La marea privatizadora llega al agua
Con los recursos hídricos garantizados por un histórico año hidrológico,algunos embalses aliviando agua durante las últimas semanas y la cara amarga de las inundaciones, otro debate irrumpe en el Día Mundial del Agua. La marea privatizadora está llegando a los servicios municipales de agua en Andalucía. Entre las capitales de provincia sólo Málaga, Córdoba y Sevilla mantienen totalmente en manos públicas la gestión del ciclo urbano. Esto es, captación, suministro, uso, depuración y saneamiento.
En España, hay abierto hace años un proceso privatizador por el que actualmente un 53% de la población está abastecida de agua por sociedades privadas. En Andalucía, la tendencia se está acelerando en los tres últimos años y algo menos del 40% de los andaluces paga a una compañía privada o participada cada vez que abre el grifo. Las principales son Aqualia, división de la constructora FCC, y Aquagest, con una mayoría de Aguas de Barcelona.
El Ayuntamiento de Jerez ha acordado esta semana con Aqualia el contrato de concesión por 25 años. Parte de los pequeños y medianos municipios andaluces ejercen por sí mismos sus competencias públicas de abastecimiento de agua y otros están agrupados en mancomunidades para ofrecer de forma conjunta y pública los servicios, una práctica impulsada desde hace años por el gobierno autonómico. Son los casos del Consorcio de Écija o de Aljarafesa, en Sevilla. Este modelo también está cambiando. En la provincia de Huelva, varios ayuntamientos han ido abandonando progresivamente, algunos de ellos por la vía de urgencia, la Mancomunidad de Servicios (MAS) que abastece de agua a través de la empresa pública Giahsa. Es el caso de Lepe, Valverde del Camino, Bollullos Par del Condado, Cartaya, Cortegana, San Juan del Puerto, Higuera de la Sierra y Lucena del Puerto. Tres informes internos de la Mancomunidad elaborados por letrados cuestionan la legalidad de este proceso de emancipación. En esta situación, Giahsa también ha abierto un proceso de externalización que está negociando y ya ha contratado algunos servicios con Aguas de Valencia.
La administración autonómica ha impulsado el modelo de servicio supramunicipal amparándose en la Ley de Aguas de Andalucía. Ha dotado durante años de infraestructuras a municipios y mancomunidades para garantizar desde lo público el abastecimiento a todas las localidades por pequeñas que sean, de acuerdo también con los principios ambientales europeos. El exdirector-gerente de la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Joan Corominas, explica que este proceso, muy avanzado hasta hace poco, se ha visto frenado “en parte por la crisis de los ayuntamientos y en parte porque una cierta mayoría del Partido Popular ha introducido ideologías neoliberales que piensan que lo público siempre se gestiona mal y lo privado bien”. El socio fundador de la FNCA afirma que “el afán de lucro no debe ser lo que prime”.
El modelo privatizador que se está poniendo en marcha consiste en que un ayuntamiento mantenga el agua como bien público y concesione su gestión durante unas tres décadas a una empresa privada a cambio de cobrar un canon económico en función del número de habitantes. La Ley no obliga a los gobiernos locales a invertir dicho canon concesional en infraestructuras o mejoras de los servicios ligados al agua. Corominas señala que es un “modelo perverso” al otorgar durante largo tiempo el monopolio a la misma empresa y repercutir el canon en la tarifa a los ciudadanos, “algo que debería prohibirse en la legislación”, matiza.
La “burbuja hídrica”
El gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y saneamiento (AEOPAS), Luis Babiano, llama a este fenómeno “burbuja hídrica” refiriéndose a que una vez que ha finalizado el negocio de la construcción “los ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos y proponen vender aquello que vale dinero, que es eficiente, en este caso el servicio del agua”.
La Asociación de Abastecimiento de Andalucía (ASA) está compuesta por un 46,50% de empresas públicas, un 30,25% de privadas y otro 23,25% de compañías mixtas. Su gerente y portavoz adjunto, Antonio Jiménez, considera que “no existe debate público-privado ni una corriente ideológica privatizadora”. Jiménez afirma que “la gestión debe ser eficaz y realizada por los mejores profesionales que den el mejor servicio al usuario, algo que a veces no se da ni en lo público ni en lo privado”.
Respecto a la tarifa del agua, los pliegos de concesión suelen incluir cláusulas que vinculan el incremento del precio al IPC anual. Sin embargo, Corominas señala que una vez conseguida la concesión “las empresas pueden argumentar algún cambio y empiezan a negociar subidas”. En la ciudad de Huelva, donde Aquagest cuenta con el 49% del accionariado, el incremento del precio ha sido este año de más del 10%. El consumo de agua en la ciudad de los dos primeros meses de este año ha descendido más de un 4% en los hogares respecto al mismo período del año pasado y más de un 15% en usos industriales.
El consumo de agua en los hogares andaluces está descendiendo desde la sequía del 92-95, donde el 65% de la población sufrió restricciones. Aquella experiencia y las campañas de sensibilización han llevado a que los hogares andaluces hayan pasado de consumir en la última década de 183 litros por habitante y día a 143, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para Luis Babiano, el modelo privatizador es “medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio”. Joan Corominas, por su parte, afirma que las empresas privadas también sensibilizan a los ciudadanos por un uso adecuado del agua porque “es más fácil subir el precio”. Por otro lado, Antonio Jiménez señala que tanto las empresas públicas como privadas “cuidan el medio ambiente por igual al estar sometidas a las mismas normativas”.
El exdirector-gerente de la Agencia Andaluza del Agua matiza que “lo que es innato al servicio público y que no puede delegarse en ningún gestor, es la facultad de regulación del servicio”. Se refiere a un ente regulador público y único, no contemplado en la legislación vigente, que vigile, apruebe tarifas, haga auditorías,… “ya que cuanto mayor es la debilidad reguladora, mayor riesgo tiene la privatización”, afirma. En este sentido, concluye que “también hay que mejorar lo público, siendo transparentes, introduciendo representantes de los movimientos ciudadanos en los consejos de administración de las empresas municipales de agua o dando explicaciones sobre políticas de salarios”.
Desde Aeopas, organización promotora de la Iniciativa Ciudadana Europa sobre el derecho humano al agua, reclaman un observatorio o ente regulador y ponen de ejemplos los casos de Inglaterra, Chile, Gales y Francia, donde -aunque haya servicios de abastecimiento privados- están sometidos a un control.
La Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (AEAS), entidad en la que está integrada ASA, también reclama al Gobierno de España un ente regulador profesional e independiente.
La Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) está realizando varias jornadas por España sobre la gestión pública o privada con representantes de gran parte de los sectores implicados. Entre las conclusiones de la sesión celebrada en Córdoba figura la defensa de un ente regulador y que “en el contexto de la crisis, el debate sobre la gestión pública o privada está muy ideologizado y que la realidad muestra que hay buenos y malos ejemplos de gestión en ambos modelos, aunque estudios disponibles señalan una mejor eficiencia media en los públicos”.
Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho humano al agua
En este contexto, el Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad sumarse a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre el derecho al agua, que tiene entre sus principios no liberalizar los servicios de agua y saneamiento, y apartarlos de los intereses del mercado.
El objetivo principal de esta campaña, que llegó al Parlamento de la mano de la Aeopas y de la FNCA como organizaciones en defensa del agua como bien público, es garantizar este servicio a todos los ciudadanos que residen en Europa y el futuro de las próximas generaciones.
Además del Parlamento, en Andalucía ya se han sumado también a la ICE la Diputación de Málaga, los ayuntamientos de Conil, Medina Sidonia, El Puerto Santa María y Huelva, algunos de ellos con gestión privada o participada del agua. En ese sentido, el gerente de Aeopas, Luis Babiano, señala que “exigirán responsabilidades” a los consistorios y entidades que se sumen a la ICE.
La ICE ha surgido de la Federación sindical Europea de Servicios Públicos, en España CCOO y UGT. Se ha admitido a trámite por el Parlamento Europeo y cuenta con un millón de firmas. Tiene el objetivo de llegar en septiembre a los dos millones de apoyos.
