El SAT pide la “intervención” de la Junta para facilitar a jornaleros el aprovechamiento de una finca “abandonada”

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha pedido la “intervención” de la Junta de Andalucía que para facilitar a jornaleros el aprovechamiento de una finca de olivar que lleva “tres años abandonada”. El objetivo es poner en funcionamiento esta explotación, ubicada entre los términos municipales de Úbeda y Baeza (Jaén), para generar una cosecha con la que estiman que se podría generar empleo.

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa el responsable provincial de la organización, Andrés Bódalo, quien ha considerado un “éxito” las actuaciones que desde el pasado 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo, han desarrollado unas cien personas. Según ha dicho, han sido “cinco ocupaciones” en las que han llevado a cabo tareas de limpieza en “unos 500 olivos” de los aproximadamente 500.000 que forman la finca La Rueda-Casa Baja. Este jueves, tiene previsto volver a acudir a esta finca, de 580 hectáreas, con la presencia del líder regional del SAT, Diego Cañamero, y el parlamentario de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Pretenden “dar vida” a unas tierras propiedad “desde hace unos dos años” de la entidad bancaria BBVA, con la que Bódalo asegura que han contactado para presentarle su proyecto. “Pedimos que nos ceda la finca en arrendamiento para poder trabajarla y, sobre todo, poder aprovecharnos de su fruto. No nos interesa la subvención (comunitaria) ni la propiedad; nos interesa la producción”, ha explicado para añadir que “hasta ahora no ha respondido” y “dice que lo está estudiando”. Con él, estiman que se pueden crear en torno a 1.500 empleos, ya que durante tres meses pueden trabajar unas 300 personas para ponerla en condiciones, a las que se sumarían “como mínimo otras mil” en la campaña, tanto de aceituna de mesa como para la producción de aceite, cuando calculan que se pueden recoger unos cuatro millones de kilos.

El dirigente del SAT ha precisado que trasladaron esta oferta al director de la oficina en Úbeda, que dio el préstamo a la anterior propietaria, y les comunicó que “su opción es vender”. En este punto, ha considerado que “ningún empresario tiene hoy un plan de viabilidad” para la finca, que “sí” posee el sindicato: plantea actuar cuando se lo permitan “sin cobrar ni un duro con la condición de que cuando se recoja la aceituna cobrar los salarios” trabajados ahora para acondicionarla.

“Queremos que nos los permita con un acuerdo de cesión; lo que ellos crean hasta que tengan un comprador para poder trabajarla”, ha incidido para reivindicar, además, que “la Junta puede intervenir o tener un diálogo con el banco para intentar llegar a un acuerdo”, teniendo “respaldo político”. Junto a ello y sin dejar de la lado la implicación del Gobierno andaluz, ha aludido a otras dos opciones. La primera pasaría por librar una partida en sus presupuestos del año que viene para, en el marco del banco de tierras previsto, poder comprar la explotación y “entregársela a la jornaleros”, mientras que la segunda supondría recurrir a otros tipo de instrumentos.

MECANISMOS LEGALES

Al respecto, se ha referido, por ejemplo, al decreto Donadío-cota 400 articulado en 1986 para esta zona de la provincia, cercana a La Rueda, y que “parece ser que está en vigor”. “Tiene mecanismos legales, y así se lo hemos transmitido tanto al grupo parlamentario de IU como de PSOE, para hacerse con la finca”, ha asegurado Bódalo, quien ha recordado que en virtud de esa norma se invirtieron “2.500 millones de las antiguas pesetas para mejorar infraestructuras, regadío, electrificación, caminos”, pero “no han cumplido nada” de sus planteamientos para poner esa tierra a disposición de jornaleros.

Junto al “carácter social” que, a su juicio, se puede esgrimir con este decreto, también ha destacado la vertiente “medioambiental”, puesto que el abandono de la explotación ha hecho que la maleza llegue “casi a las copas” de los árboles, siendo un “peligro” en caso de incendio, por lo que también piden a la Junta que intervenga.

En cualquier caso, el responsable provincial del SAT ha dicho que, mientras espera que se produzca esa posible implicación o llega respuesta de la entidad, seguirán acudiendo a trabajar la tierra. Ello, además, a pesar de lo que ha calificado como “represión” ordenada desde la Subdelegación del Gobierno con un “dispositivo importante con motos e, incluso, helicóptero” cada vez que van a la finca y cuando su propietario “ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema”.

MULTAS Y DIMISIÓN

Esta actitud “represiva” desde la institución que dirige Juan Lillo también se refleja, para el SAT, en las numerosas multas que han llegado a sus miembros por acciones reivindicativas ante la “pésima situación” laboral de la provincia, sobre todo en Jódar, localidad donde también “se padece una ordenanza sobre megafonía” por la que el Ayuntamiento ha abierto “13 expedientes de 1.500 euros cada uno”, tal y como ha señalado Francisco Moreno, quien ha cifrado el total de ambos tipos de sanciones en unos “80.000 euros”.

Asimismo, este miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jaén no ha dejado pasar la oportunidad de solidarizarse con el joven universitario detenido tras la “agresión policial” al finalizar la manifestación convocada el pasado jueves en la capital así como con el resto de afectados en esa “carga”, por la que ha exigido la dimisión del subdelegado.