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Uniter apunta que negoció los ERE más voluminosos con superiores de Guerrero

José González Mata (Izquierda) llega a declarar como imputado ante la juez Alaya

Javier Ramajo

José González Mata ha dicho que negoció todos los ERE fraudulentos por los que se le investiga, a través de su empresa mediadora Uniter, con Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta, excepto el de la Faja Pirítica de Huelva, de 2002, que trató con alguien a quien llama “Paquillo”, así como el ERE de Santana, de 2001. Todo indica, según fuentes de las defensas personadas en la causa, que se trata de Francisco García Martínez, secretario general de Empleo de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico entre 2000 y 2003.

González Mata habría aportado también este lunes, durante su amplia declaración como imputado, un correo electrónico dirigido al entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, en el que desglosaba los porcentajes a percibir por sindicatos y mediadores en el ERE de la empresa Delphi.

De los 20 millones supuestamente obtenidos por González Mata de su mediación en distintos ERE, 6 millones corresponderían a las pólizas de la Faja Pirítica de Huelva y 4,5 millones a las de Delphi, dos de los ERE más voluminosos que investiga la jueza Alaya, quien este lunes ha terminado su interrogatorio, si bien González Mata empezará a contestar las preguntas del fiscal este martes a partir de las 10.30 horas.

El nombre de “Paquillo”

Francisco García, antes de secretario general de Empleo, fue delegado provincial de dicha Consejería en Jaén desde 1995, primero como delegado de Industria, Comercio y Turismo, y luego como delegado de Trabajo e Industria. También fue alcalde de Guarromán (Jaén) desde 1983 a 1995 y concejal de esta localidad desde 2003 hasta la actualidad, ejerciendo ahora también como primer teniente de alcalde.

El nombre de “Paquillo” también aparece, y en similar sentido, al menos en relación con el ERE de la Faja Pirítica, en la declaración policial de Salvador Mera, secretario regional de la federación de Industria de UGT-A, según consta en uno de los atestados de la Guardia Civil presentes en el sumario.

La facturación de Uniter

La jueza ha centrado su cuestionario a González Mata, principalmente, en averiguar por qué Uniter facturó 2,7 millones al bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, según ha reconocido el propio imputado, por labores de asesoría a trabajadores entre 2001 y 2007 que supuestamente ya llevaba a cabo el bufete, incluidos los de la Asociación de Trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva, creada en 2003 para gestionar las pólizas de prejubilados de la cuenca minera. La jueza acusa al imputado de una doble financiación, ahondando en la labor “innecesaria” de estas mediadoras.

Estos 2,7 millones en concreto forman parte de los 3 millones procedentes del Fogasa y de las indemnizaciones a los trabajadores que, según el acuerdo, deberían ir dirigidos a aminorar las primas que tendría que pagar la Junta de Andalucía.

“Si volviera a 2001, no hubiera empezado a a trabajar con la Junta”, ha comentado el imputado durante su declaración, ya que, según asegura, se le deben las comisiones de entre 200 y 300 millones correspondientes a pólizas gestionadas, “poco más de la mitad” de las que él habría tramitado. Él cobraba una media de un 5 por ciento por cada póliza, según ha explicado el dueño de Uniter. “Desde luego, tal y como le ha ido”, le ha contestado la jueza, según fuentes del caso.

También ha declarado que eran los sindicatos quienes decidían qué consultora entraba a mediar en los ERE. González Mata dijo que los sindicatos le supervisaban e incluso “auditaban” a las mediadoras, cobrando éstos entre un 0,5 y un 1,5 por ciento por póliza.

Tras su comparecencia ante la jueza, González Mata ha comentado a los medios que solía pagar “a los broker (intermediarios) de los sindicatos” y que sólo en una ocasión especial trató directamente con los sindicatos. Sobre los posibles intrusos de los ERE, ha señalado que su empresa cuantificaba los acuerdos, que les mandaban los listados donde aparecían “una serie de señores” y que éstos no se modificaban. La jueza le ha preguntado en concreto por unas seis personas, si bien Uniter manejaba “un volumen de cientos y miles de personas”.

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