Unanimidad en el Parlamento de Andalucía para la ley que exige más transparencia a la banca en las hipotecas
Casi tres años después de que el Consejo de Gobierno aprobara la pasada legislatura el inicio de los trámites para el anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios de Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, el Parlamento de Andalucía la ha aprobado este martes por una unanimidad celebrada con aplausos, tras haber trabajado sobre 75 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios de las que ha sido aceptada la mitad. Precisamente esta tardanza ha sido mencionada por todos los intervinientes, que en todo caso, han coincidido en que “nunca es tarde si la dicha es buena” y se han agradecido mutuamente la colaboración.
Esta ley incluye, como principal novedad, un contrato de confianza que no es obligatorio, pero permitirá saber que los bancos que lo ofrecen darán fe a sus clientes de una mayor transparencia y de que huyen de cláusulas abusivas. Contempla una sección específica en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía: el Tribunal Arbitral para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. Igualmente, se impulsará la mediación extraprocesal previa o simultánea para llegar a soluciones consensuadas. En definitiva: evitar que se firmen hipotecas sin conocer a fondo qué se ha puesto al cliente por delante.
Se trata de la segunda norma en la materia dentro del paquete que la Junta de Andalucía inició la pasada legislatura (de gobierno del PSOE-A e IU) con la Ley de la Función Social de la Vivienda, que fue recurrida en el Tribunal Constitucional y finalmente tuvo que eliminar sus artículos más ambiciosos, como el que permitía expropiar a la banca las que tuviera vacías, pero el alto tribunal falló a favor del recurso del Gobierno de España en estos extremos. Todo ello en una comunidad autónoma que lidera el número de desahucios: fueron 10.694 en todo 2015 (frente a un total de 67.359),en una comunidad autónoma que lidera el número de desahucios: un 3,4% más, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que en la media nacional bajaron.
Para cerrar el círculo queda pendiente la aprobación de la Ley de Retracto de la Vivienda en la que la Junta de Andalucía se reservará el derecho a comprar las que hayan sido objeto de ejecuciones hipotecarias. La tramitación de su anteproyecto se inició en julio de 2015 por el Consejo de Gobierno y todavía no ha sido debatida en el Parlamento de Andalucía, por lo que han sido varios los diputados que han pedido celeridad en esto.
El consejero de Salud, Aquilino Alonso, como responsable de consumo, ha sido el encargado de defender el texto y ha confiado en que su entrada en vigor permitirá “evitar los abusos de todos estos años” en una decisión “tan importante” como la compra de una vivienda. Ha destacado el “trabajo conjunto, que es lo que esperaba la ciudadanía”, por lo que ha agradecido a todos los diputados que han hecho aportaciones. El objetivo es, tal y como ha expresado “proporcionar información y herramientas para tratar de acabar con los abusos en estas operaciones” de manera que la ciudadanía “conozca en todo momento los derechos que le corresponden”, y cómo puede hacer “valer las garantías que ofrece la Junta de Andalucía”.
Desde IU, Inmaculada Nieto, ha considerado que es insuficiente y ha mostrado su añoranza por otras políticas que había comprometido el gobierno que compartían con el PSOE-A, pero en todo caso ha reconocido que respaldan una norma que “es positiva”. En general, la diputada de IU ha incidido en la necesidad de continuar trabajando de esta manera “para ofrecer soluciones, especialmente a las familias más vulnerables”.
Desde C's también la han recibido “con agrado”, pero Isabel Albás ha lamentado igualmente “que llega tarde para tantos consumidores que han estado completamente desamparados”. Especialmente, ha incidido en la necesidad de que se dote de presupuesto “o será un brindis al sol”, por lo que “C's estará vigilante para que sea así”. Pero coinciden en que entre todos se ha mejorado el texto, por lo que la parlamentaria ha animado a seguir “abundado en esta fórmula de trabajo”.
Mientras, el diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha celebrado que su formación haya aportado “40 de las 75 enmiendas”. También ha dicho que “llega tarde para los miles de perjudicados”. Igual que ha apuntado que “las normas en vigor los dos últimos años no han sido capaces de paliar la situación (...) y la repercusión práctica ha sido muy pobre”, por lo que no se ha mostrado muy entusiasmado con ésta.
Desde el PP-A han reprochado que el Gobierno de Andalucía no le haya puesto “demasiado cariño” a esta norma y que “no haya sido una prioridad”. Su diputada Alicia Martínez ha recordado que empezó a tramitarse en 2013 y que ha pasado dos veces por el Consejo Consultivo de Andalucía, tiempo en el que “se ha dejado en el camino a muchas familias”. Ha aprovechado para destacar el “firme compromiso” de su partido en “la protección de los hipotecados” y para “parar en seco los desahucios de las personas más vulnerables”, para lo que ha referido las leyes y decretos del Gobierno de Mariano Rajoy, que han sido desglosados en el plenario. En su opinión, esta ley recoge los principales preceptos de las normas del Gobierno de España, por lo que no ha podido mostrarse en contra.
Se trata de primera ley aprobada por unamidad desde el inicio de la nueva legislatura tras las elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015 que han dejado la cámara más plural. En este tiempo, el Parlamento de Andalucía también ha aprobado la de los presupuestos de 2016, únicamente con los votos del PSOE-A y C's, y la de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, donde se pronunciaron a favor los dos citados más el PP-A, mientras se abstuvo Podemos e IU la rechazó.
