Andalucía seguirá prestando los servicios de reproducción asistida

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, se ha mostrado “absolutamente en contra” de los criterios de acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública que ha determinado el Ministerio de Sanidad porque “introduce modificaciones en la cartera de servicios” y ha subrayado que Andalucía continuará prestando los servicios a las mismas mujeres que hasta ahora.

“La orden que va a regular la cartera de servicios deja fuera a las mujeres solas; limita la cartera de servicios a estas mujeres en función de su estado civil y de su orientación sexual, además estamos en desacuerdo porque va contra de le ley 14/2006, que dice que mujer podrá ser receptora de las técnicas con independencia de su estado civil u orientación sexual”, ha resumido la responsable andaluza al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sánchez Rubio no ve relevante el peso de la “racionalidad del gasto” en este cambio sino que cree que detrás de las modificaciones lo que hay es “un criterio ideológico” y que supone un ataque contra la universalidad del Servicio Nacional de Salud. Así, ha insistido en que “lesiona la igualdad” entre las mujeres y ha recordado que la ley obliga a la atención a las mujeres “independientemente de su estado civil”.

“Entendemos que esta modificación altera sensiblemente ese principio de igualdad”, ha insistido Sánchez Rubio, que ha hecho hincapié en que Andalucía mantendrá los servicios en las mismas condiciones que está regulado por ley porque “es garantía de equidad e igualdad del sistema”.

Por otro lado, la consejera se ha manifestado en contra de la modificación de la cartera de servicios para atender situaciones de salud pública, incluyendo a personas que no están aseguradas y ha mantenido que a la Junta le “preocupa enormemente” este asunto porque, en primer lugar, “discrepa absolutamente” de lo que se estableció en el decreto 16/2012 “donde se pasa de un sistema universal a uno de aseguramiento”, lo que significa que hay muchas personas que no están aseguradas y no van a ser atendidas.

Además, “ahora a esas personas que no están aseguradas se les obliga a tratarse cuando tengan enfermedades de salud pública, como la tuberculosis, pero después se les hace pagar las prestaciones”, ha criticado la consejera. “Usted se trata y después le pasamos la factura”, ha reprochado.

Por último, ha expuesto en la reunión su preocupación por el tratamiento que se está dando a la enfermedad mental, ya que, por una parte, el Código Penal, la “estigmatiza como si fuera de peligrosidad” y, por otra, en el ámbito sanitario, se aborda como “un problema de salud pública”. “Nos ha costado muchos años, desde la reforma psiquiátrica, quitar ese estigma sobre la enfermedad mental y creemos que es muy importante que la salud mental no esté en ese ámbito de salud pública”, ha concluido.