WWF ve “casi imposible” que pueda prosperar el proyecto del dragado tras evaluaciones de Estado y Junta

El colectivo ecologista WWF ha señalado que, a su juicio, ve “casi imposible” que pueda prosperar el proyecto de dragado de profundización del río Guadalquivir promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla, después de que éste pase los preceptivos trámites de evaluación por parte del Gobierno central y la Junta de Andalucía.

El coordinador de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha explicado a Europa Press que, en este sentido, “si se ve tanto el condicionado como el dictamen que la comisión científica pone encima de la mesa”, la única conclusión posible es la de que “queda por recuperar el Guadalquivir”.

Por ello, Carmona ha subrayado que el Puerto sevillano “tendrá que esperar a que entre las administraciones solucionen los problemas y cuestiones que queden pendientes para luego ver la posibilidad de que se pueda dar cabida a éste y a otros proyectos”.

Sobre el proceso, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, se ha pronunciado este viernes al recalcar que la administración autonómica sólo evaluará la iniciativa después de que el Estado decida sobre el ajuste de la misma a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la vigencia o no de ésta, así como de que se produzca el dictamen científico al respecto.

LA JUNTA INCIDE EN EL TRABAJO ESTATAL SOBRE LA DIA

Ante la afirmación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de que es necesario el apoyo de la Junta al ostentar la misma competencias en la materia, Planas ha explicado a Europa Press que la validación de la intervención es un proceso por fases, la primera de las cuales consiste en el “imprescindible” paso de que el Puerto elabore y presente el nuevo proyecto ante la administración central, lo que se ha cumplimentado esta misma semana.

A partir de ahí, ha manifestado el responsable autonómico, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá que examinar, en primer lugar, si el proyecto se ajusta a la DIA de 2003, “que señalaba una serie de condicionantes a los que debe someterse, en particular la condición octava sobre la defensa de las márgenes del Guadalquivir”.

Una vez que se haya examinado la iniciativa, el Ministerio debe dilucidar si la actual DIA está vigente o es necesario emitir una nueva, según Planas, que ha recordado que el proyecto también debe someterse al dictamen de la comisión científica para el estudio de las afecciones del dragado sobre el cauce fluvial, “que hay que recordar que ya desaconsejó en noviembre de 2010 la realización del mismo al repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y de Doñana”.

“Sólo cuando estos trámites se hayan cumplido, llegará el momento, según marca la legislación, para que se pronuncie la Consejería, que debe emitir los informes preceptivos de impacto ambiental y, en su caso, la correspondiente autorización ambiental”, ha indicado el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

LA JUNTA VA A “EXIGIR” EL CUMPLIMIENTO DE LA DIA

Así las cosas, Planas ha aseverado que la comunidad autónoma andaluza va a “exigir” el cumplimiento de todas las condiciones de la DIA de forma previa al dragado, así como cumplir las recomendaciones de la comisión científica. El proyecto, asimismo, “requiere ser participado e informado por el Consejo de Participación de Doñana”, ha recalcado.

El consejero, que ha hecho hincapié en que el dragado debe ser un proyecto “serio” y “riguroso”, ha vuelto a insistir en que “éste no es un tema maniqueo de estar a favor o en contra”, sino que en el mismo “hay que ver las condiciones medioambientales y las consecuencias para el estuario y márgenes del Guadalquivir, que tienen una situación de fragilidad que preocupa a mucha gente, así como a la propia posición de Doñana por la biodiversidad de flora y fauna”.

Al financiarse la acción con fondos europeos, ha agregado, es necesaria una declaración específica de no afección a la Red Natura 2000. Por otro lado, y ante la posibilidad de que los trámites a cumplir puedan poner en peligro el costeo del proyecto con este dinero, Planas ha afirmado que la evaluación de este aspecto corresponde a los promotores y que, en cualquier caso, “han tenido diez años para presentarlo, me extraña un poco que sufra tan súbita aceleración, ahora parece que les han entrado las prisas, que son malas consejeras”. “Cuando está por medio la financiación de Europa, la Comisión Europea es muy rigurosa en cuanto al cumplimiento de las condiciones correspondientes”, ha apostillado.