La asistencia letrada específica en las cárceles andaluzas se reanudará dos años después
La reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en Andalucía, varado en los cajones de las administraciones durante casi dos años, es prácticamente un hecho. Las tres patas que sostuvieron durante diez años la prestación del mismo (Consejería de Justicia de Andalucía, Ministerio del Interior y Consejo Andaluz de Colegios de Abogados) suscribirán próximamente un convenio para que las personas privadas de libertad sean orientadas gratuitamente sobre cualquier cuestión de carácter jurídico o de discrepancia con las decisiones de la institución penitenciaria o el juzgado de vigilancia.
No ha sido fácil. Casi dos años de tiras y aflojas entre las administraciones, y una campaña por parte de decenas de asociaciones sociales y colectivos de juristas que clamaban por la renovación del servicio a presos. También, nada más y nada menos, la existencia un mandato parlamentario de por medio. Fue propuesto por el PP y, en mayo del año pasado, gracias al voto de IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, salió adelante. El Grupo Socialista, cuya enmienda rechazó el Grupo Popular, se abstuvo en aquella votación. Finalmente, con el tardío acuerdo entre todas las partes, se podrá garantizar el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva para las personas presas, un colectivo especialmente excluido y vulnerable.
En realidad, aparte claro está de los presos y el garantismo jurídico, de algún modo también ganan la partida los socialistas y la Junta, que siempre habían apostado por restablecer el servicio jurídico a presos mediante un acuerdo tripartito. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, insistía en esa posición durante una entrevista con eldiario.es/andalucia, señalando que la Junta no podría acreditar el servicio porque el Ministerio no le autorizaría los pagos a los abogados. La institución del Defensor del Pueblo, tanto a nivel regional como estatal, había defendido la reanudación de este tipo de asistencia letrada de la manera que fuese posible.
Según han informado fuentes cercanas a las negociaciones, Interior ya habría devuelto el convenio a Andalucía. De esta forma, sólo falta el 'sí' de la Junta que, como en años anteriores, tiene presupuestada una partida para este fin en concreto por si se alcanzaba el acuerdo, como finalmente será si no aparecen inconvenientes de última hora y los abogados también se muestran dispuestos como parece lógico. Precisamente este jueves, De Llera mantiene un encuentro con representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en el que se abordará la situación de la justicia gratuita en la región. Amén supuestamente de los conflictos que suelen tener Junta y letrados para el pago de sus honorarios, también estará sobre la mesa la reanudación de la asistencia letrada específica en las cárceles andaluzas.
Desde APDHA, una de las organizaciones más implicadas en la recuperación de este servicio, se había insistido en que el número aproximado de juristas por preso es de uno por cada 300, por lo que entendían “materialmente imposible” que puedan atender adecuadamente a los internos ya que, además, “no es su función”. “Es absurdo y contradictorio, porque son jueces y parte”, opinaban hace unos meses desde el área penitenciaria. El ejemplo era claro: “es como si a un juez que te ha condenado le pides que te escriba un recurso”. Insistían en que era “objetivamente necesaria” la reactivación de la asistencia letrada específica. En algunas provincias andaluzas, caso de Córdoba y Málaga, se estaba prestando incluso de manera gratuita sin contraprestación alguna para los abogados y sin amparo de convenio alguno.
