El PP y C's fijan su límite a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía: la Transición no se toca
Para Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) la ley de Memoria Democrática de Andalucía tiene un límite innegociable: la Transición. Una época tabú, que no se toca. El paso de la dictadura a la democracia fue una “gran obra colectiva” con la que el país debe sentir “orgullo”, dicen. Por eso cierran ahí el marco temporal de la legislación memorialista que tramita el Parlamento autonómico.
La meta está en las primeras elecciones después de Franco en el 77, según los populares. La formación naranja arrastra la línea a la Constitución Española, casi un año más tarde. El proyecto de ley, en cambio, estira el periodo de competencia legal a la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía, en 1982.
Desde C's aplican, además, otro recorte que suprime el periodo relativo a la Segunda República. La ley de andaluza de Memoria Histórica, entienden, no debe empezar el 14 de abril de 1931 sino el 18 de julio del 36. El tramo que abarca del estallido en la península de la guerra civil al final de la dictadura franquista.
Ciudadanos y PP son los partidos que más enmiendas presentan a la normativa en tramitación. Parches que coinciden en el ámbito educativo, donde ambos partidos trazan condiciones a la entrada de la Memoria en las aulas. Y asumen, de paso, que el contenido curricular debe absorber la historia de España bañada en derechos humanos reconocidos para las víctimas del alzamiento golpista y el posterior régimen franquista.
Tajantes con el tránsito a la democracia
Pero con la Transición son tajantes: no se toca. “En el tratamiento de la Transición española hay que ser más respetuosos”, critica sobre la línea discursiva del proyecto de ley de Memoria Democrática de Andalucía el parlamentario popular Juan Ramón Ferreira. “Y más generosos con lo que se hizo aquí, una gran obra colectiva de todos los españoles”, continúa.
“Somos firmes defensores de la Transición española”, confirma el diputado naranja Sergio Romero. “El marco temporal hay que establecerlo desde la máxima rigurosidad y desde la oficialidad, cuando se rompe la democracia y se acaba hasta que vuelve a aflorar en España”, defiende.
El periodo transicional es “un elemental suceso de nuestra historia política” que merece “todo rigor”, en opinión del parlamentario de Ciudadanos. Una época de “mucha importancia” y trabajo común “en la que se pusieron los intereses del país por delante de otros”.
El texto que en la actualidad transita el proceso parlamentario dice que el “objeto de la ley” es regular la “política pública” para “garantizar” a los andaluces “el derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos” y “la protección, conservación y difusión” de la Memoria Democrática. En cuanto al periodo que abarca, el proyecto legal fija: “Segunda República, Guerra Civil, Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
Una ley sin “brindis al sol”
La enmienda número 8 presentada por el PP cierra la frase anterior de modo distinto: “hasta las primeras elecciones democráticas (de 15 de junio) de 1977”. Y la modificación 37, de Ciudadanos, suprime la etapa republicana y rectifica algún término más: “hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”. Cuando no hay democracia, del 18 de julio del 36 al 29 de diciembre del 78, especifican.
“Hay mucha virulencia (en la literatura de la ley) pero luego no hay potestad para entrar, por ejemplo, en la imprescriptibilidad de la ley de Amnistía”, sostiene Juan Ramón Ferreira. Una ley de punto final que la ONU recomienda abolir pero una “contradicción” para el popular porque Andalucía no puede “derogar y modificar leyes estatales, no es nuestra competencia”. “Yo y mi grupo nos sentimos orgullosos de la Transición” y por eso, dice, no comparte “el tratamiento que recibe en muchos de los párrafos”.
“El objeto del proyecto de ley es que por fin se puedan cerrar las heridas que aún quedan”, apunta Sergio Romero. “Que no haya venganzas ni se demonice a ningún bando”, continúa, “simplemente que se haga justicia con las víctimas y con quien no pudo ser enterrado dignamente”. Para “cerrar esta página dolorosa de la historia de España”, Ciudadanos “condena el franquismo y no va a suponer un obstáculo, al contrario”. Sí pide Romero, en cambio, “rigurosidad” con un marco temporal que cifra “fuera de la democracia y de las libertades”. Los tiempos, para Ferreira, deben estar “claros en la ley y no con brindis al sol”.
