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El Supremo no dictará su sentencia del 'caso Malaya' hasta 2015 por su “complejidad”
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados amplían el plazo para dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Sala de lo Penal fijó varias sesiones el pasado julio para escuchar al medio centenar de partes, entre ellas la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, que recurrieron la sentencia contra la mayor trama de corrupción afincada en Marbella. El volumen de abogados, más de cuarenta, y de público obligó a celebrar la vista en el Salón de Plenos, más amplio que en el que habitualmente se celebran este tipo de sesiones.
Tras casi dos años de juicio, la Audiencia Provincial condenó en octubre de 2013 a 51 personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión; a la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel; así como a empresarios, abogados y exconcejales marbellíes.
La Fiscalía criticó la “blandura” y el “buenismo” de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga y mantuvo que es “difícil” encontrar otro caso en el que “se hayan echado al bolsillo tales cantidades”.
En términos generales, pidió más pena a la mayoría de los procesados que han sido condenados, tanto exconcejales como empresarios; instando, además, a una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas por la Audiencia malagueña, de forma que se eliminen.
Concretamente para Roca pidió un total de 18 años de cárcel, nueve por el delito de blanqueo, cuatro por el de cohecho y cinco por el de apropiación indebida y reclamó que no se tenga en cuenta el atenuante de la confesión de Roca ya que ésta fue “parcial”, “inocua” e “inveraz”.
Coincidiendo con la Abogacía del Estado, el fiscal reclamó que se elimine de la sentencia las referencias a que las multas y los bienes decomisados se destinen a pagar la deuda del Ayuntamiento ya que, debe “aplicarse la legalidad vigente” y ser devueltos al Tesoro Público.
