El caso Aznalcóllar: la mina de la oposición
Punto de partida: en julio de 2013 el pleno del Parlamento de Andalucía -integrado entonces por el PSOE-A, PP-A e IU- aprobó por unanimidad una proposición no de ley del primer grupo para instar a la Junta de Andalucía a iniciar de “inmediato” los procedimientos para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), cerrada poco después del vertido tóxico que se produjo en 1998 cuando la explotaba Boliden, en el que está considerado uno de los mayores desastres ecológicos del país. Esta consonancia política sobre las bondades del proyecto se mantendría, con sus vaivenes, y quedaría plasmada en marzo de 2014 en el pacto logrado entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía (en manos entonces del PSOE-A e IU) para la reapertura de la mina superadas ciertas diferencias sobre quién lo lideraba.
Pero todo se truncó tras la adjudicación de la explotación en vísperas de la elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015 como consecuencia de la ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE-A e IU; la denuncia de la empresa que había quedado finalista y perdió el concurso público; y la consiguiente investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. Desde entonces, las acusaciones contra la Junta de Andalucía han sido continuas desde la oposición, que como resultado del 22M quedaría integrada por el PP-A, Podemos, C's e IU.
Y es que el caso Aznalcóllar ha sido una de las excusas para retrasar la investidura de Susana Díaz como presidenta de la comunidad autónoma. Y cuanto ésta tomó posesión, ha sido motivo de amenazas con una comisión de investigación que nunca ha llegado a plantearse; exigencia de comparecencias en el Parlamento de Andalucía, primero de C's que fue desestimada porque no estaba ni conformado el Gobierno de Andalucía, y luego del PP-A, si bien el consejero José Sánchez Maldonado comparecería a petición propia; la destitución de la directora general de Minas, María José Asensio; y hasta medidas cautelares como la paralización de la adjudicación. Éstas eran levantadas por la Junta de Andalucía precisamente el pasado 6 de noviembre, día en el que está fechado el auto que archiva la vía penal, si bien entonces no trascendió.
El auto considera que en el caso de que hubiere irregularidades en la adjudicación, tendrían que dirimirse por la vía administrativa, lo que posibilitará la reapertura de la mina independientemente de que en el futuro pudiera hablarse de nulidad del proceso. Eso se verá más adelante. De momento, se diluye el filón que la oposición, especialmente el PP-A, había encontrado en el primer escándalo que podía atribuir enteramente a la gestión de Susana Díaz como presidenta y no a coletazos de casos de sus predecesores.
Es más, cuando la presidenta optó por las medidas cautelares con la suspensión del proceso, se le reprochó que algo habría para que lo hiciera, y cuando destituyó a María José Asensio hasta que se aclarara la situación porque no dudaba de su “honorabilidad”, se ironizó con que le daba “unas vacaciones”, en palabras de la número 2 del PP-A, Dolores López. Y es que en Aznalcóllar, la oposición había encontrado una mina.
El PP-A: “La punta del iceberg de la corrupción”
El pasado 1 de agosto, el portavoz del PP-A, Elías Bendodo, lo calificaba de “macroescándalo” y pedía la destitución de María José Asensio, que todavía no se había producido. “Lo piden los ciudadanos, debe destituirla de forma inmediata, no se puede ocultar más tiempo ni mirar para otro lado”, decía. E incidía en la responsabilidad de Susana Díaz porque “licitó, hizo informes y adjudicó de forma fraudulenta”.
El caso ya había servido a los populares como argumento para no respaldar la investidura de Susana Díaz. De hecho, el PP-A suspendió el día en que se conoció el primer auto la reunión que tenía prevista con el PSOE-A para las negociaciones, lo que hizo que Susana Díaz se sometiera por tercera vez a votación sabiendo que no iba a salir elegida. Y es que dicho auto también preocupó a C's, que a la cuarta vez sí le daría su voto. Su vicesecretario general, José Manuel Villegas, reconocía entonces que el auto complicaba la investidura, por entender que “más allá de las responsabilidades jurídicas”, hacían falta “explicaciones políticas sobre lo ocurrido”.
Con el Gobierno de Andalucía conformado, el PP-A fue más allá y avanzó que pediría una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, si no se ofrecían “explicaciones convincentes”, en palabras de su presidente, Juan Manuel Moreno. Éste hablaba del caso Aznalcóllar como “la punta del iceberg del gran escándalo” que vaticinaba en la gestión de Susana Díaz. “Estamos ante un procedimiento cargado de irregularidades, cargado de ángulos oscuros y seguimos sin saber la verdad por lo que exigimos a la presidenta que comparezca en el Parlamento de Andalucía cuanto antes, cuando termine con el permiso de maternidad”, reclamaba cuando Susana Díaz estaba todavía de baja.
Por cierto que la anunció el PP-A, pero dijeron que la apoyarían C's, porque iban a respaldar “todas las que sean necesarias”, en boca de su portavoz parlamentario, Juan Marín; IU, igual que también apostaba por otra sobre las tramas de supuesta financiación ilegal de los populares con ramificaciones en Andalucía; y Podemos, si bien en este grupo eran más partidarios de una comisión de investigación “permanente” en materia de corrupción.
IU: “El PSOE-A vuelve a las andadas cuando se le deja solo”
El líder de IU, por su parte, incidía en que la corrupción había vuelto nada más salir su formación del Gobierno de Andalucía. “El PSOE-A vuelve a las andadas cuando se le deja solo”. En la misma línea, Antonio Maíllo recordaba: “Dije que no nos gustaba la chapuza que se había hecho por prisas electorales y dos días después fue la resolución definitiva de un procedimiento que a todas luces ha tenido no sólo irregularidades sino también mucha opacidad”, apostillaba. Y concluía con este apunte a Susana Díaz: “Me gustaría que se tentara bien la ropa porque no sé si al final va a tener que ser implacable con ella misma”.
Ya antes del primer auto de la jueza, el también coordinador regional de IU había dicho que había “antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía”, en relación de “delegados territoriales de hace mucho tiempo”, que están trabajando en la adjudicataria del yacimiento, si bien entonces no dio ningún nombre.
C's: “No descansaremos hasta conocer la verdad”
Una vez que la destitución de María José Asensio se produjo, el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, se apuntaba el tanto como resultado del pacto de investidura que habían firmado con el PSOE-A. “Vuelve a cumplirse y los imputados por corrupción política dejan sus puestos”, decía, y calificaba de “positiva” la salida de la directora general “para recuperar la limpieza en las instituciones públicas y la confianza de la ciudadanía”. De hecho, fue con este tema con el que C's inició su labor de oposición tras haber facilitado el poder al PSOE-A. Y por ello C's solicitó la comparecencia del Gobierno de Andalucía para explicar este caso.
Durante la compareciencia de José Sánchez Maldonado fue especialmente contundente el portavoz adjunto de C's en la cámara, Sergio Romero, quien recordaba que si una administración “actúa de forma perfectamente ajustada a los requerimientos de un estado de derecho, no tiene por qué echarse para atrás”. Y agregaba: “Si todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad vigente, ¿qué sombra de sospecha tienen ustedes? C's no descansará hasta conocer la verdad de lo ocurrido porque estamos hartos de que Andalucía conviva permanentemente con la sospecha de corrupción a sus espaldas”.
Podemos: “Corrupción, ecocidio y falta de transparencia”
También durante la negociación de la investidura, Teresa Rodríguez (Podemos) hablaba de la necesidad de suprimir muchos cargos de libre designación, en referencia a los directores generales, que “son elegidos por los partidos” y sobre los que pesa la “sospecha permanente de que las concesiones administrativas guardan relación” con los mismos. “Eso es lo que se vislumbra en Aznalcóllar”, manifestaba la portavoz parlamentaria de Podemos, para quien el cumplimiento de esa condición haría que “la administración sea más independiente y menos vulnerable a la corrupción”.
El más duro, en todo caso, ha sido el presidente del grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía, José Luis Serrano, quien en una rueda de prensa el pasado mes de julio opinaba que en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, “se reproducen esquemas antiguos y los tres grandes defectos del PSOE-A se vuelven a repetir”, citando la “corrupción, el ecocidio y la falta de transparencia que genera desempleo”.
