Nueve de los diez acusados en la ocupación de Casas Viejas niegan su responsabilidad
“¿Todos estos están cacheados?”, pregunta uno de los cinco agentes de la Unidad de Intervención Policial que custodiaban las puertas del juzgado que este martes acogía la primera sesión de la vista por la ocupación del Centro Social Ocupado y Autogestionado 'Casas Viejas', desalojado el 29 de noviembre de 2007. Más temor policial que presencia de activistas, apenas una treintena. Nueve de los diez acusados han dicho durante el interrogatorio que no se sienten responsables de los hechos. La Fiscalía pide penas de entre ocho meses y un año de prisión por delitos de resistencia y desobediencia grave (seis acusados) y desórdenes públicos (cuatro). El juicio continuará el jueves.
Tan sólo uno de ellos, condenado en febrero de 2012 por un delito de calumnias al acusar de torturas a la Policía Nacional que lo desalojó del edificio, se ha reconocido responsable de los hechos. Los otros cuatro acusados de resistirse al desalojo y desobedecer las órdenes policiales aquel 29 de noviembre de hace siete años sólo han accedido ha responder las preguntas de sus respectivos abogados, y han coincidido en afirmar que no participaban en el proceso civil que se seguía para el desaolojo del lugar, que no se le negó la entrada a la Policía, que los agentes saltaron “sin previo aviso” al interior del centro, que ninguna de las diferentes puertas de acceso estaba bloqueada (salvo el portón prinicipal, sellado “desde hacía ya varios años”). El quinto acusado no ha comparecido en el juicio ya que se encuentra actualmente en México.
La otra parte de los acusados, cuatro personas a quienes se les acusa de desórdenes públicos en la concentración que al día siguiente se produjo en los alrededores del centro social, han negado su participación y han negado las acusaciones. Un trabajador social del centro vecinal del Pumarejo, el dueño de un bar cercano que estaba “tomando un café” y una joven pareja de arquitectos por cuyo despacho pasó la manifestación de protesta, han recordado cómo les identificó la Policía “sin tener nada que ver con el asunto”. Tan sólo el agente social ha reconocido que se incorporó a la marcha por su implicación con “la gente del barrio”, si bien, como el resto de acusados, mostró su “sorpresa” al requerírsele la documentación.
El juicio, que ha contado con la presencia entre el público de algunos conocidos activistas del movimiento social y vecinal de Sevilla, continuará este próximo jueves con la prueba testifical de hasta nueve agentes de la Policía Nacional y otros tres testigos, así como la declaración por videoconferencia del décimo de los acusados.
