El PSOE andaluz quiere que las víctimas del franquismo no sean tratadas como restos arqueológicos
Una excavación. Aparecen huesos humanos. Son de época musulmana y reciben tratamiento como restos arqueológicos. Así lo dicta la ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Una secuencia lógica porque el material óseo proviene de la antigua Al-Ándalus. Correcto. Pero una paradoja si la exhumación es de víctimas de la dictadura franquista.
¿Un ejecutado por el bando sublevado del 36 con análoga consideración a quien lo fue en la España árabe? O romana o visigoda. Que tal extremo no ocurra es una de las grandes tareas por resolver del trámite parlamentario de la ley de Memoria Democrática. Un quebradero de cabeza para la Administración sobre el que las asociaciones de derechos humanos han puesto el acento. Una enmienda presentada por el PSOE busca eliminar de manera definitiva el conflicto de competencias.
Cuando la Junta de Andalucía movió las atribuciones en políticas de memoria de la Consejería de Administración Local a Cultura, emergió la colisión de normas: el marco patrimonial puede afectar a las intervenciones en fosas comunes del franquismo. Como rescatar a las víctimas es una asignatura troncal de la recuperación memorialista, la cuestión es de alta sensibilidad.
Para garantizar que los asesinados por el franquismo no tengan consideración de resto arqueológico, la modificación propuesta deja escrito que la ley de Patrimonio Histórico no se aplicará “en ningún caso”. Es uno de los casi 100 modificaciones que tratará el Parlamento de Andalucía. Desde PP y Ciudadanos, como contó eldiario.es/andalucia, ponen condiciones a la entrada de contenido en las aulas, al tramo temporal de aplicación con la Transición como límite y los populares, incluso, proponen crear una oficina de atención a víctimas similar a la que eliminó a nivel estatal.
El protocolo andaluz de exhumaciones como marco
“No queremos que algo así pase ni en el proceso de una exhumación ni al final”, precisa la parlamentaria socialista María Márquez. El escenario natural, apunta, es que el material óseo y las propias intervenciones en fosas de represaliados por los golpistas “se acojan al protocolo andaluz de exhumaciones y se desarrolle desde este marco, como hace en la actualidad la Dirección General de Memoria Democrática”.
“Ahora mismo, y tal como está la legislación, los restos de víctimas del franquismo podría ser tratados como cualquier otro resto arqueológico”, admite. El grupo parlamentario socialista valora la colisión de competencias como “una mera cuestión técnica, no de fondo”, que debe quedar solventada atendiendo a “criterios” que compatibilicen la normativa patrimonial y memorialista.
Y esperan que la enmienda sea aprobada “con el acuerdo de todos los grupos políticos”. “La consejera, Rosa Aguilar, nos reunió a los portavoces de los cinco partidos políticos que estamos en la Comisión de Cultura antes del primer debate en pleno”, del Parlamento de Andalucía, relata Márquez. Ahí, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida conocieron la adaptación necesaria para que ambas leyes cohabiten sin solapar competencias. Con un acuerdo común, “y por agilizar el trámite parlamentario, se decidió que el proyecto de ley se iba a llevar tal cual, sin modificar una coma, pero en las enmiendas íbamos a indicar esas particularidades”, destaca la diputada autonómica.
“En principio no debe haber ningún tipo de problema”, subraya. Tampoco para aprobar la ley de Memoria Democrática de Andalucía, un marco “para cerrar heridas juntos y construir un relato de futuro” que esperan “salga con el mayor apoyo y consenso posible”.
El texto del proyecto de ley, surgido bajo gobierno conjunto de PSOE e IU desde la Consejería de Administración Local, no recogía este conflicto que salta con el traspaso de competencias a Cultura. Para las “actividades dirigidas a la localización, exhumación y, en su caso, la identificación de restos de personas desaparecidas víctimas de la represión”, el PSOE presenta otra enmienda sobre “el pago de tasas por servicios fúnebres”. Con esto, explica María Márquez, “se busca que, tras la identificación de las víctimas, ningún Ayuntamiento pueda cobrar tasas a las familias” para inhumar los restos óseos, un coste que asumiría la Junta.
