La Consejería de Vivienda completará el realojo provisional de la Corrala Utopía
Los servicios sociales comunitarios de Sevilla han acreditado la situación de “exclusión social” o de “vulnerabilidad o riesgo” de las 15 familias desalojadas de la Corrala Utopía que han sido evaluadas por el Ayuntamiento. Tras recibir y analizar este lunes los informes actualizados, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía completará a partir de ahora el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de “riesgo” o de “exclusión social”.
El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su “riesgo de exclusión social”, y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios. Dichos extremos han quedado certificados por los informes actualizados, según informa la Junta en un comunicado.
Dichos documentos, realizados por trabajadores sociales municipales, establecen tres categorías en función de las circunstancias de cada familia evaluada: “adecuada”, “de vulnerabilidad o riesgo” y “deficitaria o de exclusión social”. Ninguna familia está en condición “adecuada”; ocho se encuentran en un estado de “vulnerabilidad o riesgo”, lo cual ya justifica plenamente su realojo; y siete atraviesan una situación “deficitaria o de exclusión social”, que es más grave aún que la anterior.
“Los informes sociales actualizados avalan plenamente el proceso de realojo iniciado el 9 de abril, que ahora tendrá lógica continuidad en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz. Ha sido y continuará siendo un realojo impecablemente justo y legal”, ha señalado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda. El realojo da también cumplimiento al auto judicial del 25 de febrero del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, previo al desalojo, que insta a las administraciones públicas a “proveer lo necesario” para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social” que fueran desalojadas. La Ley de Derecho a la Vivienda de 2010, por su parte, da cobertura al realojo provisional de familias “con riesgo o en situación de exclusión social”. “Todas las familias evaluadas se encuentran en estas circunstancias y tienen una necesidad habitacional clara”, ha señalado la consejera.
Menores a cargo
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda solicitó al Ayuntamiento de Sevilla la actualización de los informes sociales de 17 familias el pasado 15 de abril. La Consejería dio este lunes 2 de junio registro de entrada a 15 informes. Las familias evaluadas son siete de las ocho ya realojadas, y ocho de las nueve cuyo realojo quedó pendiente de la actualización de los informes.
De las dos familias de las que los servicios sociales no han enviado informe actualizado, una de ellas, con un menor a su cargo, continúa realojada a la espera de que el Ayuntamiento actualice su informe, tal y como establece el acuerdo del Gobierno del 12 de abril.
En el otro caso, se trata de una familia que no se encuentra empadronada en Sevilla, por lo que el Ayuntamiento no la ha evaluado. La Consejería tiene pleno conocimiento de la situación de necesidad habitacional de esta familia, que tiene un menor a cargo, y a la que prestará atención a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.
Trabajo técnico “objetivo y profesional”
Elena Cortés ha expresado su reconocimiento por el trabajo técnico “objetivo y profesional” de los trabajadores sociales del Ayuntamiento, pese a haberlo tenido que realizar “en medio de una agresiva campaña del PP, con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, al frente, campaña que ha tenido por objetivo desprestigiar a las familias y enfrentarlas a los deman-dantes de vivienda en adjudicación”.
“Hasta el último segundo del último minuto, incluso ayer cuando ya sabían que los informes avalan plenamente el realojo y el trabajo del Gobierno andaluz, el alcalde y la concejal Dolores de Pablo-Blanco han seguido mintiendo y denigrando a estas familias, con menores a cargo y en situación de grave dificultad”, ha denunciado Cortés. “Lo más censurable de su estrategia de distorsión ha sido repetir una y otra vez que estas familias no cumplían los requisitos del baremo, pese a que el baremo no es de aplicación en los realojos. La realidad es que las dos únicas familias que en su día fueron baremadas sí cumplen los requisitos para acceder a una vivienda en adjudicación. Pero es que además para el realojo provisional no es necesario aplicar el baremo, que es un instrumento para la adjudicación permanente”, ha remarcado Cortés.
“Si el Ayuntamiento tuviera en realidad la más mínima intención de resolver las necesidades de vivienda de las más de 300 familias que tiene baremadas a la espera de una vivienda en adjudicación, pondría a su disposición las 528 casas vacías que tiene Emvisesa”, ha concluido Cortés, que ha destacado que todo lo vivido en la Corrala, desde la formación de la mesa de diálogo al realojo, pasando por la creación del comité Junta-Ayuntamiento con participación del Defensor del Pueblo, evidencia que hay “dos políticas de vivienda muy distintas: una, la del Gobierno andaluz, que busca soluciones y garantiza el derecho a la vivienda; y otra, la del PP en Sevilla, que busca problemas y mantiene sus viviendas cerradas y en venta”, ha señalado la consejera.
