Europa apunta al aeropuerto de Córdoba: más de 70 millones de despilfarro “innecesario”
El Tribunal de Cuentas Europeo apunta con el dedo hacia las infraestructuras aeropuertuarias financiadas en el pasado, y señala, de manera muy específica, a la ampliación del aeropuerto de Córdoba. Ni la inversión estuvo bien planificada, ni era necesaria, ni se usa, ni los resultados son los esperados, ni ha tenido un impacto económico beneficioso en la región. Y además, no es sostenible. Todas esas deficiencias se achacan al aeropuerto cordobés en un demoledor informe que estudia 20 obras (ocho de ellas españolas) y tiene un título revelador: “Infraestructuras aeroportuarias financiadas por la UE: poco valor por el dinero”. La obra acometida en Córdoba, financiada con más de 70 millones de euros (casi 13,5 de ellos procedentes de fondos europeos), se cita como ejemplo de una ampliación innecesaria. La infraestructura que había era “más que suficiente” para solventar las previsiones de demanda “incluso a largo plazo”.
“El Plan Director para el aeropuerto de Córdoba del año 2001 establecía que no había ninguna necesidad de ampliar la pista existente, basándose en las previsiones de tráfico y en los tipos de aparatos esperados”, explica el informe. Inaugurado en 1958, el aeropuerto de Córdoba mantuvo de forma intermitente una línea con Madrid durante las primeras dos décadas de su existencia. No había pasajeros suficientes para su continuidad y por eso desde mediados de los años 80 se ha utilizado casi exclusivamente para vuelos no comerciales, como los de las avionetas de uso agrícola, los militares o los de traslado de órganos. “Sin embargo, el Gobierno español decidió en 2008 ampliar la pista, sin necesitar para ello análisis o estudios de crecimiento potencial, análisis coste/beneficio o justificación para el incremento inmediato esperado en el tráfico de pasajeros”, continúa el informe. Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento, y Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, firmaron el convenio.
Las obras consistieron en ampliar la pista para permitir el aterrizaje de aeronaves más grandes y extender la plataforma de estacionamiento en 17.300 metros cuadrados (“aunque la idea original era ampliar solo 6.775 metros cuadrados”, dice el Tribunal de Cuentas). Ampliar la pista costó 70 millones de euros, 12,6 de los cuales fueron abonados por la UE; extender la plataforma costó 1,5 millones, 810.000 financiados con fondos europeos. El Gobierno aseguró en enero que hasta entonces había abonado 43,2 millones de euros en expropiaciones (incluidos en el coste total), parte de los cuales deberán ser abonadas por el ayuntamiento.
El resultado es conocido. Menos de 7000 pasajeros utilizaron el aeropuerto de Córdoba en 2013. El documento señala que el volumen de tráfico aéreo siguió siendo igual de bajo que antes de la expansión y que, “dado que hay poco tráfico comercial (…) la pista ampliada rara vez se usa”. La plataforma que hay ante los hangares y que se extendió a casi el triple de lo inicialmente previsto se utiliza como parking para las avionetas no comerciales, según el informe, que ilustra esta situación con una fotografía.
6.955 pasajeros en 2013
Algunos de los datos sirven para concretar la sensación de que hubo en tiempo en que el ideal era tener un aeropuerto y una estación de AVE al lado de casa. El Tribunal de Cuentas recuerda que hay tres aeropuertos a menos de dos horas de distancia del de Córdoba, que tiene Sevilla a menos de hora y media de distancia en coche (119 kilómetros) y está conectada por AVE. Las previsiones concedían 179.000 pasajeros al aeropuerto cordobés en 2013; la cifra se quedó en 6.955, menos, incluso, que antes de la ampliación y de la crisis, en 2007 (22.410 pasajeros). Incluso con las previsiones (optimistas) de pasajeros a 20 años, el coste por cada viajero adicional ya era más alto para siete de los aeropuertos españoles estudiados que para cualquiera de los demás, exceptuando el de Tartu (Estonia). Analizados los datos ya reales, los costes por pasajero adicional se doblan. Dicho de otro modo: cada pasajero adicional del aeropuerto de Córdoba costará 60 euros. Esto no es sostenible sin el “apoyo financiero público continuado”, asegura el Tribunal de Cuentas.
El informe se conoce coincidiendo con las informaciones sobre las peticiones que hará España al nuevo plan de estímulo económico anunciado por la Comisión Europea. El texto del Tribunal de Cuentas examina las inversiones en aeropuertos acometidas por la UE en el periodo 2000-2013. 20 aeropuertos, entre ellos ocho en España (Fuerteventura, Madrid, Burgos, Murcia, Badajoz, Vigo, La Palma y Córdoba) recibieron financiación de fondos FEDER o de Fondos de Cohesión. España no tenía un plan estratégico a largo plazo para el desarrollo aeroportuario, ni coordinó la ampliación de estas infraestructuras con otros medios de transporte.
El resultado se resume en una tabla que es todo un bofetón a la política expansionista de los primeros años de la pasada década. Los aeropuertos españoles suspenden todos, y el de Córdoba es el peor de todos los analizados. De nueve indicadores, supera uno (“se consiguió el resultado”), y en otro queda en una situación intermedia (“el coste por pasajero adicional es razonable”). “¿Se planeó bien la inversión? No: no hubo planes a largo plazo ni previsiones”; “¿Se necesitaba la infraestructura? Hay pruebas de que no”; “¿Se está usando? (Una parte de) la infraestructura no se usa”; “¿Hubo mejoras cuantitativas? No”; “¿Se obtuvieron beneficios cualitativos? No”; “¿Hubo un impacto en la economía de la región? No se ha probado”; y, llegados a este punto, quizá lo que más interese: “¿Es un aeropuerto sostenible? Depende de un apoyo financiero continuado para su sostenimiento”. La otra opción es el cierre.
Algo debió fallar también en la supervisión, porque el Tribunal de Cuentas propone que la Comisión “se asegure” de que durante el nuevo periodo programático 2014-2020 los Estados miembros solo destinen recursos comunitarios a aeropuertos “económicamente viables” y en los que la inversión se haya “evaluado” previamente. Todo, para evitar que vuelva a despilfarrarse el dinero en aeropuertos que no se usan.
