Guía práctica para no perderse en el fraude de la formación

La comisión de investigación sobre el fraude de formación constituida por el Parlamento de Andalucía tiene por objetivo buscar responsabilidades políticas si las hubiera en un caso que ha supuesto diligencias en 18 juzgados de toda la comunidad autónoma por el presunto desvío de subvenciones entre 2002 y 2012. La madeja se ha enredado mucho desde que hace tres años comenzaran las primeras investigaciones, por lo que ofrecemos una guía práctica para no perderse en un caso que tiene réplicas en otras comunidades autónomas, si bien Andalucía es la única en la que el punto de mira se ha puesto en su gobierno en lugar de limitarse a los beneficiarios de las subvenciones.

Los inicios del caso

Las primeras investigaciones comenzaron en 2012 en el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras con diligencias contra una empresa relacionada con el exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda por supuestas facturas falsas relacionadas con fondos de formación. En 2013 se conoció otra investigación, esta vez en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, por prácticas parecidas y centrada en el sindicato UGT-A. Y ese año también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) inició su investigación por el “desvío sistemático y masivo de fondos” para formación a las órdenes del Juzgado de Instrucción 8 de Málaga.

Pero la bola de nieve continuó creciendo. En enero de 2104 se conoció el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía titulado Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo, donde hablaba de irregularidades en subvenciones concedidas entre 2009 y 2010 por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Ese informe colocó también en el punto de mira a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), constituida en 2003 e integrada en el SAE en 2011, que fue uno de los beneficiarios más destacados de estos fondos. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ordenó a la policía que investigase y estalló el caso de la formación tal y como lo conocemos.

Los juzgados implicados

El primero se ha dicho que fue el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, y se le sumaron luego los también referidos 8 de Málaga y 9 de Sevilla. Hay que contar también las causas abiertas en los juzgados de instrucción número 3, 6 y 16 de Sevilla; los seis de Almería; el 8 de Córdoba; el 5 de Huelva; el 4 de Jaén; el 3 de Cádiz; y el 1 y 2 de Granada. En total, 18, si bien hay varios que han pedido su inhibición a favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que llevaba la jueza Mercedes Alaya y que fue quien dio el giro de la investigación hacia la Administración. Ese juzgado está ahora en manos de María Núñez Bolaños.

Las cinco líneas de investigación

Se investiga el desvío de estos fondos destinados a la formación -para desempleados fundamentalmente pero también para trabajadores y autónomos- concedidos a empresas por la Junta de Andalucía y gestionados por el SAE. Por ejemplo, con cursos por los que se habrían cobrado subvenciones sin haberlos organizado. Básicamente, se habla se presuntos delitos de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones en la gestión de los fondos.

Las líneas de investigación se pueden explicar en cinco bloques, que son los que la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto para abordar este caso: uno sobre entramados empresariales beneficiados con subvenciones, un segundo sobre consorcios de formación de la Junta de Andalucía, un tercero en torno a los fondos gestionados por la Faffe, un cuarto sobre los otorgados a extrabajadores de Delphi y un quinto relacionado con la operación Barrado, que implica a cargos públicos.

Las grandes operaciones policiales

La mayoría de las operaciones han sido desarrolladas por la Policía Nacional (a través de la UDEF) y una de ellas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Julio de 2014. La primera fue la operación Edu, desarrollada por la UDEF en julio de 2014 con 42 detenidos en la provincia de Málaga por una adjudicación del SAE de 2010. El importe supuestamente defraudado: 1,5 millones de euros y 17 empresas presuntamente implicadas. Los 42 detenidos quedaron en libertad con cargos.

Febrero de 2015. Segunda fase de la operación Edu. Bautizada como Edu Costa, por desarrollarse en las provincias de Cádiz, Almería y de nuevo Málaga. Culminó con 87 detenidos, de 52 centros de formación y un fraude calculado en 4,9 millones de euros, esta vez por una línea de subvenciones de 2011. Detenidos los primeros políticos: munícipes tanto del PSOE como del PP, relacionados con este tipo de empresas.

Marzo 2015. Tercera fase de la operación Edu. Bautizada como Edu Centro, que concluye con 38 detenciones, en su mayoría en la provincia de Jaén, pero también en otras, incluida una en Madrid.

Marzo de 2015. Operación Barrado, a cargo de la UCO por orden entonces de la jueza Mercedes Alaya. Desarrollada en las ocho provincias. Un total de 16 detenidos, entre ellos 13 excargos de la Junta de Andalucía: cuatro exdirectores generales de Formación y nueve exdelegados provinciales de Empleo (dos de ellos estaban en el cargo y fueron destituidos tras ello).

Junio de 2015. Cuarta fase de la operación Edu. Bautizada como Eduende. También de la UDEF. Con 35 detenidos, 10 excargos de la Junta de Andalucía: cinco ex delegados provinciales de Empleo: Antonio Fernández Ramírez (Córdoba), Juan Bouza (Cádiz), Juan Carlos Lomeña (Málaga),Marina Martín (Granada) e Irene Sabalete (Jáen) y cinco exjefes de servicio, de las provincias de Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Cádiz.

Los principales imputados

El primer nombre que ha llamado la atención en este caso es el de Teodoro Montes, quien fuera responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía. La jueza Mercedes Alaya lo convirtió en testigo protegido después de que relatara a la magistrada un buen número de irregularidades en la gestión de los fondos. De testigo protegido pasó luego a detenido por la policía en el marco de una de las numerosas operaciones del caso y de momento está en libertad con varios delitos imputados.

Otros dos imputados destacados son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, igualmente acusado en el caso ERE, y el de Hacienda Ángel Ojeda, que lideraba uno de los entramados empresariales que habría recibido millonarias subvenciones cuano ya no estaba en política. La cuñada de éste y exdirectora general de Formación para el Empleo, Teresa Florido, también está imputada. Igual que otros exdirectores generales: María José Lara, Manuel Brenes y Andrés Sánchez. Y los exdelegados de Empleo provinciales de Sevilla (Antonio Rivas y Aurora Cosano), Huelva (Eduardo Muñoz), Málaga (Carlos Lomeña), Córdoba (Antonio Fernández Ramírez), Cádiz (Juan Manuel Bouza), Granada (Marina Martín), Almería (Francisca Pérez), Jaén (Irene Sabalete). También están imputados otros exconsejeros, en concreto, Manuel Recio y Antonio Ávila, y los exdirectores gerentes del SAE Antonio Toro, Pedro Eugenio Gracia y Alejandro Rueda.

La reacción del Gobierno de Andalucía

Paralización de las subvenciones: en 2011 fue la última convocatoria, y en 2012, cuando ya había comenzado a recibir la Junta de Andalucía requerimientos de expedientes, se paralizaron nuevas previstas. Se había barajado finales de 2014 para una nueva convocatoria de estas subvenciones, con criterios más exigentes, pero de momento, ha pasado un año y todavía está pendiente.

Plan de choque: primero se han revisado exclusivamente los expedientes de subvenciones a UGT-A entre 2008 y 2011 y, luego, todas las concedidas entre 2007 y 2011 y no sólo las de dicha organización. La primera revisión concluyó con la reclamación de 15,3 millones de euros a UGT-A por presuntamente no haber justificado correctamente su destino, y la segunda, que comenzó incluso antes de que trascendiera la investigación de la policía que desencadenó en la primera operación Edu, en concreto en septiembre de 2013, por lo que ya van más de dos años de depuración. En total 8.505 expedientes revisados por un total de 1.613 millones de euros. Ya se han verificado 5.300 de esos expedientes, por un total de 728,5 millones de euros, según la última información ofrecida el pasado mes de julio por el nuevo consejero competente, Sánchez Maldonado. Para 1.013 de esos expedientes se ha pedido el reintegro en firme de las subvenciones, por un importe total de 71,9 millones de euros; otros 190 (167,5) están en proceso de ello; y 4.097 (485) han sido correctamente justificados por sus perceptores. Por tanto, hay 2.127 (662,5 millones de euros) en trámite de verificación.

Destituciones: ha destituido a los cargos que han sido detenidos, en concreto a los delegados provinciales de Empleo de Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente. La que fuera delegada provincial de Empleo Marina García (Granada) es ahora gerente de la Fundación Legado Andalusí.

Legislación: ha aprobado un anteproyecto de Ley de Formación Profesional que incluye entre las nuevas exigencias el fin de las criticadas exoneraciones (para pedir nuevas subvenciones habrá que haber justificado las previas que se hubieran recibido), todas las ayudas serán por concurrencia competitiva, y habrá un tope de cuatro millones de euros por beneficiario.

Reacciones

PSOE-A. Ha criticado reiteradamente dos cuestiones. Una, el hecho de que las decisiones de la jueza Mercedes Alaya en este asunto, igual que la información sobre las operaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hayan coincidido con momentos políticos muy concretos. Es el caso por ejemplo de la tercera fase de la operación Edu, que se produjo en vísperas de las elecciones autonómicas del 22 de marzo. O cuando el PSOE-A pidió a la fiscalía que investigara si había habido una filtración desde el Ministerio del Interior de datos de esta investigación. Y otra, que desde partidos como el PP-A especialmente se tienda a generalizar y “manchar la imagen de Andalucía” con este caso. De hecho, el PSOE-A rechaza que se identifique un problema que responde a un fraude por parte de unas empresas con el modelo de concesión de las subvenciones, “igual en la mayoría de las comunidades autónomas”.

Beneficiarios. Desde los sindicatos y patronal también se rechaza esta generalización, que ha contribuido a poner en duda el trabajo de todos ellos, un colectivo donde hay empresas y sindicatos, pero también ONG y hasta otras administraciones de todo color político que han percibido estos fondos.

Oposición. Desde la oposición se insiste en el discurso de que hay una corrupción generalizada. La respuesta ha sido promover una comisión de investigación, con la que IU amagó pero nunca presentó, pero sí lo hicieron el PP-A (hasta en cuatro ocasiones) y Ciudadanos (C's). Finalmente ha sido esta última iniciativa la que se ha decidido en el Parlamento de Andalucía constituir y por unanimidad, después de que el PSOE-A votara también a favor, pese a que no la ve necesaria, “porque ya están investigando la policía y los tribunales”. Cabe recordar también que IU forzó la comparecencia del entonces consejero de Educación, Cultura y Deporte, responsable de la formación, para dar explicaciones en el Parlamento de Andalucía. El resultado de las mismas nunca ha terminado de satisfacer a la oposición, que cree que queda mucho por esclarecer en relación a los controles de estas subvenciones.