El Gobierno gasta 105.000 euros en doce años en adecentar la cárcel que no valía para presos pero sí para inmigrantes
En 2004, el edificio de Algeciras (Cádiz) que ya no servía como cárcel se convirtió en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Desde entonces, en concreto desde el año 2005, el Cuerpo Nacional de Policía ha invertido 105.097 euros en diversas obras y reparaciones de pequeña escala para adecentar el lugar. Estamos hablando del CIE que presenta condiciones propias de un “régimen carcelario”, según lo definió la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras en funciones de control jurisdiccional del CIE, y cuya petición de cierre “urgente” bloqueó el PP hace solo unos días en el Senado.
Las instalaciones habían sido reformadas parcialmente en 2003, previamente a su apertura y posteriormente en el 2015, momento en el que se realizó una reforma de las cubiertas superiores del edificio de seguridad. Las actuaciones en estos años se corresponden con 59.478 euros en montaje, uso y desmontaje de andamio tubular (2005), 18.153 euros en obras de rehabilitación de forjado (2008), 2.960 euros en prestación de servicios de redacción de proyecto abras de saneado y reparación de la impermeabilización de la cubierta (2013), 19.904 euros en suministro y montaje de grupo electrógeno (2015) y 4.600 euros en prestación de servicio redacción de proyecto de obras para adecuación de instalación de protección contra incendios (2016).
La climatización de las instalaciones, así como la mejora del aislamiento térmico del CIE de Algeciras, “ha sido solicitada”, si bien el Gobierno reconoce que la Secretaría de Estado de Seguridad hizo estos requerimientos en informes “emitidos en 2015 y 2016”, según consta en una respuesta por escrito del Gobierno a una consulta de la senadora andaluza Maribel Mora (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea), fechada este 27 de abril y a la que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía.
175.000 euros en el anexo de Tarifa
El Gobierno también responde de las actuaciones en el anexo del CIE de La Isla de las Palomas, en Tarifa. Dice que las instalaciones “se ajustan a las normas de habitabilidad” aunque reconoce que el centro no dispone de sistema de calefacción ni de aire acondicionado. Según afirma, esta situación de ausencia de aparatos eléctricos para aliviar el calor o el frío es “ajustada a las condiciones climáticas de la localidad”. El CIE de Algeciras tampoco dispone de estos sistemas de climatización, según señala a este periódico la citada senadora, que alude tambié a los “problemas de humedades” en este inmueble pese a las reformas acometidas.
Las inversiones del Cuerpo Nacional de Policía en el anexo de Tarifa son mayores que en Algeciras. Se destinaron 49.416 euros en ejecución de obras para acometida de agua y reparación de cubierta, así como 59.900 euros en el proyecto de ejecución de adecuación del Módulo D (2008). Al año siguiente se invirtieron 56.941 euros en ejecución de presupuesto de adecuación de módulos de internos y varias en patios. Por último, ya en 2016, hubo 8.500 euros en prestación de servicio de redacción de proyecto de reforma de pérgolas en patios, pabellones y ampliación. Un total de 174.757 euros.
Gastos de mantenimiento
El Ejecutivo también informa de los gastos de mantenimiento en ambas instalaciones (Algeciras y Tarifa) entre 2012 y 2016, con una suma total de 1.257.328 euros. Aquí se enmarcarían, aunque no viene especificado en la respuesta, los gastos habituales de alimentación, limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Señala también el Gobierno en su respuesta que en el CIE de Algeciras está clausurado uno de los patios tras un derrumbe en 2013, junto con las estancias techadas anexas, y uno de los módulos. Por su parte, en el anexo de Tarifa, todas sus áreas están habilitadas.
En todo caso, Algeciras tendrá un nuevo CIE, aunque aún no se conoce la fecha. El ministro Zoido anunciaba a primeros de abril la creación de un nuevo CIE en la localidad gaditana, junto a otro en Málaga y otro en Madrid. En octubre, el Ayuntamiento de Algeciras sacó adelante, con los únicos votos a favor del PP, una actualización de su Inventario de Bienes para levantar una nueva sede, de la que se viene hablando tiempo atrás.
La efectividad de los CIE, que por otra parte acumulan numerosas denuncias de vulneraciones de derechos humanos, ha caído aún más en 2016. Aunque el Ejecutivo defiende que el objetivo de la privación de libertad en estos centros de migrantes en situación irregular es la expulsión, el 70% de quienes pasaron por ellos no fueron deportados. Estuvieron encerrados para nada.
