Ecologistas recurrirán la decisión del TSJA sobre el Algarrobico mientras la Junta valora si hacerlo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictaminado que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), es urbanizable, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata de 1994. La sentencia revoca el nivel de protección que se le dio en la nueva norma aprobada en 2008 y subraya que le corresponde el nivel de zonificación D2 o “suelos urbanizables cuyo desarrollo no resulta a priori contrario a los valores del espacio protegido”.

La resolución de la Sección Tercera, que estima el recurso interpuesto por la promotora del hotel Azata del Sol, tiene en cuenta la sentencia dictada el 11 de junio de 2012, que aunque llegó al mismo pronunciamiento anulatorio de la protección, consideró que la situación previa de los terrenos en el PORN de 1994 era la de C1, a diferencia de la que ahora se ha publicado, que los incluye en la D2. Explica el TSJA las razones que han llevado a alcanzar una diferente conclusión y señala que “se trata de un criterio distinto, que está motivado expresamente”, y que no existe entre una y otra sentencia cosa juzgada, “al intervenir partes distintas y con alegaciones diferentes”.

Dictada por los magistrados María Torres Donaire, Jorge Muñoz Cortés y María del Mar Jiménez Morera, se fundamenta en que ambos sectores “son suelo urbanizable”, y que estaban incluidos en el anterior PORN de 1994, al que sustituyó el de 2008, en el nivel D2. El TSJA reprocha a la Junta de Andalucía que, en fase de contestación del recurso, no haya ofrecido, “ni en la memoria que acompaña al PORN de 2008, ni en los distintos informes incorporados al expediente” la “más mínima justificación para el cambio” y da la razón a la promotora del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones al considerar que la decisión supuso una “restricción de sus derechos como propietaria” de los suelos.

Este órgano aclara también que el fallo “descarta que la Junta de Andalucía hubiera realizado ninguna manipulación fraudulenta en los planos del anterior PORN de 1994” lo que le lleva a mantener que la alteración realizada en los mismos para reflejar “los terrenos como D2” respondía a la necesidad de “salvar el error que presentaba la cartografía inicialmente publicada”, que los ponía como C1.

Hay que apuntar también que este fallo no afecta directamente a la situación jurídica de la revisión de oficio del permiso de obras del hotel ya que aunque se pronuncia sobre la situación de los mismos terrenos, “tan sólo resuelve sobre una modificación” del nivel de protección que es posterior a la concesión de la licencia, “así como al propio procedimiento donde se enjuicia aquella revisión de oficio”, según han informado desde el TSJA. De hecho, todavía está pendiente la notificación del fallo que debe dirimir si la licencia concedida en 2003 por el Ayuntamiento de Carboneras es “conforme o no” a derecho tras la celebración de audiencia pública el 14 de enero de 2014.

Por su parte, la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio ha informado que respeta la decisión pero no la “comparte”, de ahí el análisis que se está realizando por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía con el objetivo puesto en las posibilidades de recurrirla. En este sentido, desde esta consejería no se entiende “la desprotección que esta resolución va a provocar en el paraje de El Algarrobico”. La protección ya se blindó en el PORN del 2008 e “incluso fue elevada”, porque la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA así lo dispuso en la sentencia de 11 de junio de 2012. En esta sentencia se resolvía el recurso de Greenpeace contra la aprobación del PORN correspondiente a 2008.

Reacciones de los ecologistas

Precisamente, los ecologistas también van a recurrir. Salvemos Mojácar se querellará contra Jorge Muñoz Cortés, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado urbanizable el suelo del hotel del Algarrobico, contradiciendo así las cuatro sentencias anteriores de este mismo órgano y una del Tribunal Supremo. Tachándola de “impresentable”, José Ignacio Domínguez, abogado de la plataforma Salvemos Mojácar, ha destacado que la sentencia “contradice toda la jurisprudencia” y que “ha habido cosas raras que nos hacen pensar que esta sentencia prepara el terreno para lo que va a venir luego: la legalización de la licencia de obra”.

En su opinión, si esto ocurre, la promotora “tratará de reiniciar las obras, pero sólo en la parte que está fuera de los 100 primeros metros, que es la que quedaría en zona ilegal o de servidumbre”. Tendría que derribar la mitad del hotel y podrían construir 240 viviendas dentro del parque natural. “El supremo tendría que opinar si el juez ha incurrido en algún tipo de responsabilidad”, concluye.

Dolores Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, subraya que la sentencia “confirma” su preocupación por los “movimientos raros” de los últimos meses. No entendían por qué se retrasaba la sentencia. “El juicio se suspendió tres veces, la vista para sentencia se ha retrasado otras cuatro veces y la titular pidió la baja por un mes, pero, cuando se reincorporó, el tema del Algarrobico siguió en manos del suplente”, contra el que los ecologistas van a presentar ahora una querella criminal. La ecologista tacha a España de “campeona mundial de la construcción ilegal” y considera “un ejemplo pésimo y lamentable que no se derribe el Algarrobico, porque a base de prórrogas, se terminan saliendo con la suya”.

Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, no duda en calificar esta jornada de “día negro” contra la defensa del medio ambiente y lo contextualiza dentro de los dos últimos años de retrocesos medioambientales. “No entendemos la bipolaridad de este tribunal. No tenemos explicación y tenemos todas las alarmas encendidas ante el pleito sobre la licencia de obra, que está a punto de resolverse. Esta sentencia le allana el camino. Nos podríamos llevar un susto de muerte si dicen finalmente que la licencia de obra es legal”, concluye la ecologista.