Víctimas del franquismo a la ONU: “una fosa común es el mayor libro de historia”

El paso por suelo andaluz del Relator Especial sobre justicia transicional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Pablo de Greiff, ha dejado sembradas algunas semillas más en los surcos de la reparación memorialista. Conoció las políticas públicas de memoria, de la mano del Gobierno andaluz, y las demandas de asociaciones para, más tarde, oír de viva voz el testimonio crudo de víctimas del fascismo español. Y acabó pisando tierra: la que circunda la fosa común de La Puebla de Cazalla (Sevilla) y el Canal de los Presos, obra faraónica de ingeniería civil construida por esclavos del franquismo.

La visita es la segunda del organismo internacional después de que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias examinase en septiembre las medidas emprendidas por España. A falta del informe definitivo, y con más de 115.000 desaparecidos y 30.000 robos de niños sin esclarecer, la ONU habló entonces de persistencia en la inmunidad del régimen fascista español amparada en la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.

Y exigió, al Gobierno español –el mandato no es vinculante–, el acatamiento de la legislación internacional sobre derechos humanos y los principios básicos de verdad, justicia y reparación. De Greiff concluye su trayecto el próximo día 3 de febrero, después de pasar por Cataluña, Galicia, Andalucía y Madrid, donde ofrecerá en rueda de prensa las primeras conclusiones del material recopilado para redactar el informe definitivo que elevará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El representante de Naciones Unidas se reunió con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. El encuentro –que tendrá continuidad el 31 de enero en Madrid, informó la consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales–, fue valorado de manera positiva por el Gobierno andaluz y existió, a juicio de Valderas, “una perfecta sintonía con las líneas de trabajo que desarrollamos en esta materia”. Al tiempo, anunció que la nueva Ley de Memoria Democrática de Andalucía estará “en tiempo y fecha para que el anteproyecto entre en el Consejo de Gobierno antes del 28 de febrero”.

“Desde que mataron a mi padre siempre fui un rebelde”

“Desde que mataron a mi padre siempre fui un rebelde”“Una fosa común es el mayor libro de historia, bajo paletadas de cal viva y a unos metros de profundidad aparecen personas de toda condición, incluso mujeres en avanzado estado de gestación, personas con las manos atadas a la espalda, con tiros en la nuca, fracturas perimortem (en el momento de la muerte)…”. Era una de las primeras frases con que arrancó su relato el representante del colectivo de familiares de víctimas del franquismo en La Puebla de Cazalla, Miguel Guardado. En su pueblo han conseguido rescatar a más de 70 personas de una sepultura –que ha visitado el Relator Especial de Naciones Unidas–, aunque hay muchas más aún enterradas. “Y ninguna murió en combate, todas asesinadas sin procedimiento judicial”.

Entre las historias de vida, la de Juan Antonio Velasco (89 años): “a mi padre lo fusilaron, era maestro. A los maestros le dieron bien, eh”, avisa. Cuenta que un años después de asesinado, en su casa recibieron razón de que había sido juzgado y absuelto. “Desde que mataron a mi padre siempre fui un rebelde”. Con 19 años aprobó “unas oposiciones”, comenzó a trabajar “en el Banco Español de Crédito y al poco tiempo me llevaron a la cárcel, nueve meses, porque estaba organizando las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)”.

Santiago Fernández habló de Nicomédes y Benito, dos de sus tíos paternos. Al primero lo sacaron de una fosa en la aldea sevillana de El Álamo, donde fue muerto a tiros y enterrado de manera clandestina. Ahora está enterrado en el cementerio de Osuna. “Todo fue por iniciativa de la familia”, cuenta, por eso a Benito lo siguen buscando, y se queja de un país “en el que hay víctimas de distinta categoría, y las del fascismo parece que estamos en el furgón de cola y que no merecemos ni esa condición”.

Manuel Galante, de Lebrija, es un hombre corpulento, de cierta envergadura. Una persona que se derrumba, que apenas es capaz de hablar, cuando cuenta la historia de su familia: “a mi abuelo, antes de matarlo lo torturaron, y eso para ellos, los fascistas, significaba cortarle los dedos, la nariz, la oreja… era industrial, le robaron todo lo que tenía y a mis tías las pelaron a las tres”. O la de su pueblo, “donde mataron al diez por ciento de la población”.

“Obstáculos” anclados al “franquismo sociológico e institucional”

“Obstáculos” anclados al “franquismo sociológico e institucional”El movimiento civil de reparación de la memoria histórica ha combatido “obstáculos” anclados al “franquismo sociológico e institucional” de España. Por ahí, numerosas peticiones para que la ONU “presione” a nivel internacional, como hicieron Juan Barba (coordinadora de la Cuenca de las Minas de Río Tinto) o Gonzalo Acosta (CNT): “la justicia está negada para las víctimas del franquismo pese a la gravedad de los derechos conculcados”.

También hubo quejas, amargas como la de Manuel Ceballos (84 años), que preguntó al Relator Especial si “ahora se acuerda a ONU” de las víctimas, el mismo organismo “que aprobó el régimen de Franco” decía e, incluso, “si va a servir esto para algo”. Francisco Villena (Hornachos, Badajoz) habló de su abuelo, enterrado en una fosa que aún no le permiten abrir mientras “mi madre, que aún vive, tiene que convivir en mi pueblo con monumentos que exaltan el fascismo”.

Para Ángel del Río, delegado en Andalucía de la asociación Amical de Mauthausen, “la situación en España es paradójica, como dijo el filósofo Reyes Mate, es el país de Europa con menor conocimiento del Holocausto”. Aboga, en este sentido, por “incluir el estudio de lo que ocurrió en los currículos escolares”. Paqui Maqueda, coordinadora de la visita y vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), fue concluyente: “nos visita el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Pues bien, estamos en un país donde ninguna de estas premisas se cumple”.