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El TSJA confirma la condena del exdelegado provincial de Empleo en el caso Mercasevilla
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena por cohecho dictada por la Audiencia de Sevilla contra el exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas y los exdirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce por solicitar una comisión ilegal de 450.000 euros.
El TSJA ha desestimado finalmente, y además “íntegramente”, los recursos de apelación promovidos por los tres acusados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que les condena a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación como autores de un delito de cohecho.
La sentencia condenatoria, ahora ratificada, les atribuye haber pedido una 'mordida' de 450.000 euros al grupo hostelero La Raza por la gestión de una escuela de hostelería promovida por Mercasevilla e incentivada por la Junta de Andalucía.
La decisión de la sala de lo Civil y Penal del TSJA, que puede ser recurrida ate la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se produce después de que los condenados pidieran la nulidad de las actuaciones o la revocación de la sentencia condenatoria.
Ponce y Mellet pidieron 450.000 euros a dos empresarios como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería que se iba a abrir en Mercasevilla durante unas conversaciones que fueron grabadas por los empresarios que denunciaron el soborno.
En su resolución, el TSJA considera que las grabaciones fueron válidas y estuvieron apoyadas por la declaración de los empresarios en la vista oral.
El TSJA reconoce que la participación de Rivas en los hechos ha sido la “cuestión más delicada y difícil” en esta apelación así como la que “más dudas le ha suscitado”, aunque considera que no se vulnera la presunción de inocencia del exconsejero porque “existe una base razonable para la condena impuesta”.
El tribunal recuerda que Mellet declaró a un policía que Rivas le dijo que pidiera dinero a los empresarios encargados de la gestión de la escuela, para lo que la Junta había aprobado una subvención de 900.000 euros.
En el momento de solicitar el soborno, sólo Rivas podía cumplir, por su condición de delegado de Empleo, la promesa hecha a los empresarios de que obtendrían la gestión de los cursos de formación de la escuela de hostelería, señala el TSJA.
“La solicitud de la dádiva era mucho más arriesgada si no contaban con la implicación de Rivas”, subraya el TSJA tras señalar que no hay razones lógicas para que Mellet inventase la implicación del exdelegado, con el que además le unía una buena relación personal.
La defensa de Ponce pidió que para condenar por cohecho a su cliente -al que no considera funcionario-, habría que acreditar que el supuesto acto ilegal cometido era propio de su función.
Sin embargo, el TSJA señala que Ponce, al que Mellet le dijo que el soborno fue iniciativa de Rivas, “no podía ignorar que estaría colaborando con un cohecho de una autoridad pública”.
