La Junta de Andalucía quiere comprar a la banca los pisos de desahuciados para destinarlos a vivienda social

Tal y como estaba previsto, el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz ha comenzado a tramitar el anteproyecto de Ley de retracto en desahucios de viviendas. Esta nueva ley, que podría entrar en vigor a principios de año si se acelera su tramitación parlamentaria, permitirá a la Junta ejercer el derecho de retracto en los procesos de ejecución hipotecaria llevados a cabo en viviendas libres por parte de entidades financieras. El Gobierno andaluz se haría así propietario de las viviendas desahuciadas para luego destinarlas al alquiler social.

La Junta de Andalucía da así una nueva respuesta legal al problema de los desahucios después de que el Tribunal Constitucional fallara que el Gobierno autonómico no tiene competencias para expropiar temporalmente a la banca viviendas desahuciadas, como prevé la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada la pasada legislatura.

El vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, consideró que con esta medida se busca “facilitar la permanencia de las familias afectadas en la vivienda, incrementar el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales y asegurar una oferta suficiente de viviendas en manos de la administración dirigidas a personas con especiales dificultades y vulnerabilidad”. Jiménez Barrios recordó que se trata de un anteproyecto de ley que deberá mejorar y terminar de configurarse con el diálogo con los agentes implicados y la tramitación parlamentaria.

Tampoco hay fijada una primera partida presupuestaria para empezar a ejecutar la medida una vez aprobada la ley. El vicepresidente y consejero de Presidencia estimó que rondaría entre los 8 y los 10 millones de euros, tomando como referencia la inversión que dedicó la Generalitat de Cataluña al aprobar una medida muy similar para la compra de unas 1.500 viviendas.

En principio, lo que pretende el Gobierno autonómico es “trabajar desde las leyes para proteger a las familias que se enfrentan a un desahucio”. La administración adquirirá a la banca las viviendas sobre las que ejecuta desahucios. Lo hará ejerciendo en los juzgados el derecho de retracto y siempre por la cantidad estipulada como valor de transmisión por el juez instructor. A cambio, las familias desahuciadas y siempre que cumpla unos requisitos económicos, tendrán la opción preferente para permanecer en la vivienda a cambio de un alquiler social. Eso sí, la Junta sólo asume los costes asociados a la operación de compra. En caso de que la banca no acepte la dación en pago las familias deberán seguir haciendo frente a los gastos que se deriven de la cancelación de las hipotecas.

El Plan Autonómico de Vivienda, que estará concluido y aprobado antes de que acabe el año, aclarará puntos esenciales sobre el alcance de esta medida. De un lado, fijará los criterios socioeconómicos que debe cumplir las personas afectadas por un desahucio para activar la intervención de la administración. De otro, fijará las zonas geográficas sobre las que la Junta aplicará el derecho de retracto y compra de la vivienda. No se trata de una norma general aplicada en todo el territorio, sólo se ejecutará en zonas delimitadas por criterios como la demanda de vivienda en el territorio, las características de los inmuebles o la incidencia histórica de los desahucios.

Jiménez Barrios reconoce que con esta medida el Gobierno se ha enfrentado a una dicotomía. Al comprar viviendas desahuciadas se está beneficiando a las familias para que no se queden si hogar pero, al mismo tiempo, se le resuelve a la banca el problema de no generar una bolsa inmobiliaria vacía y de difícil salida en el mercado. “Si hay que poner ambas cuestiones en la balanza, siempre nos decantamos por ayudar a la gente”. “Realizamos medidas ancladas en la realidad social, desde la legalidad y desde la vanguardia política”, sintetizó el consejero frente “a los golpes de efecto y los aplausos fáciles”.

Según los datos registrados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de este año se alcanzaron 2.857 desahucios de inmuebles, lo que supone un repunte del 8,5% respecto al mismo periodo de 2014.

La diputada de IU y exconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, Elena Cortés, ha criticado esta iniciativa que “tiene el sello del poder financiero y el beneplácito y visto bueno de la banca”, al tiempo que ha asegurado que la “aumentará el número de desahucios”.

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha restado importancia a las medidas antidesahucios aprobadas. A su juicio son “propuestas con títulos grandilocuentes y que a la hora de cumplirse no provocan ningún efecto”.

Tribunal de Arbitraje

El Consejo de Gobierno de este viernes ha recuperado también el Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Constratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas. Se trata de una de las medidas legislativas muy avanzadas en la pasada legislatura pero que cayó tras el adelanto electoral.

Ahora el nuevo Gobierno le introduce una serie de novedades para facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios. Para ello propone la creación de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. La propia Junta de Andalucía, representantes de organizaciones de consumidos y del sector financiero conformarán este tribunal en el que se procurará encontrar soluciones consensuadas antes de recurrir a la justicia para ejecutar desahucios.

La incorporación a este sistema de arbitraje es voluntaria para la banca, aunque a Jiménez Barrios no le cabe la menor duda de que se logará la incorporación a este tribunal arbitral de la mayoría de las entidades financieras. El vicepresidente recordó que la Junta trabaja ya en la conformación de un gran acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con ayuntamientos y diputaciones, para facilitar la coordinación de los servicios sociales y de vivienda con la administración de justicia para detección de supuestos de vulnerabilidad y evitar desahucios si las familias afectadas no tienen alternativa habitacional.

Dentro de la batería de medidas previstas en el campo de la vivienda, el Gobierno ha reformado el régimen sancionador en la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Las medidas adoptadas, dice, refuerza la protección de los adjudicatarios de los inmuebles mediante la ampliación de los supuestos sancionadores.

La reunión del Consejo de Gobierno de este viernes ha servido también para rechazar las dos primeras propuestas de ley surgidas desde el Parlamento en esta legislatura. Tanto la proposición de ley sobre Cuentas Abiertas presentada por Podemos y como la de reforma de la de Cámara Cuentas promovida por IU han sido rechazadas. Queda ahora en manos de la Junta de Portavoces del Parlamento la continuidad de estas iniciativas.