Los andaluces tendrán una tarjeta social digital similar a la sanitaria
Los andaluces contarán en el futuro con una tarjeta social digital, similar a la sanitaria, donde quedará recogida su historial en caso de que necesite la atención de los servicios sociales. En principio, será para todos, si bien no se activará en caso de que nunca necesite una prestación de este tipo, y además, su coordinación con la sanitaria, permitirá establecer un historial más completo. Es una de novedades que incluirá la Ley de Servicios Sociales, cuyo anteproyecto se ha aprobado este martes en el Consejo de Gobierno con el objetivo de sustituir a la vigente, que data de 1988. La futura ley persigue la “universalidad” en este terreno en la comunidad autónoma incorporando también derechos que fueron incluidos en 2007 en el nuevo Estatuto de Autonomía y que por tanto no están en la ley en vigor actualmente.
Esta tarjeta social digital será para todos los españoles que residan en Andalucía, los extranjeros empadronados en cualquier municipio de la comunidad autónoma y los andaluces en el exterior. Esto no significa que no vayan a ser atendidos, por ejemplo, los inmigrantes que se encuentren en la región en situación irregular, “igual que se hace en materia sanitaria en Andalucía, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas”, en palabras de la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Esta ha dicho que los servicios sociales estarán garantizados para todas las personas que encontrándose en la región “sufran una situación de extrema urgencia personal, familiar o social”, por lo que es “posible” que se facilite para estos casos otro tipo de tarjeta una vez que se desarrolle la ley.
Por otro lado, el texto prevé como otra de sus novedades, el establecimiento de una especie de testamento vital pero en esta materia. Es decir, se trataría, igual que los ciudadanos pueden expresar ya de manera anticipada el tipo de cuidados médicos que quieren recibir en caso de perder su capacidad de decisión, puedan hacerlo también con los servicios sociales. La consejera ha dicho gráficamente que con esto se da respuesta a una realidad a la que se enfrentan los ciudadanos en un determinado momento de su vida, y que en más de una ocasión se expresa con la consabida frase de “yo no quiero ser una carga para nadie en el futuro”. Entre otras cosas, los usuarios de los servicios sociales podrán manifestar de manera anticipada, en previsión de una pérdida cognitiva en el futuro, si quieren por ejemplo ser atendidos en una residencia o en su domicilio. De hecho, independientemente de esto, una de las garantías que incluirá la futura ley es la “libre elección” del servicio social en función de los recursos disponibles.
Precisamente, esto hila con otra de las innovaciones de la norma, que pretende establecer en la comunidad autónoma la figura del trabajador social a domicilio. O sea, igual que cada usuario tiene un médico de referencia por si debe ser atendido en casa, tendrá un profesional de los servicios sociales asignado a su territorio. El cupo que tendrán estos profesionales tiene todavía que ser fijado, según ha reconocido la consejera. Ésta ha explicado, en lo que respecta a la memoria económica de la ley, que contará con los recursos en materia de políticas sociales de los que ya dispone su consejería. Y en este contexto ha insistido en que pese a los “problemas de tesorería” se está haciendo un “gran esfuerzo” por mantener todos los derechos, incluido los derivados de la dependencia, “que se va a mantener en Andalucía”.
Derechos subjetivos y condicionados
En general, la ley pretende consolidar derechos subjetivos -por el hecho de ser personas- como los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; teleasistencia; atención en urgencia social; servicios sociales específicos de protección de menores en situación de riesgo o desamparo... Otras prestaciones serán condicionadas según la disponibilidad de recursos y la orden de prelación que se establezca en cada caso.
El texto se pretende mejorar con la participación y con medidas como la creación de un mapa de servicios sociales de Andalucía, que quiere configurarse como “un instrumento flexible para acoger el carácter dinámico de la realidad”; la constitución del primer Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía; y la futura Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, como otros compromisos que ha citado María José Sánchez Rubio.
Una vez aprobado este anteproyecto, se inicia el periodo de exposición pública y alegaciones, tras lo que será devuelto como proyecto de ley al Consejo de Gobierno, donde tendrá que ser aprobado de nuevo para ser enviado luego al Parlamento de Andalucía para su ratificación.
