La sobreexplotación del acuífero del Río Aguas llega al tribunal europeo de la naturaleza

Almería. Un desierto. Y allí, el río Aguas. Un nombre evocador para el único oasis del contintente. Pero este acuífero está en peligro. El próximo 7 de noviembre está previsto que la causa del acuífero del río Aguas llegue al Tribunal Europeo de los Derechos de la Naturaleza, ubicado en Bonn. El tribunal ha admitido a trámite la denuncia de dos organizaciones de Almería, la Plataforma en defensa del Río Aguas y Acuíferos Vivos que han acudido a Europa para denunciar la sobreexplotación del acuífero que afecta a una zona comunitaria protegida LIC (Lugar de Interés Comunitario). Si bien las decisiones de este Tribunal de la Naturaleza no son vinculantes, no es un tribunal de justicia a la manera tradicional, sus resoluciones llegan a todos los europarlamentarios y propicia que el tema se trate en el Parlamento Europeo.

Porque el acuífero está en grave riesgo. Lo acreditan datos aportados por el profesor de la Universidad de Almería J.M. Calaforra. Estima que se extrae del acuífero entre un 300% más de agua de lo que se recarga. De hecho, afirma que el único oasis de Europa puede desaparecer por sequía en apenas un lustro, como máximo. Según Jorge Blanco, miembro activista del proyecto internacional 'Sunseed Tecnología del Desierto', “la situación es crítica. Actualmente entran en el acuífero anualmente 5,6 hectómetros cúbicos (5.600 millones de litros de agua), pero se está extrayendo hasta 28 hectómetros cúbicos al año (28.000 millones de litros), lo que significa un déficit anual de 22,6 Hm3”. Y el 4 de noviembre, las plataformas y los ecologistas, han convocado una manifestación para recordar la situación del acuífero, de cuyo deterioro culpan al regadío intensivo de cientos de miles de olivos plantados en el desierto de Tabernas.

El Gobierno central ha admitido la dramática situación en una respuesta en el Congreso de los Diputados. Aún así, ha afirmado que solamente tomará medidas en el marco del período 2022-2027. Muy lejos de la urgencia reclamada por los ecologistas y las plataformas. José María Calaforra ha denunciado que “no se cumple la ley de Aguas, que dice que en circunstancias de sequía o de sobreexplotación grave de acuíferos, el gobierno mediante decretos del consejo de ministros puede tomar determinadas medidas para que el dominio hidráulico público y privado pueda ser modificado, pero aquí históricamente se han dado concesiones a todo el que levantaba la mano, se daban sin criterio. Cada vez se saca más agua y sin embargo los euros de la productividad real por kilo agrícola producido siguen descendiendo. Durante las dos, tres o cuatro últimas décadas no ha habido ninguna planificación hidrológica en Almería”, sentencia.

También la Junta de Andalucía reconoce que “se pone de manifiesto la existencia de una importante sobretitulación en la masa de agua subterránea, en el sentido de que los volúmenes de extracciones autorizados en el pasado suponen más de tres veces el volumen de agua que el vigente Plan Hidrológico 2015-2021 estima como recurso disponible. Una sobretitulación en la que encuentra soporte la puesta en regadío e intensificación de las áreas agrícolas preexistentes para los cultivos de olivar y almendro impulsados en lo que va de siglo XXI en el corredor Tabernas-Sorbas”.

Sin embargo, manifiesta que se ha desarrollado una revisión detallada de todos los títulos de aguas, otorgados en décadas pasadas por la Administración General del Estado. Según, la Consejería de Medio Ambiente, se ha puesto en marcha un programa de inspecciones extraordinario e intensivo centrado en los grandes consumidores de recursos hídricos, realizado en el segundo semestre de 2016, cuyo resultado concreto establece que se han inspeccionado 44 explotaciones agrarias en las que se han localizado e inspeccionado 242 sondeos para la extracción de aguas subterráneas. La superficie objeto de inspección ha sido de 5130 hectáreas en las que se ha comprobado que actualmente se están regando 4559 hectáreas. También ha habido sanciones y sellado de pozos“. Y añaden: ”En 2017 se han tramitado como resultado de las inspecciones y análisis técnico-jurídicos, un elevado número de expedientes sancionadores, más de quince resueltos con propuestas de sanción remitidas.

¿Soluciones?

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía asegura que a pesar de las respuestas dadas en el Congreso de los Diputados, se están impulsando todas las gestiones directas del Gobierno andaluz y todas las iniciativas políticas necesarias a nivel parlamentario, andaluz y estatal, para lograr recursos financieros por parte de la administración estatal que tiene encomendados los trabajos de la Desaladora de Carboneras y las Conducciones Venta del Pobre-Tabernas, en el Plan Hidrológico vigente, exigiendo que dicha consignación de presupuesto se realice de manera urgente, en los presupuestos de 2018, y que su tramitación se realice con todos los controles de prevención ambiental necesarios y ejecutando las medidas correctoras y compensatorias que procedan.

“Iniciativas todas ellas tendentes a lograr llevar los recurso hídricos complementarios, agua desalada y regenerada, a los agronegocios ya existentes que los necesitan para mantener su viabilidad, y que estos agronegocios puedan llegar a abandonar de manera absoluta las extracciones”, ha contestado la Junta a este diario, siendo los agronegocios en algunos casos latifundios de cientos de miles de olivos a los que se reconoce oficialmente la exigencia de paralizar sus extracciones acuíferas.

Sinn embargo, Jorge Blanco, de una de las plataformas, no está de acuerdo con la solución. Según Blanco, habría que elevar el agua hasta una altura de 400 metros, lo que supondría hacer pozos de una profundidad de 1,5 kilómetros. Además, el coste de la operación supondría más de 50 millones de euros, obra ya rechazada tanto por la mercantil pública Acuamed (Aguas de la Cuenca Mediterránea, con su cúpula directiva judicializada por presuntos casos de corrupción) como por empresas privadas.

Esta fuente, en una reciente conferencia ofrecida en la sede almeriense del sindicato CNT, mostraba un documento que recogía que “el consejero de Medio Ambiente andaluz, José Fiscal, decía que se pretende hacer llegar agua desalada al entorno del desierto de Tabernas, pero se reconoce sin embargo en la ley del plan de ordenación de los recursos del karst de yesos de Sorbas que Medio Ambiente redacta, que en el caso de los tipos de hábitats áridos resultaría muy crítica la llegada de agua desalada al entorno del desierto de Tabernas porque supondría una gran presión agrícola e incluso urbanística sobre el espacio”. Blanco resumía la contradicción afirmando que “el consejero cuando redacta las leyes se levanta con el pie derecho y cuando pretende buscar soluciones con el izquierdo”.

Medio Ambiente, por su parte, argumenta que “las plantaciones con diferente nivel de intensidad de olivos del corredor Tabernas-Sorbas a las que constantemente se alude, no se sitúan como se suele afirmar en uno de los lugares semiárido-desérticos más singulares de Europa y en ningún caso se sitúan dentro del ámbito del Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas, que es donde se ubica el manantial de los Molinos del Río Aguas, y tampoco han destrozado la cobertura vegetal preexistente y en ningún caso que como consecuencia de ello pueda desaparecer uno de los paisajes más singulares de Europa y toda una agricultura tradicional ligada al medio ambiente y su sostenibilidad”.

En lo que sí parecen coincidir todas las partes, en mayor o menor medida, es en que la situación es grave para este acuífero. Ahora, será el tribunal de la naturaleza de Bonn el que abra la siguiente puerta a una posible solución que permita conservar este oasis.