta porque el caso se enmcuentra “en la misma situación, en los mismos hechos, con los mismos protagonistas y con la misma línea de investigación que tiempo atrás”. Al tiempo, insistía en que ambos partidos son “los más interesados, sobre todo nosotros, en que esto se aclare cuanto antes y que se depuren las responsabilidades que tengan que llevarse a cabo y que se recupere hasta el último euro de las arcas de la Junta de Andalucía que haya sido sustraído de manera ilegal”.
Otros nuevos invitados como presuntos afectados en el Caso de los ERE son los sindicatos. La juez Alaya ha relatado en uno de sus últimos autos que el director de Vitalia, una de las mediadoras, entre 1995 y 2011 “presuntamente pagaba también a los sindicatos, a los entornos de UGT y CCOO, a los que ordenaría el pago de 4.291.384,10 euros, según los datos bancarios y fiscales analizados”, procedentes de las sobrecomisiones “pactadas” con la Junta.
Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y de UGT-A, Manuel Pastrana, no tardaron en negar las acusaciones. Carbonero señalaba que el sindicato “no ha cobrado ni un duro” de ninguna aseguradora implicada y que él no conoce “ni la cara de los directivos de las aseguradoras”. Por su parte, Pastrana ofrecía enseñar las cuentas de la central sindical “a la juez y a quien quiera contrastarlas, pues somos honrados”. La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y la de UGT de Andalucía aseguran en un comunicado que nunca han recibido “ingresos ilegales en su actuación en defensa de los trabajadores en los ERE en los que ha intervenido y sigue interviniendo, en toda España y también en Andalucía”, función a la que, aseguran, no van a renunciar.
