La ley andaluza de garantía hipotecaria prevé elevar las sanciones máximas hasta el millón de euros
Multas más altas para quienes ataquen los derechos de los consumidores. En el marco de la tramitación del anteproyecto de la Ley para la Protección de los Derechos de los Consumidores en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda aprobado por la Junta, la Administración autonómica está trabajando en elevar los intervalos de las cuantías de las sanciones. En concreto, subir el mínimo hasta 60.000 euros en las infracciones graves y hasta el millón de euros en las muy graves.
El anteproyecto, aprobado en agosto de 2013, ya preveía modificar el régimen sancionador contemplado en la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, aumentando la cuantía de las multas. Las leves, según el texto, pasaban de entre 200 y 5.000 euros a entre 250 y 6.500 euros; las graves pasaban de entre 5.001 y 30.000 euros a entre 6.501 y 40.000 euros; y las muy graves pasaban de entre 30.001 y 400.000 a entre 40.001 y 600.000 euros. En este punto, según confirman fuentes de la Junta, se pretenden aumentar las sanciones para los casos más graves hasta el millón de euros. Esto supone incrementar en nada menos que 600.000 euros la multa máxima respecto a la normativa vigente, que data de hace once años.
El texto ha pasado este miércoles por el denominado como consejillo (el Consejo de viceconsejeros) y ha sido remitido por trámite de urgencia al Consejo Consultivo de Andalucía, el último paso previo antes de regresar de nuevo a la Administración, previsiblemente este mismo mes de diciembre. El objetivo de la Junta, según asegura la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, es que la ley sea incluida, previo paso obligado por el Consejo de Gobierno, en el próximo periodo de sesiones (entre enero y junio), con lo que la norma podría quedar debatida y aprobada por el Parlamento antes del verano de 2015.
“Hoy día hay muchas e importantes infracciones que se cometen en el ámbito del consumo que deberían ser sancionadas con carácter ejemplificador y disuasorio de cualquier práctica abusiva que se tenga con los consumidores”, argumenta Muñoz respecto a la elevación de las cuantías en la tramitación de la norma y citando las cláusulas abusivas de determinados sectores como banca o telecomunicaciones
Muñoz explica a eldiario andalucía que la intención es establecer “un buen paraguas” para proteger los derechos del consumidor en todos los ámbitos y sectores, al tiempo que apunta que “la garantía del procedimiento sancionador la dan los empleados y funcionarios públicos que son los que instruyen los procedimientos, no es una cuestión política”.
El texto del anteproyecto establece que el destino de lo recaudado como consecuencia de las sanciones impuestas se dirigirá al fomento de las políticas de Consumo. Asimismo, la norma prevé nuevos tipos sancionadores, la modificacion de algunos de los existentes, la eliminación de la figura de la condonación, la introducción de las multas coercitivas y la modificación también de algún aspecto de la toma de muestras y la actuación inspectora.
La competencia para sancionar
En la actualidad, la competencia para sancionar viene atribuida en el artículo 3.1 del Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de atribución de competencias sancionadoras en materia de consumo. La Delegación del Gobierno autonómico se encarga de las infracciones leves (como se ha dicho, con multas entre 200 y 5.000 euros) o graves (multa de entre 5.001 y 30.000 euros), la Secretaría General de Consumo para infracciones muy graves (con sanciones entre 30.001 y 60.000 euros), la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para infracciones muy graves (y sanción propuesta entre 60.001 y 150.000 euros), y el Consejo de Gobierno para infracciones muy graves (entre 150.001 y 400.000 euros).
El anteproyecto incorpora artículos que amplían la cobertura que los clientes ya tenían en el marco de la ley estatal que regula desde 2009 estos procedimientos. De este modo, los andaluces estarán más protegidos a la hora de suscribir una hipoteca porque podrán exigir la aplicación de artículos que no están tan desarrollados en la ley estatal. La normativa se ha movido entre la satisfacción de los consumidores y el recelo de los profesionales. Asociaciones como Facua o UCA-UCE aplauden el reconocimiento de los derechos del cliente pero insisten en que luego es necesario estar vigilantes, mientras que la Asociación Española de Banca recalca que ya hay marco legal suficiente con las reformas establecidas por el Gobierno de la Nación.
Según datos aportados por la Administración andauza, en 2012 se iniciaron 3.239 procedimientos sancionadores y se resolvieron 3.266 procedimientos sancionadores, con una cuantía de las multas impuestas ascendente a 4.368.177 euros. En 2013, se iniciaron 2.974 procedimientos sancionadores y se resolvieron 3.027 procedimientos sancionadores, con una cuantía de las multas impuestas ascendente aproximadamente a unos 4.300.000 euros. En 2014 (hasta el 24 de noviembre), se iniciaron 3.080 procedimientos sancionadores y se resolvieron 3.062 procedimientos sancionadores, con una cuantía de las multas impuestas ascendente a más de 7.500.000 euros.
