El fiscal apoya elevar el caso Tomares al Tribunal Supremo los “indicios de participación” de José Luis Sanz

La Fiscalía de Sevilla ha formulado ante el Juzgado de Instrucción número 8 un escrito en el que se opone a los seis recursos interpuestos contra el auto emitido por dicha instancia, resolviendo elevar al Tribunal Supremo la investigación del contrato gracias al cual el actual concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo de Tomares, el popular Juan Campos, percibió retribuciones del consistorio cuando no formaba parte de la corporación. Y es que median “indicios razonables” de que el alcalde y senador José Luis Sanz participase en los hechos. Hablamos de la investigación relativa a la contratación del edil del PP-A del Ayuntamiento de Tomares Juan Campos, para la elaboración de una serie de informes cuando no ostentaba aún el cargo de concejal, dado que su contratación a manos del consistorio se remonta al pasado mandato.

Las oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados a posteriori para justificar el dinero abonado a Juan Campos, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Tomares y el interesado fue formalizado en octubre de 2007 por un año “improrrogable”, pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009. El concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos fueron imputados por el Juzgado de Instrucción número 8, después de que las fuerzas de oposición elevasen el asunto a la fiscalía y ésta promoviese su propia denuncia. Después, la juez imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez, figurando también como imputado el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la empresa Guerra 21.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 8, a través de un auto fechado el 30 de abril, señala la “condición de aforado” del alcalde, José Luis Sanz, al ostentar un acta de senador por Andalucía, porque “procede estimar la incompetencia de este juzgado para continuar la instrucción y dirigir en su caso la imputación frente al mismo, por lo que procede acordar la remisión al Tribunal Supremo, órgano competente para ello”.

En este auto, la juez María de los Reyes Flores concreta que los informes aportados por Juan Campos “ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas”. En este sentido, apunta: “Los indicios nos permiten concluir que (los informes) son creados a tal fin y en tales fechas en el año 2013, pues incluso (...) las fotografías que los ilustran no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007 y 2008, sino posteriores”.

Frente a este auto fueron formulados seis recursos, uno de ellos del propio Eloy Carmona, pero la fiscalía se opone a todos ellos y defiende que las imputaciones “obedecen al resultado de la investigación practicada, resultando indicios más que suficientes de la participación en los hechos de cada uno de los imputados”.