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Tasa turística, ¿impuesto disuasorio para el visitante o ingresos para mejorar el sector?

Unos turistas toman unas bebidas con la Alhambra de Granada al fondo

Javier Ramajo

Agosto, España, Andalucía. Cobrar un impuesto a los turistas, he ahí la cuestión. La realidad turística de cada ciudad andaluza es diferente y el debate es recurrente: ¿se debe cobrar un impuesto a los visitantes? ¿supondría un efecto disuasorio ante potenciales turistas, ingresos para la mejora de servicios en el sector o una simple recaudación?

La tasa se cobra a los turistas en muchas capitales europeas y, en España, las comunidades autónomas de Cataluña y Baleares la tienen en vigor. La Junta de Andalucía ha dicho que, de momento, no toca. Con más de 28 millones de turistas en 2016, un 8,2% más que el año anterior, no considera oportuno ni plantearlo, pero deja vía libre a que cada municipio haga lo que quiera, como dijo recientemente la propia presidenta Díaz. La patronal andaluza también ha expresado su rechazo a una tasa turística por la “estacionalidad” del turismo andaluz.

Cataluña, desde 2012, y Baleares, desde 2016, son las regiones comunidades autónomas que tienen en vigor la aplicación de una tasa turística. Dentro de la región catalana, el impuesto distingue si el turista se aloja en Barcelona o en cualquier otra ciudad de Cataluña, así como el tipo de establecimiento en el que pernocte, cobrando diferente cantidad según persona y día de estancia. En Baleares se distingue entre temporada baja o alta, como explica pormenorizadamente la agencia de viajes Destinia.

En Europa existen experiencias que demuestran que la implantación de la tasa no hace disminuir el volumen de turistas. En Cataluña, por ejemplo, la llegada de extranjeros creció un 20% entre 2012 y 2014 a partir de la aplicación de la tasa. San Sebastián, uno de los destinos turísticos más rentables de toda España, se plantea también implantar un gravamen a los visitantes para evitar el descontrol y financiar mejor los “gastos suplementarios” que conllevan para su ayuntamiento.

Sin consenso en el eje turístico andaluz

Andalucía cuenta con una amplia y diversas oferta turística y es el principal motor económico de muchas ciudades, del que dependen miles de empleos directos e indirectos. En Sevilla, por ejemplo, supone el 14% de su PIB. Su alcalde, el socialista Juan Espadas, entiende que la reforma de la Ley de Haciendas Locales en la que trabajan la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda “hay suficiente margen de maniobra” para “habilitar a los ayuntamientos” en su aplicación “voluntaria”. “Vamos a trabajar en el ámbito de la FEMP y con el Ministerio para que Sevilla tenga la posibilidad legal”, comentó Espadas recientemente a la prensa.

Por su parte, el alcalde de otra de las ciudades más turísticas de la comunidad, Málaga, “no contempla ni ve oportuno” implantar el citado impuesto, apostando por “seguir creciendo la oferta y luego la demanda”. “Nosotros no lo hemos planteado. Quizá no sea necesario ir en sea dirección, no lo vemos oportuno, pero respetamos cualquier decisión que otras ciudades tomen”, ha dicho al respecto el popular Francisco de la Torre.

Más abierto a la posibilidad se ha mostrado el socialista Francisco Cuenca, alcalde de Granada, pero “en un marco de regulación autonómico”. En Córdoba también han apostado por una “posición común” entre las capitales que conforman el eje turístico andaluz, según dijo en su momento su teniente de alcalde de Turismo, Pedro García. Por tanto, ni existe consenso ni la regulación autonómica del asunto parece muy carcana.

Planteamiento “inoportuno”

“En Andalucía no nos planteamos ningún sistema de tasas turísticas. No es un asunto que esté en la agenda de la Consejería de Turismo y Deporte y no es un debate que esté en el sector. No se ha tratado en ninguno de los órganos de participación turística como la Mesa del Turismo o el Consejo Andaluz de Turismo”, apuntan al respecto fuentes de este departamento del Gobierno andaluz. “No consideramos oportuno hacer este planteamiento”, insisten.

Lo que considera “más coherente” la Junta es solicitar al Gobierno central la reducción del IVA en Turismo del 10% al 8%. Y no sólo en hoteles, sino también “en actividades relacionadas como agencias de viaje o culturales que actualmente tributan al 21%, uno de los más altos de toda Europa en estos segmentos turísticos, y que puede afectar a nuestra competitividad”.

El asunto de la tasa turística no está aún especialmente en la agenda andaluza. Prueba de ello es que las asociaciones de consumidores no se han pronunciado respecto a la posibilidad de que el contribuyente-consumidor tenga que pagar por estar en una u otra ciudad.

“No es un tema que esté entre las prioridades del sector”

Las asociaciones más representativas del sector turístico de Sevilla (hoteles, hosteleros y empresas de servicios turísticos) aseguraron recientemente no haber realizado ningún nuevo planteamiento ni haber sido consultados sobre este tema en ningún momento.

“El sector turístico sevillano tiene encima de la mesa una serie de cuestiones que es necesario tratar y mejorar como paso previo a considerar otros asuntos como el de la tasa. No es un tema que esté entre las prioridades del sector y habría que valorar el impacto negativo que este debate puede ocasionar en la imagen de la ciudad y en la planificación de quienes pueden elegir otros destinos”, han dicho. En todo caso, los empresarios turísticos se han mostrado completamente dispuestos a tratar cualquier cuestión que pueda incidir directamente en el turismo.

Por otro lado, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha manifestado su rechazo a la tasa, en consonancia con la postura que mantiene la patronal hotelera a nivel nacional y a nivel andaluz, considerando que “no es la medida indicada para solucionar los problemas de la promoción turística de los destinos”. Pese a ello, los hoteleros sevillanos se han mostrado dispuestos a ofrecer sus argumentos en cualquier espacio de discusión que se pudiera ya que, a estos efectos, no reconoce a ningún interlocutor válido del sector que no proceda de sus órganos institucionales, representativos de gobierno.

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