Los abogados de Carlos y Carmen presentan otro recurso para tratar de invalidar el proceso
Varios portavoces de Stop Represión Granada han revelado que el equipo legal que en estos momentos asesora a Carmen Bajo y Carlos Cano -condenados por los hechos ocurridos en el contexto de un piquete durante la huelga general del 29M- ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones en la Audiencia de Granada. Los integrantes de la plataforma no han podido dar muchos detalles sobre el escrito, siguiendo el consejo de los abogados, pero se trata en esencia de una objeción legal a cómo la misma audiencia resolvió el recurso que los condenados presentaron en contra de la sentencia del juez, y que respaldaba finalmente el fallo del magistrado Piñar (titular del Juzgado número de lo Penal de Granada).
Se basa todo ello en alegar que, si lo sucedido aquella noche en el establecimiento en que entró el piquete no se hubiera dado en un contexto de huelga general, muy probablemente no se habría impuesto tal pena de tres años de cárcel a Carmen y Carlos, sino otra mucha menor que no contemplaría la entrada en la cárcel. Lo cual implica, dicen, “atentar contra un derecho fundamental”. El objetivo de los abogados es que la Audiencia de Granada admita a trámite el escrito para tratar de declarar “nulo” el juicio en el que fueron condenados (hipótesis por la cual, señalan los portavoces, quizás podría celebrarse uno nuevo).
Este nuevo intento jurídico por parte de los condenados “no invalida” el proceso de indulto: sólo lo posterga, “como la medida última” de la que echar mano para que Carlos y Carmen no acaben entrando en prisión. Los portavoces han querido también subrayar su agradecimiento a todos los que vienen apoyando a los condenados, cuya ayuda “ha dado la oportunidad de dar a conocer el caso a otros juristas” que se están “comprometiendo” con el proceso. Por ahora, y según la última decisión del juez, Carmen debería ingresar en prisión a partir del próximo 31 de julio, mientras que el asunto de Carlos continúa igual: en teoría podría entrar en cualquier momento.
Por otra parte, Stop Represión Granada presentó ayer ante la fiscalía una demanda denunciando las multas “por identificación visual”, así como la existencia de archivos policiales “ilegales” y la “represión arbitraria” que, dicen, “están sufriendo” en las acciones que tratan de llevar a cabo. Mediante nota de prensa, el colectivo indica que en Granada se han dado 160 multas de este tipo, de las cuales al menos 110 lo son por identificación visual;; es decir, sin que a quienes se identifica se les haya pedido ninguna documentación. “La mayoría de estas personas no tiene ningún antecedente penal o policial”, aseguran. Pero además “la mayoría solicitó el informe PERPOL (archivo de personas de interés policial), para comprobar los datos que tiene en su poder la policía”, siendo “el 99% de los multados no de interés policial”, según dicho documento.
Para el grupo Stop Represión, todo esto indica que existen “listas negras policiales (tanto de ciudadanos de a pie como de participantes en ONG, asociaciones, colectivos, sindicatos…)”, utilizadas “de forma arbitraria e ilícita constantemente por los cuerpos de seguridad”. Por ello, concluyen que “estos hechos, más las detenciones irregulares, montajes, agresiones, ocultaciones de números de placa (...) demuestran una campaña de represión y amedrentamiento contra todas aquellas personas que, en un contexto tan duro como el actual, salen a la calle a reivindicar derechos y justicia social”.
