El rector de la UPO reconoce “mala praxis” tras la sentencia favorable a los profesores asociados
- Vicente Guzmán asume el “error” que dibuja el fallo judicial adelantado por eldiario.es/andalucia tras la denuncia de Jesús Sabariego
El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán, se ha referido a la primera sentencia favorable a los profesores asociados que publicó eldiario.es/andalucia. Reconoce la “mala praxis” denunciada por el docente Jesús Sabariego y las condiciones precarias que afectan al denominado 'sector B' laboral. Define el fallo, no obstante, como un caso concreto sin influencia en el resto del profesorado y se trata de una situación que, para cambiar, precisaría de una modificación legislativa.
Las declaraciones del rector de la UPO han llegado en un almuerzo informativo en un restaurante sevillano. En dicho encuentro, y en declaraciones a los periodistas, aludía a la necesidad de que la Junta de Andalucía apoye un plan de fortalecimiento del personal en centros “muy tocados” por la tasa de reposición impuesta desde el Gobierno central. Guzmán anunciaba además un pionero Plan Académico Intensivo que permitirá al alumnado de la Olavide estudiar titulaciones de cuatro años en uno menos manteniendo los créditos actuales.
El Juzgado de lo Social 10 de Sevilla, como informaba en exclusiva este periódico, aplicaba con su resolución –puede consultar aquí el documento íntegro de la sentencia– derechos laborales históricamente negados al Personal Docente e Investigador (PDI). Encadenan contratos a cada año pero la sentencia asume el carácter estructural y no puntual de su función académica. “Es una sentencia histórica”, decía el denunciante. Y una herramienta para un colectivo azotado por “situaciones de auténtica precariedad” y que ha levantado “expectación” en el mundo universitario.
Sobre esta problemática de recursos humanos, el rector de la institución sevillana precisa que el fallo es aplicable solo al despido de Jesús Sabariego. “Este caso no es extrapolable al de otros profesores asociados, eso lo tenemos estudiado”, declaraba. “Y aquí podemos hacer una distinción” que dividía en “lo que la ley establece” y “otro discurso es si de verdad la universidad está precarizando demasiado o desvalorizando demasiado a sus profesores asociados”.
La 'precarización' que permite la ley
Dos “debates diferentes”, continuaba, que necesitarían una modificación legislativa. “Si creemos que esto está mal –refería sobre las contrataciones de PDI–, pues cambiemos la ley” que establece la obligación de que estos docentes sean profesionales con una actividad principal externa, apuntó. Señalaba, para ello, cómo “la propia ley y el convenio colectivo andaluz, firmado por todos los sindicatos, dicen con toda claridad” cómo es el estatuto de los asociados.
El rector de la Olavide refería el asunto a preguntas del periodista de eldiario.es/andalucia. “El fondo de la sentencia está muy claro, que es un caso concreto que no va a alterar ni influir en los contratos de ningún otro profesor asociado”, defendía Guzmán. Después del fallo judicial, extendía, “cada uno vende la historia como le interesa. Me parece muy aventurado poner excepciones como regla general. No pongamos ejemplos malos, de mala praxis, como si eso fuera la idea general de la universidad, porque no lo es”.
“En la UPO, como no podemos crecer en tiempos concretos por la tasa de reposición, por los recortes, etcétera, pues tenemos muchos profesores asociados. Eso es malo. Querríamos tener menos profesores asociados y más tiempos completos, por supuesto, es lo que queremos, pero no porque estemos usando fraudulentamente ni precarizando a nadie, sino porque no podemos atender la docencia de otra manera. Estamos haciendo lo que permite la ley. ¿Que los asociados están mal retribuidos? Sí, lo están. Cámbiese la ley, reconózcase mejor el trabajo de estas personas y donde haya personas que utilizan el fraude, pues castíguese y sanciónese”, ha manifestado.
“¿Que nos hemos equivocado en un caso? Según los tribunales eso es lo que ha pasado, pues asumimos esa equivocación y la sentencia en los términos que la ley permite que se cumpla y procuraremos no volver a incurrir en errores de este tipo porque generan un mensaje erróneo respecto de la situación normal”, concluía el rector de la Universidad Pablo de Olavide.