Un grupo de investigadores denuncia que la Junta “deja morir la apuesta andaluza por la excelencia”
Algunos están o han pasado por el paro, otros han cambiado de centro en España, otros han emigrado, otros han conseguido ampliaciones de algunos meses con sus centros a la espera de que se resuelvan otras becas, otros se han presentado a plazas de profesor ayudanteen la universidad. Forman parte de un colectivo de investigadores beneficiarios de unos prestigiosos contratos de investigación de la Junta de Andalucía y la Unión Europea (Talentia Postdoc y Andalucía Talent Hub) a través de las cuales se pretendía atraer talento investigador a Andalucía pero que “a medida que van a acabando los contratos no se están complementando con ninguna estrategia de continuidad. Esto implica, evidentemente, más fuga de cerebros”. Por eso consideran que la Junta “deja morir la apuesta andaluza por la excelencia”.
Lo denuncian públicamente 66 investigadores que recibieron estas ayudas postdoctorales cofinanciadas con fondos europeos. Veinte de ellos aún tienen contrato hasta final de septiembre. Ha habido tres convocatorias aprobadas y lamentan “el profundo deterioro del sistema científico andaluz y el maltrato habitual a sus investigadores, fiel reflejo de las políticas públicas de I+D+i a nivel estatal”.
Quizás esta última cuestión es compartida con la versión que ofrece sobre esta denuncia la Junta de Andalucía. Consultada por este periódico respecto a la citada falta de previsión para la continuidad de la carrera investigadora que este grupo de beneficiarios achaca a la Junta y a los centros de excelencia andaluces, la Administración regional aclara que “lejos ser un problema de ámbito regional, es más bien una carencia endémica del sistema español de ciencia y tecnología”.
En todo caso, recuerdan que “las bases reguladoras de las ayudas 'Andalucía Talent Hub' y 'Talentia Postdoc' establecen, de forma explícita y clara, que el periodo de disfrute de ambas subvenciones será de 24 meses máximo y en ningún caso se recoge mención alguna a una posible continuidad de ambos programas. Entendemos que todos los solicitantes de dichas ayudas, en su momento eran -o debieran haber sido- conocedores de las bases reguladoras que regían la subvención que estaban solicitando”, explican.
De hecho señalan que, en la estipulación primera del convenio que regula la contratación de los beneficiarios de ambos programas por parte de los agentes del sistema andaluz del conocimiento, se establecía que “la concesión y disfrute de la subvención no implicará relación laboral alguna con la Agencia Andaluza del Conocimiento, ni con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (– actualmente Consejería de Economía y Conocimieno-), ni con la Comisión Europea, ni supone ningún compromiso de incorporación posterior del investigador o investigadora a sus plantillas de personal funcionario o laboral”.
“Esta limitación -añade la Junta- no se hace extensiva a los centros de investigación y a las universidades porque en el momento de disfrute de estas ayudas por parte de los beneficiarios estos sí que establecían una relación laboral con ellos. No obstante, que no se recoja explícitamente esta limitación en modo alguno implica que exista un compromiso posterior de contratación por parte de las entidades contratantes”.
Legalmente no pueden hacer nada puesto que no había compromiso de trabajo una vez acabado el contrato de dos años, reconocen los investigadores denunciantes, pero consideran que existe una “profunda esquizofrenia” entre la teoría de las políticas públicas que se anuncian y la realidad.
Durante el riguroso proceso de selección aseguran que se dio a entender a algunas de las personas candidatas que la intención de este programa era no sólo atraer a Andalucía a investigadores e investigadoras con gran potencial sino afianzarlos después en el seno del sistema andaluz de conocimiento. A día de hoy, lamentan que solo la Universidad de Sevilla ha hecho un esfuerzo por dar continuidad contractual a algunos investigadores, varios de los cuales han desarollado su labor en prestigiosas universidades internacionales.
“Lo que debía ser una inversión de fondos públicos”
Estos 66 investigadores han remitido su queja a la Agencia Andaluza del Conocimiento, a los grupos políticos y a los vicerrectorados de investigación de las universidades. “Creemos que es nuestra responsabilidad, como beneficiarios de lo que debía ser una inversión de fondos públicos, que la ciudadanía sepa cómo se gestionan su impuestos”. Lamentan que estaban llamados a ser “la punta de lanza del sistema científico andaluz mediante la captación de profesionales, tanto nacionales como internacionales, de alta cualificación en diferentes ámbitos de investigación”.
“La convocatoria que nos atrajo para apostar por estos contratos, a menudo incluso dejando puestos fijos en otros centros internacionales de prestigio, estaba llamada a atraer a Andalucía a 'investigadores excelentes' para 'generar conocimiento y transformar este conocimiento en tecnologías y servicios útiles para la sociedad'”. Con posteroridad, hace poco más de un año, el nuevo Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI2020) les llenó de esperanza ya que “a bombo y platillo” se anunciaba que se incorporarían al sistema andaluz de conocimiento a cerca de 7.000 investigadores en los próximos cinco años. Se especificaba, además, la “promoción de la carrera investigadora” y, como ejes transversales, la internacionalización y la unión por el conocimiento.
La información oficial de la Junta de aquel día de presentación del nuevo PAIDI decía en concreto que “entre las acciones concretas que contempla el PAIDI, destaca la apuesta por el capital humano, con iniciativas como el desarrollo de un programa de retorno al Sistema Andaluz del Conocimiento de tecnólogos e investigadores que se hayan marchado fuera de la comunidad. Además, se plantean medidas de apoyo a científicos consolidados y a talentos emergentes, programas de estancias en el extranjero o fomento del carácter emprendedor”. Como ya informó este periódico, en otro programa de retorno, esta vez de Empleo, el talento se resistía a volver a Andalucía: diez personas en dos años.
“Han sido bonitas palabras que se han repetido en el papel (en la convocatoria y en el PAIDI), en las entrevistas (cuando alguna gente estaba por ejemplo a punto de dejar un puesto fijo en la tercera mejor universidad estadounidense… y traerse a toda la familia) y en la reunión a la que nos convocaron hace un año para hablarnos de opciones de futuro en Andalucía pero que se las lleva el aire porque no se han traducido en nada real”, lamentan los investigadores.
La Junta, ante ello, insiste a preguntas de este periódico que la línea de ayuda para captación, incorporación y movilidad de capital humano de I+D+i prevé 71 millones de euros, de los cuales 61 irán dirigidos a la contratación de jóvenes para la adquisición de competencias y experiencia en materia de investigación, tanto predoctoral como postdoctoral y de apoyo a los distintos servicios de I+D+i, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo. Con esas y otras ayudas definidas en el PAIDI2020, “lo que buscamos es ampliar y reforzar el capital humano de I+D en Andalucía y dar respuesta a las diferentes necesidades que demandan las distintas etapas de la carrera de investigador”, insiste la Junta.
Carreras “sin continuidad”
“Desgraciadamente, para más de la mitad de nosotros han pasado ya los dos años de contrato y nos encontramos con que ni la Junta de Andalucía ni la mayoría de los centros de excelencia andaluces que nos han acogido han tomado medidas para afianzar nuestras carreras investigadoras en Andalucía. Únicamente, la Universidad de Sevilla ha mostrado una cierta predisposición a sacar plazas de ayudante doctor para tratar de retener a estos investigadores, aunque esto implique para estas personas una merma salarial del 50%”, señalan.
“Ahora que podríamos empezar a devolver a la sociedad andaluza lo que ha invertido en investigación, en forma de nuevos proyectos y transferencia de resultados, el sistema andaluz de conocimiento nos abandona”. La Junta ha cofinanciado el 60% de 66 becas de cerca de 150.000 euros, es decir cerca de 6 millones de euros. “Podría ser una inversión de futuro del conjunto de la sociedad andaluza pero, lamentablemente, al no dar continuidad a las carreras investigadoras de estos profesionales no sólo se deja morir la apuesta andaluza por la excelencia sino que se regala fondos públicos andaluces, para que la investigación sea continuada y por tanto rentabilizada en otros centros, a menudo en otros países”.
En definitiva, lo que este grupo de investigadores denuncia es “el uso de fondos públicos en un programa de promoción del talento investigador que, al no tener continuidad, en lugar de ser la inversión que debería, se convierte en un gasto con escaso retorno para la sociedad andaluza que lo financia”.
