Macrodenuncia contra la Junta por no incluir funcionarios en la gestión de subvenciones y contratos
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha dado este lunes otra vuelta de tuerca a la ya judicializada concesión de subvenciones y ayudas públicas en Andalucía, esta vez a cuenta de la no intermediación de funcionarios. Según este sindicato, desde que se aprobó la reordenación del sector público hace más de tres años, la Junta no ha contado con la participación de empleados públicos de la Administración General en la gestión de centenares de actos administrativos años que han derivado, entre otras cosas, en ayudas y subvenciones por valor de al menos 950 millones de euros.
Por eso han puesto en manos de la Justicia ordinaria, además de la gestión y la concesión de subvenciones, otras tareas de tramitación administrativa como la contratación administrativa, el control de gastos y la fiscalización, “fuera de la inspección presupuestaria y de intervención”, por parte de varias agencias públicas empresariales de la Junta. La denuncia, presentada este los juzgados de Sevilla, se dirige hacia casi lo más alto de la jerarquía de la Administración, concretamente contra 42 altos cargos y ex altos cargos del Gobierno regional por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas y malversación de fondos.
En una rueda de prensa celebrada en Sevilla, dirigentes del SAF han insistido en la “ingeniería jurídica” de la Junta “para pretender dar legalidad a algo que no lo es”, recordando que desde la entrada en vigor de la ley 1/2011, de reordenación del sector público, recurrida por el PP en el Tribunal Constitucional, siete agencias públicas empresariales no han contado con los servicios del personal funcionario para la resolución de actos administrativos: Agencia Andaluza de Cooperación, Agencia de Innovación y Desarrollo, Agencia Andaluza de la Energía, Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios, Agencia Pública de Puertos, Agencia de Vivienda y Rehabilitación, Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Según los argumentos de la denuncia, de 60 folios, de acuerdo al artículo 69.3 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, corresponde en exclusividad la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas será personal funcionario de las consejerías adscritos funcionalmente a las agencias, dado que el personal propio de éstas es exclusivamente laboral. “Sólo en una agencia se han hecho las cosas como se tenían que hacer (Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía)”, ha señalado el SAF, pero existe una “sistemática forma de trabajar” que “usurpan funciones públicas que deben ser ejercidas por funcionarios”.
“Administración politizada”
Entre los altos cargos denunciados por el SAF (todos aquellos que se considera que han podido impular o alertar acerca de estas “ilicitudes) se encuentran viceconsejeros, secretarios generales técnicos y directores generales de Presidencia; Administración Local y Relaciones Institucionales; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Educación, Cultura y Deporte; Fomento y Vivienda; Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Un total de 18 personas siguen siendo altos cargos y 24 han dejado los puestos por los que ahora se les denuncia.
El sindicato, que exceptúa las subvenciones con cuantía inferior a 3.000 euros (que no son objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), incide en que las agencias no han modificado sus relaciones de puestos de trabajo (RPT) de acuerdo a lo dictado por la ley 1/2011 y “han trabajado al margen de la legalidad vigente”. Es, según el sindicato, una “administración paralela y politizada” y que trabaja con “la discrecionalidad política con la que actúa siempre la Junta”, bajo una sensación de legalidad“.
El SAF entiende que, desde la mencionada reordenación del sector público, personal no habilitado ha ejercido tareas que sólo corresponden a los funcionarios, por lo que se habrían vulnerado dicha norma y la Constitución Española. Cree que los actos denunciados podrían ser considerados “nulos de pleno derecho” y lamenta la “falta de diálogo” de la Junta hacia el sindicato. “La Junta no dialoga con el SAF ni quiere saber nada de nada”, denuncian. El sindicato dice haber estudiado subvenciones concedidas por estas agencias en los últimos tres años y que han sido otorgadas sin la presencia del personal funcionario“, pretendiendo ”desemascarar el entramado jurídico“ del Gobierno andaluz.
