La confusión por el Real Decreto aún dificulta la asistencia sanitaria a personas inmigrantes

El Gobierno de la nación aprobó en abril del pasado año el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional provocando un giro importante en la legislación. Ese cambio es especialmente relevante para las personas extranjeras que no se encuentran en una situación fiscalizada, perdiendo el derecho a la asistencia sanitaria, en la medida en que la ley blinda el concepto de aseguramiento. Las personas, que siempre habían sido ciudadanas o usuarias, pasan a ser aseguradas. Y el aseguramiento tiene condiciones. La ley impulsada por el Gobierno central limitó el acceso a aquellos supuestos que respondan a una urgencia por enfermedad grave o accidente; la asistencia al embarazo, parto y postparto; a menores de edad; solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata. Así, 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España fueron dadas de baja, según las cifras que el ejecutivo lanzó al anunciar su Programa Nacional de Reformas 2013.

Históricamente la Junta de Andalucía ha reconocido el derecho de la población inmigrante a la atención sanitaria, con las mismas prestaciones que el resto de la población. En Andalucía existen entre 30.000 y 46.000 inmigrantes en situación irregular, según las cifras estimadas. Esta población dispone de una tarjeta de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de Atención Primaria y tiene la misma validez que la tarjeta sanitaria individual de cualquier otro ciudadano. Las atenciones a la población inmigrante no regularizada suponen una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. La frecuentación de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6% de las consultas totales, el 2,3% de la asistencia a urgencias y el 7% de los partos atendidos.

Desde que el Consejo de Ministros anunciara el decreto, la Consejería de Salud expresó su compromiso de ignorar la aplicación de la medida y mantener la prestación de servicios exactamente igual que antes garantizando la asistencia. El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido, en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad. Así, en 2012, se emitieron 30.427; mientras que en 2011, se distribuyeron 46.194 y, en 2010, 56.879.

Esta voluntad expresada por la administración andaluza es valorada y respaldada por las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno. Pese a ello, ponen de manifiesto que en la práctica sigue existiendo confusión entre el personal administrativo sobre la cobertura que pueden facilitar, y que ocasionalmente se lanzan mensajes erróneos a la hora de obtener la tarjeta sanitaria y que eso supone un freno al acceso. Andalucía Acoge, Médicos del Mundo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía están realizando un informe sobre este tipo de incidencias para compartirlo y trasladárselo a la Consejería de Salud.

Francisco Ravé, coordinador en Andalucía de Médicos del Mundo, confirma que “hemos constatado que se producen incidencias. De momento, cuando desde aquí se las hemos traslado a la Consejería, se resuelven con más o menos fortuna dependiendo de los centros o la zona”. Además explica que desde varias organizaciones “estamos realizando un informe para analizar en todas las provincias este fenómeno y estamos en fase de consolidar la investigación y preparando la información para compartirla con los colectivos de nuestro entorno y con la administración sanitaria”, y aclara que hasta ese momento “no se podrá decir sólidamente, cuál es la situación”.

Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge, confirma que “hay signos de algunas cuestiones que no están funcionando bien” y que hay “situaciones particulares” en las que “hay que abordar qué está pasando”. Nos consta que “en urgencias no hay problemas, pero puede haberlos en otros ámbitos, sobre todo, en lo relativo a la información que se traslada”. En su opinión, “hay confusión tanto para las personas que solicitan un servicio como entre el propio personal sanitario”.

El vericueto administrativo

Este aspecto lo ratifica Talía Ardanas, perteneciente a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha constatado cómo cuando una persona sin papeles llega a un centro de salud “lo primero que hacen es derivarlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a ver si desde allí pueden tener acceso a una cobertura sanitaria”. “Lo que ocurre es que cuando llegan al INSS se les facilita la información del Real Decreto Ley que les niega la cobertura sanitaria”. En su opinión, “lo que desde los centros de salud deben recordar a estas personas es que desde allí mismo pueden solicitar la tarjeta temporal”. Esta situación, que Talía justifica con el “desconocimiento o la dejadez”, lleva a un laberinto que hace circular al inmigrante ante el personal del centro de salud, los trabajadores sociales, los cooperantes de las ONG's, el personal de las oficinas del INSS y otra vez de vuelta al centro de salud.

En la labor de análisis de estas incidencias, desde la APDHA han podido comprobar cómo en algunas ocasiones desde el teléfono de información del SAS, Salud Responde, se ha traladado información errónea e incluso puntualmente se ha indicado que, si no tiene papeles, y por tanto no tiene tarjeta sanitaria, “no tienen asistencia sanitaria y tendrá que ir por urgencias”. De hecho, las consultas realizadas por este motivo al correo electrónico de Salud Responde remitían en diciembre de 2012 a los conceptos expresados en el Real Decreto. Aunque desde febrero sí se facilita una información adecuada, por lo que Talía ha podido comprobar “existe todavía confusión entre los propios profesionales, que desconocen esa voluntad expresada por la Junta y aún tienen en mente las disposiciones del Real Decreto”. En su opinión, “la Consejería de Salud ha lanzado un compromiso verbal a personas inmigrantes sin permiso de residencia, pero esa voluntad no ha ido acompañada de ninguna herramienta legal o administrativa en la que puedan ampararse”.

Normalidad y cautela

En ese sentido Javier Álvarez, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol de Málaga, indica que los trabajadores sanitarios “agradecerían por parte de Salud, iniciativas o herramientas que permitan aclarar bien la información entre los profesionales” y reconoce que esta confusión puede “producir disfuncionalidades o aumentar el riesgo del efecto disuasorio entre la población”. En su opinión, los profesionales están comprometidos con una asistencia universal y por la defensa de ese derecho, pero esta confrontación entre políticas y modelos “no gusta, por la sensación de estar trabajando como outsider en un entorno confuso”. Pese a todo, Álvarez confirma que se ha seguido prestando una asistencia sanitaria normal y no le consta que se le hayan negado servicios. Su perspectiva aun así es cautelosa, y cree que habrá que hacer esfuerzos en las labores administrativas y de papeleo para saber siempre “qué hacer y qué información trasladar en cada caso”. Asimismo, Juan Antonio Pineda, especialista en Enfermedades Infecciosas del Hospital de Valme de Sevilla, confirma que la asistencia y prestaciones a nivel hospitalario siguen siendo las habituales.

Fuentes de la Consejería de Salud subrayan que en Andalucía, la atención sanitaria a extranjeros no regularizados se mantiene por razones humanitarias y de salud pública porque el control sanitario de la población evita problemas posteriores y la proliferación de enfermedades ya erradicadas en la comunidad. Respecto a las incidencias o posibles confusiones a la hora de obtener la tarjeta, confirman que se dieron instrucciones a los centros coincidiendo con la entrada en vigor del Real Decreto para reforzar la idea de que la atención sanitaria a inmigrantes en situación administrativa no regularizada se mantenía exactamente igual en Andalucía, es decir, que las personas inmigrantes seguirían teniendo derechos a las mismas prestaciones. Pese a ello, desde Salud reconocen que “puede que algunos profesionales que tienen que atender a usuarios pueden haber interpretado de forma incorrecta esta información”, Pese a considerar que “se trataría de casos puntuales”, explican que “se está analizando la situación para determinar si es necesario reforzar la información entre profesionales de los centros y también con asociaciones y ONG's que atienden a personas inmigrantes”.

Por otra parte, José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, confirma que se ha recibido alguna queja en este sentido, “que aludía a la información trasladada por personal administrativo o celadores”; y no ha tenido constancia de ninguna incidencia grave o ninguna negativa a la asistencia por parte de ningún servicio o profesional.

Diferencias con otras Comunidades Autónomas

Pese a las dificultades, estos episodios no tienen el alcance de los sucesos que se están produciendo en otras comunidades autónomas. La exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro, tal y como se ha argumentado desde el Gobierno central, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja. La aplicación del Real Decreto se ha ligado a algunos sucesos recientes. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación para determinar si hubo falta de atención médica en la muerte de una mujer inmigrante, que falleció el 20 de febrero de 2013, después de acudir cinco veces al servicio de urgencias de centros de salud y de un hospital. Sólo en la Comunidad Valenciana 318 personas han denunciado desde noviembre barreras para acceder a los servicios sanitarios.

La organización Médicos del Mundo realizó, con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, un Mapa—Semáforo en el que analiza la situación a nivel nacional. En el capítulo andaluz, pese a reconocer la voluntad de la Administración autonómica, ya criticaba que “todavía no ha instaurado un sistema alternativo de acceso igualitario a la atención sanitaria para aquellas personas residentes que quedarán excluidas del registro de asegurados/beneficiarios del INSS en el momento en el que no puedan acceder a la tarjeta sanitaria”. En el mapa puede verse claramente qué Comunidades Autónomas están poniendo en riesgo la salud de las personas a juicio de dichas organizaciones. La organización ha apuntado claramente a los sistemas sanitarios de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Navarra. Muchas de esas situaciones de exclusión están siendo recopiladas por la plataforma Yo sí, sanidad universal, que recopila testimnios reales y ofrece información a los profesionales.